El Tribunal ratifica la resolución del juez instructor que se basaba en la preeminencia de la libertad de expresión. El exjefe de la Policía Nacional en Catalunya, Sebastián Trapote, había interpuesto la querella a raíz de un artículo que recogía un caso de 1974 en el que fue responsable de la muerte de un detenido.
Martes 9 de julio de 2019 17:34
La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Barcelona confirmaba el pasado 5 de julio el sobreseimiento de la querella interpuesta por Sebastián Trapote, Jefe Superior de la Policía Nacional en Catalunya hasta septiembre de 2018, contra la periodista de Izquierda Diario Verónica Landa. El Tribunal daba la razón así al Juzgado de Instrucción 32 de Barcelona, que adoptó esta decisión el pasado mes de abril y desestimaba el recurso presentado por el querellante.
El proceso arrancó en mayo de 2018, cuando Trapote decidió querellarse por la publicación de un articulo de nuestra compañera en el que se criticaba con contundencia el tratamiento que el Estado español ha dado históricamente a la tortura por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La defensa jurídica de Landa recayó desde el primer día en el abogado Benet Salellas.
En dicho artículo se denunciaba el papel jugado por las amnistías aprobadas en los primeros años de las Transición y otras decisiones judiciales y del Ejecutivo, que cubrían de un manto de impunidad un buen número de casos de torturas y muertes bajo custodia policial. Una denuncia que no era ninguna primicia, como demuestran diversos informes de organizaciones como Amnistía Internacional o diferentes artículos periodísticos que apuntaban en la misma dirección.
Entre los casos referidos como ejemplos en el artículo estaba el que implicaba directamente a quien fuera la máxima autoridad de la Policía Nacional en Catalunya en momentos tan cuestionados como el 1-O. Se trata de la muerte de José Luis Herrero Ruiz, un obrero y padre de familia, muerto de un disparo en la espalda realizado por el mismo Trapote cuando se estaba procediendo a su detención.
Los hechos fueron sobreseídos, tal y como relataba Verónica Landa en su artículo. Una decisión que obedeció al beneficio que obtuvo el entonces joven inspector Trapote de los indultos generales de 1977 y 1979. Así se recoge en la sentencia de 1983, que también reconoce la autoría del hoy querellante en los hechos que causaron la muerte de Herrero.
Este caso ha sido además publicado en no pocos medios de comunicación, como El País, El Periódico o la revista Interviú. Y recientemente fue parte de la recopilación de casos similares recogida en el programa ‘Sense ficció’, emitido en TV3.
Desde la recepción de la querella, desde la redacción de Izquierda Diario hemos sostenido que se trataba de un ataque a los derechos fundamentales a la libertad de expresión e información. Un intento más de amordazar a quienes desde el periodismo, las redes sociales o el activismo político alzamos la voz para denunciar la represión y la impunidad.
Durante todo ese tiempo hemos recibido innumerables muestras de respaldo y solidaridad de organizaciones sociales, políticas, referentes de la cultura, la universidad o el periodismo, entre otras muchas.
Con la decisión de la Audiencia Provincial, que corrobora la del Juzgado de Instrucción, se demuestra justamente que estamos ante un nuevo intento de recortar la libertad de expresión. El sobreseimiento se basa en reconocer que el artículo en cuestión era “información periodística de indudable interés público, en el que se trata, con indudable tono crítico y de profunda insatisfacción la actitud en la reacción del Estado español en cuanto al tratamiento jurídico/penal del delito de tortura.” Se alude a una “diversidad de supuestos que reflejan claramente los motivos de dicha insatisfacción, y la inclusión en los mismos del caso del que afecta al querellante, más allá del tiempo que ha transcurrido, no es descabellada desde el punto de vista informativo (se le dio un tratamiento jurídico/penal discutible, aunque no cuestionable, y es susceptible de ilustrar la insatisfacción que se quiere transmitir).”
Y reconoce asimismo la prevalencia de los derechos fundamentales a la libertad de expresión e información, por encima del derecho individual al honor supuestamente vulnerado según Trapote. “Tal interés público e informativo, de alta intensidad por afectar a cómo el Estado trata o gestiona penalmente los derechos fundamentales, ha de prevalecer en un caso como este, cuando se plantea un conflicto con el derecho individual al honor. En un supuesto como este (en el fondo y en la forma de la información periodística), tal derecho ha de ceder ate el derecho a la libertad de expresión.”
Desde este Izquierda Diario seguiremos informando y denunciando todos los ataques a las libertades democráticas y la libertad de expresión. De la misma manera que seguiremos ofreciendo nuestras páginas para todas y todos aquellos que vienen sufriendo procesos judiciales similares. Seguimos manteniendo la necesidad de poner en pie un movimiento antirrepresivo que coordine todos los casos contra la libertad de expresión y de organización, para conseguir que se archiven y acabar con todas las leyes liberticidas.
