DÉFICIT HABITACIONAL. La Boca: tierra donde el negocio inmobiliario vale más que el derecho a la vivienda

Florencia y Abel viven en uno de los barrios más pintorescos y lindos de la ciudad de Buenos Aires, La Boca. Caminito, el museo Quinquela Martín, el teatro de La Ribera, el Riachuelo, y la mismísima cancha de Boca Juniors, son algunos de sus sitios mundialmente conocidos.

Pero La Boca también es tierra de una enorme precariedad habitacional detrás de la cual hay historias como las de Florencia y Abel que son solo ejemplos de cómo el derecho a la vivienda es uno de los derechos más vulnerados en ese barrio porteño, pero también en todo el país.

“Sobrevivimos como podemos, trabajando y luchando todos los días”

Florencia vivía en un conventillo de la calle Lamadrid al 600, a dos cuadras del corredor turístico Caminito, en el que seis familias alquilaban precarias habitaciones. En agosto del año pasado se incendió y el fuego fue tan cruel que se llevó todo. Las débiles y maltrechas paredes, los pocos muebles, hasta los juguetes de los niños.

“Pasó un año y ni una ayuda del Gobierno recibimos, nada. Sobrevivimos como podemos, trabajando y luchando todos los días”. Ni bien ocurrió el incendio, Florencia y el resto de los habitantes de las viviendas tuvieron que improvisar en el patio de al lado del conventillo unas carpas para poder vivir, con los escombros por todos lados porque lo único que recibieron por parte del Estado de la ciudad de Buenos Aires fueron bolsones de comida.

Con mucha garra, quitándole horas al sueño o a trabajar para “otros” para ganarse el pan del día, y con la solidaridad de sus vecinos lograron instalar unas casillas para poder dejar de dormir en la intemperie. Eso sí, los escombros siguen estando porque el gobierno a cargo de Horacio Rodríguez Larreta, ni siquiera les garantizó la colocación de volquetes para la limpieza del terreno.

En los últimos años, en el barrio de La Boca aumentaron dos cosas. Los desalojos y posteriores remates de los edificios desalojados y los incendios. Vecinos y organizaciones de la zona como La Boca Resiste y Propone lo atribuyen a la implementación, en el 2012, el Distrito de las Artes que lleva consigo un inmenso negociado inmobiliario del cual se benefician los especuladores, que reciben exenciones impositivas por “invertir” en la zona.

Un claro ejemplo es la zona de la Usina del Arte, lindante a Puerto Madero. Fachadas de ex fábricas y galpones, totalmente transformadas, pintadas con murales exóticos, veredas arregladas y una coqueta iluminación conviven con los conventillos que quedan y que tanto el Gobierno de la ciudad, como empresarios inmobiliarios, se esfuerzan en erradicar.

Mientras un puñado gana millonarias ganancias, la inmensa mayoría pierde. Sobre todo aquellos sectores de la población con menos poder adquisitivo que no tienen los recursos necesarios como para poder pagar un alquiler en un lugar en condiciones de ser habitado y con los papeles en regla, quedando así a merced de las garras de los inescrupulosos.

Un dato a tener en cuenta es que un departamento de 3 ambientes en la zona de Catalinas Sur sale unos $ 12.000. Monto de difícil acceso en una Argentina cuyo sueldo promedio es de $ 15.000.

Negocio inmobiliario versus derecho a la vivienda

Este proceso de reconfiguración del barrio fue calificado por Agustín Teritoriale, del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad, como “renovación habitacional” y consiste en la “expulsión de los habitantes históricos del barrio y su reemplazo por habitantes de otra condición socio-económica. Parece que los desalojos no son una casualidad”. Esta definición la brindó en el marco del Encuentro Internacional de Ciudades Igualitarias en el que junto a distintas organizaciones nucleadas en el colectivo La Boca Resiste y Propone presentó un mapa de los desalojos en la zona.

