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Red Internacional
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Tribuna Abierta. Las huelgas Inquilinarias a comienzos del siglo XX (Parte III)

En la segunda parte culminamos con la “Huelga de las Escobas” de 1907. En esta entrega continuaremos con otras huelgas inquilinarias que se desarrollaron en Europa y en Panamá en las décadas de 1910 y 1920. Pasaremos luego a la situación actual para analizar como se mantienen muchas de las situaciones observadas a principios del siglo XX y cuáles son las propuestas para su superación.

Jueves 2 de abril de 2015

  • Desahucios en el Estado Español Foto: Reuters

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«La penuria de la vivienda no es en modo alguno producto del azar; es una institución necesaria que no podrá desaparecer, con sus repercusiones sobre la salud, etc., más que cuando todo el orden social que la ha hecho nacer sea transformado de raíz.»

Friedrich Engels, Contribución al problema de la vivienda, 1873.


III

Tras la “Huelga de las Escobas” en Argentina comenzaron a darse huelgas de inquilinos en otras partes del mundo. En 1907 y 1911 se llevaron a cabo huelgas en Budapest y Viena, en el entonces Imperio Austrohúngaro, y hubo numerosas huelgas en ciudades inglesas entre 1911 y 1913. En 1915 tuvo lugar una de las más importantes huelgas en la ciudad escocesa de Glasgow, en donde 20 mil personas se negaron a pagar el alquiler logrando que la vivienda fuera tratada jurídicamente como derecho social, lo que dio origen al “Principio de la Vivienda Pública”. El Estado Español registró huelgas de inquilinos en Sevilla (1919), Barcelona (1930) y Tenerife (1933) que, a diferencia de la escocesa que tuvo un importante protagonismo socialista, fue movilizada por la anarquista Confederación Nacional del Trabajo (CNT).

Estas huelgas europeas consistieron en dejar de pagar los alquileres colectivamente como forma de presión, reivindicando una rebaja de los precios de los alquileres y la construcción de viviendas públicas accesibles a los trabajadores. En todas ellas se ejercieron formas de acción directa para evitar los desalojos, mientras se llevaban a cabo movilizaciones junto a otros sectores sociales que fueron duramente reprimidas. Al igual que el caso argentino, aquí las mujeres tuvieron un protagonismo clave en la organización y movilización política del proceso (1).

Otra importante lucha se desarrolló en Panamá en 1925, en donde los huelguistas debieron enfrentar a las autoridades locales y a las fuerzas estadounidenses que ocupaban el país. Recordemos que Panamá había sido independizada de Colombia en 1903 por los Estados Unidos, que estaba interesado en contar con libre acceso a la zona del canal.

En 1925 El Heraldo publicó una nota titulada “Problemas de los alquileres. Duelos y especulación de fincas urbanas”, en donde denunciaba que los propietarios, en complicidad con las autoridades y organismos de sanidad, alquilaban viviendas en condiciones inhumanas y a precios que podían modificarse en cualquier momento. Los más afectados eran los inquilinos que vivían en los barrios obreros de Calidonia, El Granillo, Malambo, San Miguel y El Chorrillo en la ciudad de Panamá, y en Arco Iris y Folk River en Colón. Estos barrios habían comenzado a construirse a fines del siglo anterior para los obreros que participaban en las obras del Canal Francés. Pero para la década de 1920 los gobiernos seguían sin establecer leyes de protección de los inquilinos (2).

El 11 de febrero de 1925 se aprobó mediante la Ley N° 29 una serie de reformas y adiciones al Código Fiscal que dispuso gravar la propiedad a 5 mil sobre el valor catastral y multando los atrasos con un incremento que podía ir del 10 al 20%. Esto repercutió –al igual que en Argentina- en un aumento de los alquileres de un 25 al 50%. Frente a esto un grupo creó la “Liga de los Inquilinos y la Subsistencia”, ligada al Sindicato General de Trabajadores (SGT), que llamó al no pago de los alquileres.

