El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) afirmó que al día de hoy no están autorizadas las subas de tarifas, aunque reconoció que "las empresas hacen lo que quieren". Sin embargo siguen las elevadas facturas y falta de conectividad para amplios sectores populares en plena pandemia.
Jueves 29 de abril de 2021 11:40
Enacom, a través de Gustavo López, vicepresidente del ente, afirmó este miércoles que "no hay ningún aumento autorizado para ninguno de los servicios hasta el momento”. Lo hizo en declaraciones a "Mañana Sylvestre" en Radio 10, donde sostuvo, después que se conocieron los nuevos aumentos por parte de las empresas prestatarias de estos servicios, que no se pactó ningún incremento tarifario a partir de mayo. Movistar, Claro y Telecom habían informado aumentos a sus clientes durante los últimos días.
"Si te llega el 1 de mayo una factura con aumento, directamente no hay que pagarla, sacaremos una resolución con el no corte para todo el mundo", sostuvo. Y a renglón seguido sostuvo que las empresas hacen lo que quieren: "desconocen una norma del ENACOM, un decreto de necesidad y urgencia del Presidente y encima en un momento de pandemia", dijo el funcionario.
López subraya que las empresas “que anuncia a sus clientes que va a cobrar el 8% en mayo y el 7% en junio”, se suma al aumento que ya realizaron en el primer trimestre, lo que hace un total de 30 %.
Si bien López aclaró que "los precios del servicio de internet, cable y telefonía los regula el Estado" y que "los privados no pueden fijar el precio libremente, no pueden anunciar ningún aumento que no esté autorizado", hay que recordar que el año pasado, cuando el Gobierno intentó poner un límite a los aumentos siderales a las empresas de servicios de la telefonía celular en internet, retrocedió ante la protesta de estos. Lo que significó que miles de estudiantes, en plena pandemia y clases por zoom, no pudieran tener conectividad para asistir a sus clases virtuales.
Vale decir que a pesar de las posiciones encontradas entre el gobierno y estas empresas en torno a la autorización de los aumentos, éstos finalmente se terminan efectivizando, ya sea porque desde el gobierno se da el visto bueno para un nuevo incremento o porque las empresas terminan facturando los nuevos precios sin autorización y millones de usuarios terminan pagando, ya sea por desconocimiento de que tal aumento es ilegal o por temor a cortes del servicio (sobre todo cuando el mismo se realiza para tareas laborales).
Con el inicio de la pandemia en marzo de 2020, los servicios de telecomunicaciones, que ya tienen un rol fundamental desde hace años, quedaron en el centro al ser el canal por el cual trabajos de distintas ramas de la economía debieron realizarse.
En Argentina, millones de jóvenes en el contexto actual trabajan en call centers desde sus casas, otros tantos con las aplicaciones de delivery, y millones de docentes y estudiantes llevan adelante las cursadas a través de la virtualidad. Todo en una situación de crisis social y económica, donde las facturas de estos servicios se tornan impagables. Ante ésta situación desde el Estado no se garantiza la conectividad para todos aquellos que la necesitan. Con esto, son muchos los que no pueden trabajar para obtener su ingreso, y muchos otros los que se ven obligados a abandonar sus estudios.
Trabajadores y trabajadoras de empresas de telecomunicaciones vienen denunciando como desde éstas se niega sistemáticamente el derecho a la Prestación Básica Universal y Obligatoria que abarca a quienes no pueden afrontar el pago de los planes de los servicios de telefonía fija, móvil, televisión por cable o internet. Sin embargo desde el gobierno no se toma alguna medida para que estas empresas cumplan realmente con esa prestación.
Mientras la virtualidad siga siendo la modalidad de trabajo extendida por la pandemia, se hace necesario garantizar la conectividad para toda la población trabajadora. Lo cual además de los servicios de telecomunicaciones, requiere de computadoras para todo aquél que las necesite.
Mientras un puñado de empresas multinacionales tenga en sus manos los servicios de telecomunicaciones y el Estado no tome alguna medida para afectar sus ganancias con el fin de garantizar la accesibilidad y calidad para todos, millones seguirán sin poder tener acceso a algo que cada vez se vuelve más esencial para sus vidas.
