El gobierno de Jujuy consiguió la aprobación de una Ley para disponer la venta de bienes inmuebles, con un valor millonario, que forman parte del inventario del órgano residual del ex Banco Provincia.
Sábado 1ro de octubre de 2016 14:01
El pasado miércoles 28, a pedido del gobernador Gerardo Morales, la Legislatura de Jujuy aprobó la Ley Nº 5958. Esta norma, aprobada con la complicidad del PJ fellnerista, faculta al Ejecutivo a enajenar todos los inmuebles que posee la provincia en lo que se conoce como Banco Provincia Residual. Este organismo es el remanente de lo que quedó del escandaloso negociado de la privatización del por entonces Banco de la Provincia de Jujuy y fuera entregado por valores irrisorios a uno de los favorecidos de la década noventista, Jorge Brito actual titular del Banco Macro.
El proyecto, tal y como fuera enviado por el ejecutivo contemplaba que dichas ventas fueran realizadas de manera directa y sin una subasta pública, si el valor de venta de las mismas superasen el 30% del precio base que estipulase la misma Ley por medio de una tasación del Tribunal de Tasaciones de la Provincia. El bloque de diputados del PJ, entendido en estos menesteres y hábil negociador, sugirió un cambio incluyendo la salvedad de la necesidad de “subasta pública” y la prohibición de que los funcionarios públicos no podrían hacerse de los inmuebles en cuestión, por lo menos en forma lícita. De aprobarse en su forma original hubiese rayado lo escandaloso.
Según las argumentaciones del proyecto, la venta de dichos activos vendría a solucionar el magnífico negociado que iniciaran las gestiones anteriores y que por el momento continúa esta, con los alquileres de inmuebles para albergar a la abultada y creciente estructura de ministerios del ejecutivo. Dichos contratos de alquiler, en muchos casos, se hicieron de manera irregular y poco clara, sin precios bases a respetar inflando los valores de locación de todo el mercado inmobiliario local. Generalmente se alquilaron viejas casonas, no optas para que funcionen oficinas, a familiares o familias acomodadas de la aristocracia jujeña de peronistas y radicales.
La Ley aprobada contempla la formación de un fondo fiduciario para la construcción y/o adquisición de inmuebles para edificios públicos. Según versa textualmente en la Ley “Créase un Fondo Fiduciario, conforme el Artículo 1666 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, con el objeto de ser destinado a la construcción, obras y/o adquisición de inmuebles para reparticiones públicas; su infraestructura, anexos y/o equipamiento”.
Lo que también menciona la norma es que sólo el Poder Ejecutivo será el único interviniente en el manejo de dichos recursos, cuestión de tener las manos libres para la concreción de las futuras transacciones u obras. Dicha facultad quedó expresada en el siguiente párrafo de la Ley “El Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas, asumirá el carácter de fiduciante y beneficiario del mismo y se designa al Agente Financiero de la Provincia, como Agente Fiduciario del presente Fondo”.
El negociado en puerta
Otra “curiosidad“ de la ansiada ley del gobernador Morales es que en ninguna parte de su texto existe un detalle de los bienes que serán vendidos. No se conoció ubicación ni un monto aproximado de sus valores, ya sea en valores totales o detallados. Tampoco la oposición cuestionó dicha omisión exigiendo un informe detallado.
Referida a esta elemental y sugestiva omisión, el portal informativo Jujuy al Momento, publicó una lista de algunas de las propiedades en cuestión, dejando a las claras de que estaríamos hablando de cifras varias veces millonarias.
Llamativamente y en la misma línea de los “olvidos” inentendibles, el proyecto, ahora Ley Nº5958, nada dice sobre la nómina de inmuebles que estarían alquilados para las oficinas estatales y a cuánto asciende el monto de lo que se paga por estos; uno de los principales argumentos para liquidar el patrimonio inmobiliario del ente residual.
Según la lista publicada por Jujuy al Momento, algunos de los inmuebles que se pondrán a la venta están ubicados en el centro de la ciudad capital. Sin embargo, ni desde los legisladores del oficialismo ni de la oposición, existen informes técnicos que indiquen que los mismos no se puedan refuncionalizar y usarlos como dependencias de las estructuras ministeriales.
Evidentemente, estamos ante un colosal negocio inmobiliario donde sabemos quiénes serán los ganadores y quiénes los perdedores. Los primeros son los mismos de siempre que desde hace décadas vienen engrosando sus patrimonios y pertenecen a la misma casta gobernante del bipardismo jujeño (PJ y UCR).
