Luego del incendio de enero en El Bolsón, nuevamente la desesperación del fuego arrasador en la Comarca Andina, esta vez con graves consecuencias sobre los parajes: Cerro Radal, Las Golondrinas, El Hoyo, Lago Puelo y El Maitén. Reflexiones sobre las causas y las consecuencias de este desastre socioambiental que se podía prevenir.

Se perdió mucho más que un ecosistema: magnitud y gravedad del incendio

En lo que va del año se perdieron más de 40.000 hectáreas en el país por incendios, más de 500 hectáreas por día. En la Comarca Andina, el 24 de enero se inició un incendio en el barrio El Mirador en cercanías de El Bolsón que consumió más de 6.000 hectáreas de bosque nativo e implantado. Al momento de iniciarse el segundo evento incendiario, el 7 de Marzo, brigadistas y voluntarios aún se encontraban trabajando en la Cuesta del Ternero ya que, aunque el foco incendiario se encontraba bajo control, seguía en actividad.

Entre el 7 y el 10 de Marzo se produjeron 5 focos de incendio casi en simultáneo en otras zonas de la Comarca Andina, abarcando distintas localidades de Río Negro y Chubut: El Hoyo, Lago Puelo, Cerro Radal, El Maitén y Las Golondrinas. La superficie afectada es cercana a las 25.000 hectáreas. El Ministro de Ambiente Juan Cabandié aseguró que los incendios fueron intencionales e inició una denuncia, cual ciudadano de a pie. Lo cierto es que el origen del fuego aún no fue determinado con claridad. Algunos factores apuntan al mal estado del tendido eléctrico y a transformadores que se habrían incendiado, como denunciaron desde el principio los vecinos. El tendido eléctrico en la zona es muy precario y no tiene mantenimiento pero, sobre todo, convive con plantaciones de pinos, especies exóticas que –como veremos– generan un ambiente propenso a la propagación de incendios.

Frente a esto, una vez más los “mapuches radicalizados” surgen como un chivo expiatorio que, al tiempo que corre el foco de las causas estructurales de este tipo de eventos, habilita la represión y criminalización del pueblo nación mapuche, un “obstáculo” para los negocios inmobiliarios y forestales. Encabezan la cruzada racista el ex candidato a vicepresidente de Macri, Miguel Ángel Pichetto y el exgobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, valiéndose de la pluma de personajes como Claudio Andrade, recordado por los servicios prestados a Patricia Bullrich tras el crimen de Santiago Maldonado.

Este último incendio forestal tuvo efectos devastadores en comparación con el anterior. Fue muy grave por ser “de interfase”, como se denomina técnicamente a las áreas donde viviendas y otras estructuras se hallan entremezcladas con vegetación. Desde las primeras horas el fuego afectó viviendas y cientos de familias tuvieron que evacuar, dejando todo atrás ante el avance de las llamas que finalmente calmó la lluvia de la madrugada del 10 de marzo. Hay 15 desaparecidos, heridos, cientos de evacuados y un fallecido: Sixto Garcé, poblador rural y Mapuche de El Maitén. La mayoría de lo que se quemó son tomas, barrios populares, alrededor de 500 casas se perdieron totalmente, y en barrios como la parcela 26 de El Pinar, no quedó nada.

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Humo que huele a negocios y a problemas estructurales

La diferencia entre un transformador que cae por el viento sin mayores consecuencias y uno que lo hace desencadenando uno de los incendios más graves con el grado de destrucción señalado, radica en las condiciones estructurales, que en este caso están fuertemente relacionadas con la mercantilización del ambiente a diferentes niveles, pero que confluyen en un combo incendiario. Podemos nombrar al menos cuatro principales: el negocio del monocultivo de pinos, el calentamiento de la zona en el marco del calentamiento global, la sequía y la desinversión estatal en el manejo del fuego. Veamos cada uno.

Los pinos son coníferas exóticas, no son nativas de nuestra región. Son árboles altamente pirófilos, es decir que tienen afinidad por el fuego porque en sus ambientes naturales evolucionaron y se adaptaron a sobrevivir a las llamas. Cuando se quema la parte alta pueden rebrotar en las partes bajas, incluso sus conos se abren con el fuego dispersando sus semillas. Año a año generan una enorme cantidad de biomasa seca que posee gran cantidad de resina y funciona como combustible ideal ante un foco incendiario.

Las plantaciones de pinos en el noroeste patagónico son señaladas por cientos de comunidades y pobladores mapuche como uno de los principales factores de futuras catástrofes de incendios y de disminución de las fuentes hídricas. Tomás Veblen y col. (2011) afirman que los incendios forestales en la Patagonia aumentarán sustancialmente durante la primera mitad del siglo XXI. Y precisan a modo de hipótesis (cumplida), que la continua plantación de árboles no nativos inflamables aumentará el alcance o la gravedad de los incendios extremos.

