Crisis migratoria. Las precariedades que esconde la migración al norte de Chile

A fines de septiembre del año pasado, ocurrió un brutal desalojo de migrantes en la ciudad de Iquique, donde decenas de familias, en su mayoría venezolanos y haitianos, vivieron la represión y la discriminación de parte de grupos de derecha, que quemaron y agredieron a decenas de personas.

Después de esto se intentó dar soluciones ultra parciales, como campamentos improvisados para recibir a familias de personas migrantes en localidades como Colchane, Huara y playa Lobito, pero que claramente fue insuficiente, no daban abasto, las familias seguían en condiciones precarias, el lugar no cumplía con las cuestiones básicas que debería tener un lugar de acogida e incluso hubo dificultades para atender la situación sanitaria.

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Cuando los campamentos fueron destruidos por la lluvia, los niños y niñas sólo recibían un snack para alimentarse, el Gobierno de Piñera que dejó correr los ataques contra los migrantes, los privó de una alimentación necesaria y ni hablar de escolarizarlos.

Pero aún en la actualidad la crisis migratoria sigue en la palestra.

Hace unas semanas de nuevo se vivió una manifestación de más de 4000 personas, que marcharon "contra de la delincuencia y por la seguridad", criminalizando a la población migrante.

Los índices de delitos por parte de extranjeros no supera el 3,8%, por lo que esa idea de criminalidad apuntada hacia los migrantes, apoyada en la discriminación, racismo, xenofobia y hostilidad de parte de grupos de derecha como el Partido Republicano o la UDI, pero también y principalmente de parte del Estado, que ejerce violencia institucional y racismo a los que viven en situación de pobreza, en su mayoría venezolanos y haitianos, ya que lo único que ha entregado es precarización, mas vulnerabilidad, represión y como solución envió más efectivos policiales y aumentó los controles fronterizos.

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En Chile y también a nivel internacional, se requieren medidas urgentes como un plan de acogida internacional, integral y humanitario, que asegure albergues de buena calidad, que sean gratuitos y transitorios. Es necesario asegurar atención médica y control sanitario por la pandemia, alimentación, garantizar la educación para las niñas y niños y regularización que implique visas laborales inmediatas para poder trabajar y la convalidación de títulos universitarios.

Pero estas medidas elementales solo se podrán imponer con la movilización y la propia organización de los migrantes, pero también de los sectores populares, a quienes desde los grandes empresarios, la clase dominante, a través del mismo Estado Chileno hoy se les inocula el virus de la xenofobia. Dividir entre nativos y extranjeros es un "truco", que ya lleva siglos, que solo les sirve a los de arriba para seguir garantizándose ganancias.

Recursos hay, partiendo por las exorbitantes ganancias de las grandes mineras. Pero ningún gobierno las tocó, obviamente y nada parece indicar que Boric lo haga, más bien intenta un imposible equilibrio para defender las ganancias empresariales, dando pocas respuestas a las demandas más sentidas de las grandes mayorías.

Imponer medidas como impuestos extraordinarios a las grandes empresas y grupos económicos, para obtener recursos rápidamente, podría no solo financiar un plan de acogida internacional como el mencionado, sino también comenzar a responder a las necesidades sociales de la población en su conjunto.