A principios de octubre comenzó la huelga de los inquilinos. Los propietarios, viendo amenazados sus intereses, reclamaron acciones al Gobierno que declaró ilegal a la Liga, a la que acusó de estar infiltrada por extranjeros que deseaban una “revolución comunista”, y desató la represión. El 5 de ese mes fue detenido y deportado el sindicalista español José María Blazquez cuando llevaba a cabo un discurso en donde expresaba ideas anarquistas en la Plaza Lesseps. El 6 de octubre el alcalde del distrito de Panamá Mario Galindo prohibió los mitines públicos. El 10 hubo una represión en la que fueron asesinadas seis personas y a los detenidos se los juzgó por “acciones violentas” de acuerdo al Código Administrativo.

Dado que las acciones seguían pese a la represión, el Gobernador de la Zona del Canal Archibaldo Boyd y el Consejo de Gabinete del Ejecutivo Nacional llamaron a la intervención de las tropas estadounidenses. El 12 de octubre las fuerzas de ocupación, a las que se les había dado el poder de policía, ocuparon parques y plazas en la ciudad de Panamá, y allanaron oficinas de la Liga de Inquilinos con el resultado de varios muertos, heridos y detenidos. Los extranjeros fueron inmediatamente deportados bajo la acusación de “perturbar la paz nacional” y “fomentar la revolución comunista” (3).

Con esta represión se puso fin a la huelga de inquilinos. En 1926 el presidente de la república Rodolfo Chiari encargó a una comisión redactar una Ley del Inquilinato. No obstante, no cumplió con sus objetivos y en 1932 estalló una nueva huelga que tuvo resultados similares a la anterior.

IV

Las diversas huelgas del inquilinato que se llevaron a cabo en Latinoamérica y Europa en las primeras décadas del siglo XX tuvieron resultados disímiles. No obstante, sirvieron para imponer en la agenda del movimiento obrero el tema del acceso a la vivienda como una lucha tan importante como el salario y las mejores condiciones laborales.

Muchas de las situaciones existentes a comienzos del siglo XX continúan vigentes en la actualidad. En Argentina el déficit habitacional es estructural tanto en lo que respecta a la cantidad como a la calidad de las viviendas. Entre 2000 y 2010 el número de “hogares” (4) respecto al de viviendas pasó de 360 a 855 mil, lo que significa que 1,5 millones de hogares comparten viviendas en condiciones de hacinamiento. Asimismo el número de inquilinos creció de 11,6 a 16,1%, mientras se redujo y concentró el número de propietarios. Además, hay 6 millones de viviendas (la mitad de los hogares argentinos) en condiciones deplorables por el terreno donde se encuentran o la falta de acceso a los servicios. El 12,4% de las viviendas del país carecen de agua corriente, el 26,8% de gas natural, el 34,6% de cloacas, el 32,3% de desagües pluviales, y el 19,2% de pavimento. El Plan “ProCreAr”, del que se enorgullece el gobierno nacional y que sortea créditos para el acceso a terrenos o construcción de viviendas, destina solo el 1% del PBI a viviendas y avanza a una lentitud que resulta alevosa ante la urgencia de la situación, además de que para ser beneficiario del mismo hay que contar con recibo de sueldo, lo que deja afuera la enorme cantidad de trabajadores precarizados -que en la actualidad supera el 30 o 35% de la masa de trabajadores ocupados- (5).

Ante la falta de acceso a la vivienda se popularizan las “tomas” o asentamientos en terrenos fiscales o no ocupados por los propietarios, que son duramente reprimidas. En 2010, durante el intento de realizar una toma en el Parque Indoamericano de Buenos Aires, fueron asesinados los trabajadores inmigrantes Bernardo Salgueiro, Rossmary Chura y Juan Castaneda Quispe por la represión de la Policía Federal del gobierno nacional de Cristina Fernández y la Policía Metropolitana creada por el jefe de gobierno porteño Mauricio Macri (6).

En el Estado Español –cuna de las primeras huelgas inquilinarias- la crisis económica desatada en 2007/2008 repercutió en el terreno inmobiliario, provocándose desalojos y desahucios a miles de personas que no podían pagar sus hipotecas o alquileres debido al incremento de los mismos. Situación similar se vive en Grecia y otros países europeos.