En dicho encuentro Ramiro Dos Santos, de la Defensoría N° 5 del Ministerio Público Fiscal denunció el incumplimiento de la ley 3706 que es “la que asiste a todas las personas en riesgo de situación de calle. Esa ley tiene un artículo que dice que cuando una persona está en riesgo desalojo tiene que tener la asistencia del Ministerio de Desarrollo Social, incluso cuando hay procesos judiciales. Sin embargo, el Ministerio no interviene y lo hace sólo cuando la persona ya está en la calle”.

“La justicia hoy desarrolla desalojos que violan los derechos humanos” dice Dos Santos porque incumple criterios elementales, establecidos en tratados internacionales, que fijan un tiempo de notificación previa al desalojo, asesoramiento a las personas con el fin de tener asegurada una vivienda digna alternativa.

Los desalojos, que se estima son unos 200 en los últimos tiempos, terminan beneficiando a quienes se quedan con los terrenos, privilegiando las ganancias del negocio inmobiliario por sobre el derecho a la vivienda.

“Hace dieciséis años que esperamos que el Estado nos dé respuesta”

Pero los problemas habitaciones no son nuevos en La Boca ni tienen solamente que ver con los planes del macrismo.

Abel vive en La Boca, en una casa de la calle Brandsen con su mamá, desde hace diesciseis años. Junto a once familias, con las que conformaron la Cooperativa Brandsen, lograron que en el 2002, luego de mucha pelea, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (en ese tiempo en manos de Aníbal Ibarra) les otorgara un crédito para remodelar y habitar el edificio ubicado en esa calle.

Abel y su mamá habían sido desalojados un año antes “algunas familias fueron desalojadas de conventillos, otros vivían en hoteles y después de un año de lucha y de patear pasillos de la entonces llamada Comisión Municipal de la Vivienda (CMV) nos adjudican el crédito para el proyecto de remodelación y expansión de este inmueble, que originariamente fue un condominio de doce habitaciones y habitada por una sola familia hasta que fue adquirida por la CMV”, cuenta Abel.

“Como no teníamos donde vivir nos metimos. Ante la necesidad de tener un techo y a la espera de la remodelación, todos empezamos a hacer reformas por nuestra cuenta para hacer habitable el lugar. Desde de ese momento estamos pagando los impuestos, la cuota del crédito y las obras nunca empezaron. Por ejemplo las instalaciones eléctricas son un desastre y no tenemos gas natural”, dice Abel.

“Ahora desde Instituto de la Vivienda de la Ciudad (el IVC) están realizando un relevamiento para luego revisar la adjudicación de crédito. Esto llevaría a cambiar los montos a pagar, en el mejor de los casos, o directamente a desconocer el derecho adquirido de las familias que aquí vivimos”, finaliza Abel con amargura.

El caso de Abel y sus vecinos no es el único ni en La Boca, ni en la Ciudad de Buenos Aires, en la que existe una ley ( 341) desde el año 2000 que establece que el Estado debe instrumentar “políticas de acceso a vivienda para uso exclusivo y permanente de hogares de escasos recursos en situación crítica habitacional, a través de cooperativas, mutuales o asociaciones civiles sin fines de lucro, mediante subsidios o créditos con garantía hipotecaria”.

Sin embargo, esta ley casi no se cumple.

Los casos de Florencia y Abel se repiten por millones. Sí, millones en un país donde uno de cada tres hogares tiene problemas habitacionales, ya sea porque sus viviendas son precarias; no tienen acceso a los servicios básicos; están construidas sobre terrenos poco saludables, o directamente están en situación de calle.

Según el último Censo del 2010, el déficit habitacional alcanza a 16 millones de argentinos, lo que equivale al 35 % de la población, convirtiéndose en uno de los problemas estructurales más acuciantes que afectan a amplios sectores de la población.

Los distintos gobiernos pasan y las soluciones de fondo no llegan.