Familias y Asociaciones Cooperadoras de casi cien escuelas de la Ciudad hicieron retroceder al Gobierno porteño, que pretendía a través de una resolución que cada escuela sea responsable de garantizar los elementos de bioseguridad para la comunidad educativa en pleno pico de contagios.
Jueves 20 de mayo de 2021 21:17
Hace pocos días, el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires dictó la resolución 114, dónde establecía un subsidio especial para las escuelas con el objetivo de que las Asociaciones Cooperadoras de cada establecimiento garantizaran la compra de elementos de bioseguridad para el personal docente, no docente y estudiantes. Se trataba del llamado Programa de Asistencia Económica, que pretendía transferir la responsabilidad de la compra de insumos sanitarios a las escuelas.
Con mucho tino, esta resolución encendió las alarmas de las familias voluntarias y rápidamente impulsaron una campaña en contra de dicha resolución, denunciando que este programa no era más que un desentendimiento por parte del Ministerio de Educación de la responsabilidad de garantizar las medidas sanitarias para la comunidad educativa, en su "presencialidad cuidada". En un comunicado que se hizo viral y con la firma de casi cien asociaciones de escuelas, denunciaron que "Esta medida excede el rol y la responsabilidad de las Asociaciones Cooperadoras en materia de bioseguridad para el cuidado de las escuelas que se requiere para hacer frente al COVID-19".
Hoy por la tarde, el gobierno de Rodriguez Larreta tuvo que dar marcha atrás con esta resolución, mediante un comunicado oficial en donde dejaba sin efecto el subsidio para las Cooperadoras que "no presten conformidad" y, en dicho caso, explicita que el Ministerio se hará cargo de garantizar lo que ya debería estar garantizado hace mucho.
La campaña fue levantada por las diputadas porteñas Myriam Bregman y Alejandrina Barry del Frente de Izquierda, que se manifestaron en apoyo a las Cooperadoras y contra otro intento más del gobierno por desligarse de la responsabilidad de la alarmante situación sanitaria que atravesamos en esta segunda ola. Recordemos que, el año pasado, las mismas diputadas interpusieron un amparo para garantizar lo elemental: una alimentación saludable para las y los estudiantes en la Ciudad, en un contexto de cuarentena.
Contabilizando hoy más de 35 mil contagios, es claro que los DNU y la "presencialidad cuidada" no están garantizando la salud del pueblo trabajador. Mientras en el país ya se produjeron más de 60 millones de vacunas que se venden en el extranjero, a la población les llegan a cuenta gotas, se multiplican las muertes evitables y se colapsa el sistema sanitario.
En estos momentos, mientras en los medios se debaten más o menos restricciones, las acciones concretas de los gobiernos para enfrentar la pandemia son papel pintado. No hubo ninguna medida de fondo para garantizar la salud de la población. Sin embargo, la comunidad educativa continúa organizándose y, una vez más, parando la mano ajustadora de los gobiernos.