Según el Registro Nacional de Tierras Rurales, creado por Ley Nacional 26.737, el 35 % del territorio Nacional figura como propiedad de 1.250 terratenientes (0,1 % de los propietarios privados). Esta proporción aumenta cuando nos referimos específicamente a la Patagonia Argentina.

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Los grandes terratenientes de la Patagonia, como Benetton que tiene alrededor de 1 millón de hectáreas atravesando 3 provincias, son eximidos de impuestos u obtienen créditos por plantar pinos. Esto se fomenta desde la dictadura en 1977 (Decreto Ley 21.695 de Martínez de Hoz) e incluso con leyes que se siguen votando, como en Noviembre 2020 cuando se aprobó un proyecto de Adriana del Agua en la legislatura rionegrina para otorgar subsidios no reintegrables a productores y emprendedores para hacer nuevas plantaciones de pino Oregón, Insigne y también álamos. Es decir que desde del Estado Argentino históricamente se fomentó la invasión biológica más problemática de la región Patagónica. Los pinares, luego de aliviar el bolsillo de quienes tienen grandes extensiones de tierra para ganadería extensiva (decenas de miles de hectáreas) quedan abandonados. Nadie se ocupa de ningún mantenimiento de poda, el estado ni siquiera garantiza que esas plantaciones tengan cortafuegos, y tampoco tienen valor maderero por lo que ni siquiera se utilizan.

En plena crisis ecológica a nivel mundial, una grave sequía en la zona de la cordillera, las altas temperaturas del verano y las ráfagas de hasta 100 km por hora favorecen el avance del fuego. A su vez, los incendios forestales generan grandes emisiones de gases que contribuyen al efecto invernadero favoreciendo el calentamiento global. Además de las pérdidas de biodiversidad (suelo, fauna y flora) pasamos de tener reservas de Carbono (bosques) a tener enormes fuentes de Carbono. Mientras ya se habla de pérdidas enormes, técnicos y expertos alertan sobre las consecuencias. Las consecuencias más graves de los incendios son la alteración del sistema natural, la pérdida de la denominada biomasa, la estructura vegetal, la descomposición de hábitat, el peligro de extinción de especies endémicas (únicas) en la región y la reducción de la diversidad.

Recientemente el Frente de Todos anunciaba una ley que prohíbe cambios en el uso del suelo en áreas incendiadas, pero los programas de protección previstos en la ley de bosques y de manejo del fuego se encuentran desfinanciados. Cabandié utiliza como excusa la “falta de recursos”. Pero el vaciamiento no empezó ni terminó con Macri. Este gobierno redujo en un 42 % el presupuesto destinado al combate de incendios para 2021. Se destinan $282.876.383 para el área de Acciones del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, lo que explica el 0,0033 % del Presupuesto total para 2021, la mitad del 0,0067 % que representaba en 2019.

Según el ministro de Ambiente Juan Cabandié: “En 2021 Aumentamos 7 veces el presupuesto destinado al Servicio Nacional de Manejo del Fuego” y habla de un total de $3.000.000.000 destinados. Se trata de anuncios aún sin comprobación. Lo cierto, según datos del presupuesto abierto para el 2020, es que el presupuesto para el Servicio Nacional del Manejo del Fuego fue de $657 millones mientras que el ejecutado $437 millones. Eso significa que hubo una subejecución en un 36% de los fondos de la cartera. Por su parte, la partida presupuestaria para el 2021 destinado al SNMF fue un 43% menos respecto del 2020, en términos reales. El Gobierno no es ingenuo al intentar confundir con los números. Una cosa es el presupuesto destinado en términos formales, otro es el que se ejecuta en términos reales. El presupuesto para el manejo del fuego baja, mientras los subsidios a los combustibles fósiles son cada vez más elevados. Una declaración de que el proyecto extractivista es el que prioriza el Gobierno en su agenda.

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Hay una continuidad de todos los gobiernos en el desfinanciamiento de la prevención y lucha contra incendios forestales, que se viene denunciando hace décadas. Faltan camiones, maquinaria vial y aviones hidrantes, algo que se expresó en el incendio de enero en El Bolsón. Ante esta falta de recursos por parte del estado, nuevamente se multiplica la solidaridad y la organización de la gente haciendo frente al fuego, de la mano de los trabajadores precarizados. Hace 3 años no entra un trabajador a la planta del Servicio Provincial de Manejo del Fuego de Chubut (SPMF), muchos de quienes están en la primera línea no perciben su salario hace meses. Arcioni, gobernador de Chubut, presenta a la megaminería como la alternativa a la crisis económica y al ajuste que impone a las y los trabajadores hace años, incluyendo a quienes se desempeñan en el SPMF.

