Mientras en la Legislatura provincial se trataba la adhesión de la provincia al Régimen de Incentivos de Grandes Inversiones, asambleas por el agua y organizaciones socioambientales y políticas realizaron una concentración en rechazo a la avanzada extractivista que quieren imponer Milei y Cornejo en la provincia y todo el país
Miércoles 31 de julio 15:16
"La comisión de Hacienda y Presupuesto, que preside Jorge López (UCR), dio despacho favorable al proyecto del Poder Ejecutivo por el cual se establece la adhesión de la Provincia de Mendoza al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), previsto en el Título VII de la Ley 27.742", informaron desde el área de prensa de la cámara de diputados este martes. De manera express, se trató en la sesión de diputados de este miércoles, quienes le dieron media sanción al proyecto.
Con un solo voto en contra (el de Jorge Difonso), y la abstención del PJ, se aprobó este proyecto que será tratado la semana que viene en el senado provincial. El Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones no es más que grandes beneficios para habilitar el saqueo de las grandes multinacionales que profundizarán la pobreza, el atraso, la dependencia y transformarán los territorios en zonas de sacrificio. El régimen fue aprobado en Río Negro en trámite exprés y otras provincias con gobernadores peronistas, radicales o del PRO se apuran para adherir. Sin embargo, desde abajo comienza a surgir el rechazo ante el saqueo y el despojo que implica este régimen que solo beneficia a grandes capitales.
En Mendoza, al igual que en Jujuy y Chubut, organizaciones socioambientales y políticas se concentraron en la Legislatura provincial para rechazar esta medida que busca profundizar la avanzada extractivista sobre nuestros bienes comunes.
De esta manera, se le otorgarán beneficios impositivos a las mismas mineras que fueron beneficiadas con la modificación del código minero y serán las beneficiarias de la modificación del código de aguas, que se tratará próximamente.
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"Estamos en una nueva jornada en defensa del agua y nuestros bienes comunes naturales, diciendo no al RIGI", aseguró Mailé Rodríguez Abalo, docente y dirigente del PTS. "La adhesión a ese régimen no es otra cosa que más extractivismo y más saqueo de nuestros bienes comunes, naturales. Por eso decimos que la 7722 no se toca y el agua de Mendoza no se negocia", concluyó.
Nora Moyano, perseguida por el Gobierno por las movilizaciones en defensa del agua, aseguró que "ahora hay que pensar muy bien cómo continúa la resistencia popular, cómo nos organizamos frente a este cipayismo. Estamos en el altar de los cipayos".
Por su parte, desde la Asamblea Popular por el Agua denunciaron que "en una realidad de escasez de agua, las megamineras tendrán prioridad en el uso del agua por sobre la población, demás seres vivos y la Agricultura. Además, seguirá creciendo la pérdida de fuentes de trabajo y la destrucción de la economía provincial que, esforzadamente resiste".
Mendoza ya le dijo NO al extractivismo megaminero en 2019, cuando quisieron modificar la Ley 7722 en favor de las megamineras. Ahora la megamineria esta en el centro de la política del Gobierno, como demostró con su Código Minero, Plan Pilares, Distrito Minero Malargüe, todas iniciativas que buscan reinstalar la megaminería que no cuenta con licencia social en la provincia.
En Mendoza y todo el país comienza a crecer desde abajo la resistencia a esta política que solo traerá grandes ganancias para un puñado de empresarios a costa del saqueo de nuestros bienes comunes y aún mayor pobreza y desocupación para las y los trabajadores y el pueblo pobre.