Frente a esta situación es necesario que el problema del acceso a la vivienda sea tomado por las organizaciones obreras dentro de sus reivindicaciones. Pero el reclamo no debe limitarse a la regulación de los alquileres para combatir los aumentos excesivos y la falta de condiciones de las viviendas, sino que también debemos exigir un salario por encima de la canasta básica y la eliminación de la precarización laboral a fin de poder cumplir con las condiciones necesarias para el acceso a la vivienda, y un Plan Nacional de Viviendas Populares bajo control de los y las trabajadores y trabajadoras. Esto en el marco de una lucha superior para transformar de raíz –como sostiene la frase de Engels que abre este artículo- todo el orden social.

Notas:

(1) Cortina, Mercé; “Primeros pasos en la lucha por la vivienda”, en: Solidaridad.Net, http://www.solidaridad.net/noticia/6157/, 9 de abril de 2010.

(2) Prado Franco, Samuel Antonio; “Breves notas para una historia de las ideas políticas panameñas. Segunda parte”, en: El Librepensador, http://www.ellibrepensador.com/2010/11/01/breves-notas-para-una-historia-de-las-ideas-politicas-panamenas-segunda-nota/, 1º de noviembre de 2010.

(3) Prado Franco, Samuel Antonio; “Breves notas para una historia...”.

(4) El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) de Argentina, considera “Hogares” a la persona o grupo de personas que viven bajo el mismo techo y comparten gastos de alimentación. Página web del INDEC: http://www.indec.mecon.ar/.

(5) Arnone, Andrés; Zaldívar, Verónica y Mercatante, Esteban; “Sin lugar para los débiles. El negocio inmobiliario y las políticas de exclusión en las ciudades argentinas”, en: Ideas de Izquierda, Buenos Aires, N° 9, mayo de 2014, p. 16.

(6) Esta misma Policía Metropolitana reprimió en 2013 a médicos, pacientes y periodistas en el Hospital Psiquiátrico “Borda” con el objetivo de desalojarlos para beneficiar los negocios inmobiliarios que el gobierno porteño de Macri pretendía hacer en ese terreno.


Luciano Andrés Valencia es escritor. Autor de La Transformación Interrumpida (2009) y Páginas Socialistas (2013). Publica artículos en medios alternativos de Argentina y el exterior. Contacto: [email protected].


BARRIO OBRERO

Por Luciano Andrés Valencia

A las/os compañeras/os del Barrio Obrero de Cipolletti, que luchan por tierra y vivienda.

El frío patagónico es implacable

con las casillas de las tomas.

Penetra por entre las tablas de madera

o los cartones que sirven de pared,

y por las chapas y los plásticos

que ofician de precarios techos.

Duele el frío en el cuerpo de los niños,

como duele la injusticia de no tener

una vivienda digna o un pedazo de tierra

donde formar un hogar.

Duele la desidia y el desinterés

de los gobernantes,

la especulación y los negociados

de quienes lucran con el derecho a vivir.

Pero el dolor y la injusticia

multiplican la rebeldía de las mujeres y los hombres

en este barrio proletario y combativo,

que se sabe parte de un pueblo

que supo gestar la rebelión

en tiempos oscuros de dictaduras

y que no deja reclamar,

en las calles y en los Tribunales,

contra tantos crímenes impunes

al amparo del Poder.

Esas mujeres y esos hombres,

formados en la dignidad de la lucha,

que enfrentan con el puño en alto

las balas de la policía y las causas judiciales

con las que pretenden amedrentarlos

quienes gobiernan para mezquinos intereses.

Son ellas y ellos: los que en cada marcha

levantan sus banderas y sus voces,

que resisten ante cada desalojo,

que siempre tienden la mano solidaria al compañero,

que en cada asamblea nos dan una lección de democracia.

Ellas y ellos: los que nunca dejarán de reclamar,

en las calles, en los puentes y en las rutas,

hasta que se cumpla de una vez y para siempre,

el derecho a la tierra y la vivienda.

Cipolletti (Patagonia Argentina), 31 de enero de 2015