Pueblos fumigados. Kicillof prorroga otra vez la suspensión de regulación de agrotóxicos y sigue sin proponer alternativa

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, ha vuelto a suspender la resolución 246/18 sobre utilización de agrotóxicos hasta diciembre de 2023, así fue publicado hoy en el Boletín Oficial bonaerense. Esta resolución es ampliamente cuestionada desde diferentes sectores socioambientes que piden que sea derogada. Así, luego de casi de cuatro años de mandato, vuelve a postergar —una vez más— una solución para la gravísima problemática que afecta la salud de millones de bonaerenses, el medioambiente y la sustentabilidad de la producción de alimentos.

A finales de 2018, la exgobernadora de Cambiemos, María Eugenia Vidal, junto a su entonces ministro de Agroindustria y exgerente de Monsanto, Leonardo Sarquís, habían aprobado una "regulación" sumamente nociva que permitía la fumigación irrestricta, aérea y terrestre, con agrotóxicos. El amplio repudio que generó y los diversos reclamos de organizaciones obligaron a que deba ser suspendida rápidamente, desde enero de 2019, lo que prosiguió bajo la administración del actual gobernador, aunque el reclamo es por su derogación y una nueva legislación que presente medidas paliativas mínimas, para la situación acuciante de los pueblos fumigados.

Pero la ley nunca fue derogada sino que, de 2019 a 2023, solo se fue renovando su suspensión, con el argumento de que un organismo colegiado, el Observatorio Técnico de Agroquímicos, debería “estudiar” el impacto que están teniendo los agrotóxicos (agroquímicos, según Vidal y Kicillof) sobre la salud pública y el medioambiente.

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Se trata del “limbo" en la reglamentación del uso de agrotóxicos, un hecho a medida de los intereses de los grandes pools de siembra y demás sectores involucrados en el agromodelo, bajo falsos argumentos que desconocen los cientos de estudios científicos sobre las consecuencias del uso indiscriminado de pesticidas. Los sectores del agromodelo encontraron en esta maniobra legal una continuidad para fumigar pueblos enteros a discreción. En los hechos, la dilación funcionó como un “vía libre” que incluyó (e incluye) la afectación de zonas donde hay escuelas y viviendas, así como ríos y otras superficies no dedicadas al agronegocio.

Guiño para los Monsanto y la espalda para los pueblos fumigados

Después de una administración casi completa en la provincia de Buenos Aires, bajo el mandato de Kicillof, se patea otra vez la derogación de la nociva legislación hasta diciembre. En un año electoral y en el mes que será el de cambio de gobierno —con una histórica crisis del PJ de por medio y una crisis económica galopante—, Kicillof parece depositar las fichas para su continuidad en la provincia en el arco sojero y les da este nuevo guiño. Toda una provocación para la lucha de los pueblos fumigados y otra vez la espalda al reclamo que ya tiene muchísimo años e información y evidencia científica que muestra las consecuencias del agronegocio.

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Argentina viene elevando año a año la cantidad de pesticidas y fertilizantes importados, llegando en 2022 a la cifra escalofriante de 5 millones de toneladas. Los primeros, son directamente venenos muy potentes para eliminar otros vegetales, insectos y hongos, que también afectan la salud humana y de animales, mayormente por vía respiratoria y cutánea al respirarlos o entrar en contacto con la piel.

Los segundos son químicos artificiales, mayormente nitrógeno, fósforo y potasio; sin ser directamente venenos funcionan como tales para el suelo, ya que lo “secan” de nutrientes con un efecto en espiral que implica aumentar, siembra a siembra, la cantidad de fertilizantes aplicada. Este es uno de los factores responsables de la desertificación de los suelos, que antes eran fértiles por sí mismos, y por lo cual no es una práctica sustentable a largo plazo.

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Existen decenas de organizaciones que denuncian y reclaman poner fin a esta práctica de "pueblos fumigados", que ha impuesto el agronegocio de la mano de todos los gobiernos desde los años 90 hasta hoy. Cada vez más se hace indispensable una verdadera regulación del uso de agrotóxicos, que prohíba las fumigaciones aéreas que favorecen la dispersión de los químicos más allá de los cultivos y regular las fumigaciones terrestres, como primer paso de transición hacia una producción agroecológica y sustentable.

Es urgente repudiar esta nueva suspensión de 60 días, que beneficia a los de siempre, y al gobierno de Axel Kicillof. En medio del año electoral, todo indica que en materia de agrotóxicos, Kicillof sigue estando con los grandes ganadores de este negocio y de la vereda de enfrente de los pueblos fumigados.