La UE pacta la hoja de ruta de los recortes que están por venir

A falta de un último paso formal, la ratificación del acuerdo por parte de los plenos de los dos colegisladores (Parlamento Europeo y Consejo de la UE), se puede afirmar que la Unión Europea ya tiene plan fiscal para el próximo periodo.

Presionados por la agenda que marca las elecciones europeas del próximo junio y lo que ellos supone a nivel de formación de un nuevo parlamento y nuevos representantes en las diferentes instancias políticas de la UE, el pacto se ha alcanzado en una rapidez poco habitual.

Este acuerdo, que obligará a los Estados a presentar sus planes este septiembre del 2024, será efectivo y palpable en los presupuestos del 2025. Y se notará. Para aquellos países que superan el 90%, como el Estado español, el ajuste anual debe ser del 1%.

Con este acuerdo se actualizan los anteriores preceptos fiscales que marcaba la UE para los Estados y que tras la pandemia quedaron congelados, justo hasta este 2024 cuando se tenían que retomar.

Existe aire de triunfalismo entre sectores socialiberales europeos y en particular del Gobierno de Pedro Sánchez. Por contra, y atendiendo a las nuevas reglas que estarán completamente vigentes a partir de septiembre y con impacto total en los presupuestos del 2025, la clase trabajadora y los sectores populares podemos estar más bien preocupados.

No hay que olvidar que las exigencias de Bruselas llegan después de que se haya disparado el gasto público para hacer frente a las consecuencias de la pandemia y la guerra de Ucrania, con un incremento de 150.000 millones de euros de gasto durante los últimos cinco años, elevando los niveles de déficit y deuda a cifras históricas.

Pero la mayor parte de este gasto se ha destinado a beneficiar a los empresarios, durante y después de la pandemia, suprimiendo o bonificando cuotas sociales empresariales y manteniendo el empleo mediante los Erte (Expediente de Regulación Temporal de Empleo que consiste en un despido colectivo temporal) a costa del Estado.

Por no olvidar los fondos europeos Next Generation de más de 140.000 millones entre ayudas a fondo perdido y financieras, destinados a facilitar la “transición ecológica y digital” en proyectos sectoriales (PERTE) que han dado y están dando jugosos beneficios a las grandes empresas de la bolsa IBEX 35.

Si vamos a números puros qué supone ese objetivo del 60% de deuda pública y el 3% de déficit, lo cierto es que el Gobierno del PSOE y Sumar deberán elaborar unos presupuestos con 20.000 millones de euros de recorte en los próximos, dado que según los últimos datos disponibles, la deuda pública se sitúa en el 109,9% y el déficit en el 3,8%. Ambos parámetros están muy lejos de lo que se pide desde Bruselas.

Acostumbrado a un relato por parte del Gobierno que nada tiene que ver con la situación que viven miles de familias de clase trabajadora y que tan solo se sustentaba por pequeñas migajas de poco alcance (por ejemplo, el Ingreso Mínimo Vital, desplegado en 2022 había alcanzado en el segundo trimestre del 2023 tan solo al 35% de los posibles beneficiarios) ahora ni tan siquiera va a tener para repartir esas migajas.

Mientras el beneficio para las empresas en el Estado español cerró el 2023 con un aumento del 25%, los salarios crecen, de media, un 6%. Mientras se pronostica que la factura de la luz subirá entre un 7% y 12%, más de 1,3 millones de niños y niñas viven en hogares en situación de pobreza energética.

Y así una larga lista de ejemplos cotidianos, reales, que demuestran que, nuevamente, las consecuencias de la crisis del covid, la posterior crisis producto de la contracción en la cadena de suministro, sumado a la guerra de Ucrania y sus consecuencias económicas, vuelven a recaer sobre las espaldas de la clase trabajadora y los sectores populares, también aquí en el Estado español.