El miércoles, Arcioni declaró el “Estado de Desastre Ígneo” y planteó que “autoriza a modificar el presupuesto” para lo que fuera necesario pero, sin un verdadero presupuesto de emergencia, la legislatura autorizó una partida presupuestaria de $1.725.000 como subsidio “por única vez y no reintegrable” para 5 localidades: El Hoyo, Epuyen, El Maiten, Cholila y Lago Puelo. Es decir que cada localidad va a recibir cerca de $340.000 para paliar una contingencia de pérdidas totales de más de un centenar de hogares, una burla para quienes perdieron todo.

La agenda de los gobiernos para la Patagonia es el extractivismo

En nuestro país, más de medio millón de hectáreas fueron arrasadas por el fuego en 14 provincias. El propio Gobierno nacional, a través de su ministro de Medio Ambiente Cabandié dice que el 95 % de los incendios son intencionales. Pero la responsabilidad no es de personas aisladas que comienzan estos focos, hay grandes intereses económicos detrás. Desde el agronegocio hasta la megaminería a cielo abierto, pasando inclusive por la especulación inmobiliaria con la construcción de barrios privados.

El Gobierno Nacional viene dando impulso al “desarrollo” minero como parte de la apuesta a generar los dólares necesarios para el pago de la deuda externa. Con la esperanza de que el estímulo al saqueo extractivo financie cierta recuperación económica, una falacia demostrada en al menos tres décadas de saqueo extractivista que no ha generado ningún tipo de desarrollo, sino que por el contrario, ha significado una profundización de los términos de la dependencia del país al capital internacional, reprimarizando la economía.

Muchos de los que critican al gobierno por lo que no destina a Ambiente, votaron leyes que benefician a las petroleras y mineras, como el Plan Gas 4 que otorga subsidios por $20.645 millones y estima gastar $58.056 millones para continuar con el esquema macrista. Los números no mienten: el gobierno nacional está destinando 542 veces más en subsidios al fracking que a los dispositivos de combate de los incendios. Financian Vaca Muerta, mientras reducen el Servicio Provincial de Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF), SNMF y toda institución ligada al combate del fuego, comenzando con los bomberos que son voluntarios.

No es el fuego, es el capitalismo: un programa para la emergencia ante los incendios

Los mismos modelos de desarrollo se replican en toda Latinoamérica. Los extractivismos se diversificaron y se plantean como componentes centrales de los planes económicos, y junto a ellos se han multiplicado los conflictos sociales en todo el mundo. Es necesario construir un socialismo que surja como un movimiento real en respuesta a las actuales contradicciones del capitalismo, una revolución destinada a alinear las relaciones sociales de producción con las condiciones de sostenibilidad ecológica.

Los gobiernos eligen no resolver esta verdadera catástrofe socioambiental. Ante la inacción del Estado son los pobladores los que se organizan para asistir a los más afectados. Pero la solidaridad desde abajo no alcanza. Es necesario el inmediato aumento de las partidas presupuestarias destinadas al manejo del fuego, para garantizar todos los medios aéreos y brigadistas con sus respectivos equipamientos y condiciones laborales. A su vez, hace falta un plan obras públicas para construir viviendas controlado por los trabajadores y las comunidades, para quienes perdieron su casa y quienes las necesiten. Un proyecto real de restauración con plantas nativas en conjunto con profesionales y técnicos de las universidades públicas no vinculados a los negocios forestales ni inmobiliarios, el Instituto Nacional de Tecnología Agraria (INTA) y las comunidades. Los recursos están: hay que dejar de pagar la deuda externa ilegítima y fraudulenta y terminar con los subsidios al fracking.

El capital considera a la naturaleza, y a los bosques nativos en particular, como una mercancía, y no como bienes comunes. No importa si el fuego devora miles de hectáreas, siempre y cuando los capitalistas puedan obtener ganancias. Por eso hay que cuestionar la propiedad de miles de hectáreas de bosques, ríos y lagos, por parte de un puñado de magnates, como Benetton o Lewis. Hay que expropiar la gran propiedad terrateniente y planificar de manera racional las urbanizaciones en función de las necesidades económicas, naturales y sociales de las grandes mayorías trabajadoras de la zona patagónica, al tiempo que restituir tierras usurpadas al pueblo nación mapuche y garantizar la preservación de los bosques nativos.