A 48 años del golpe genocida. Lesa Humanidad: los juicios que tenemos, que no son los que queremos

El 27 de octubre de 2020 comenzó en los tribunales federales de La Plata el juicio unificado conocido como “Brigadas”, sobre los crímenes cometidos contra más de 600 víctimas durante la última dictadura genocida en la Brigadas de Quilmes, Banfield, Lanús y San Justo.

La llegada de la pandemia había trastocado la vida cotidiana al punto de transitarla desde la virtualidad. Y fue esta virtualidad que unió en una misma pantalla a víctimas con victimarios. Así pudo verse (aún se los puede ver) a los genocidas gozar de las mayores comodidades de su hogar, incluso dormirse frente a las pantallas, mientras testigos relataban descarnadamente los horrores padecidos décadas atrás.

Después de unos largos cuatro años, el próximo martes 26 de febrero será el veredicto y se espera una condena a perpetua y en cárcel común por los delitos de genocidio.

Datos

Según el último informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, son 1173 las personas condenadas por crímenes de lesa humanidad en 316 sentencias dictadas en todo el país desde 2006, año en que se reabrieron nuevos expedientes tras las anulaciones de las leyes de impunidad alfonsinistas de Obediencia Debida y Punto Final y los indultos del peronismo menemista. Solo el 18% están detenidos, la mayoría con arresto domiciliario.

Un número irrisorio si tomamos como parámetro la existencia de al menos 800 centros clandestinos de detención y exterminio (CCDyE) en el país reconocidos por el Estado: apenas un poco más de 1 represor por CCDyE fue condenado, a 40 años de la caída de la dictadura. Por eso la exigencia de la apertura de todos los archivos de la dictadura, los de las fuerzas represivas como de sus cómplices civiles es una exigencia permanente.

El largo proceso de “impunidad biológica” para la gran mayoría de los genocidas y sus cómplices empresarios, de la burocracia sindical y de la Iglesia católica fue garantizado por los tres poderes del Estado desde 1983 hasta nuestros días. Todos los gobiernos que han pasado por la Casa Rosada (aún los que con discurso progresista no se opusieron al proceso de juzgamiento y hasta integraron algunas querellas) han convalidado la impunidad de la que gozan los represores, siendo sostenedores del poder económico que gestó el genocidio y que mantiene continuidad hasta nuestros días con millones de personas en la pobreza, endeudamiento externo y violencia estatal.

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Una "construcción de impunidad”, que a través de los distintos gobiernos, perpetuó “la práctica genocida” que implica la desaparición forzada de personas, la represión a las luchas populares y el gatillo fácil a manos del aparato represivo del Estado, suman más de cinco mil casos desde el regreso de gobiernos constitucionales en el año 1983.

Voces de lucha

Los expertos forenses afirman que los cuerpos hablan, incluso siendo fragmentos óseos. Aunque los desaparezcan, revelan verdad. Esa verdad fue puesta a la luz por Julio Jorge López cuando declaró por primera vez en un juicio contra crímenes de lesa humanidad. Gracias a su testimonio de lo vivido en el destacamento policial de Arana, diez mil fragmentos de huesos fueron rescatados de los fondos del centro clandestino.

Quienes brindaron testimonio en el juicio conocido como “Garachico”, remarcaron el carácter histórico de aquel testimonio de López. "Venía con un borbotón de relatos, descripciones, cuentos. Traía mucha información que nosotros no teníamos”, relató Rufino Almeida, exdetenido desaparecido."Había hasta pedazos de bolsas de papel escritos. Él intentaba resguardar su memoria como sea", agregó Almeida sobre lo que consideró un "testimonio histórico".

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Así lo remarcaron los integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) al momento de realizarse la inspección ocular en la zona de Arana. El hallazgo de "estructuras de combustión para la quema de cuerpos" junto a restos óseos quemados y neumáticos de automotores, avalaron lo declarado por Julio López. "Arana fue el primer centro clandestino donde se encontraron estas estructuras de quema, fue impactante ver las fosas de quema in situ", declaró Juan Nobile del EAAF.

“El día que parí a mi hija en el patrullero en el que me trasladaban de la Comisaría 5° de La Plata al Pozo de Banfield me hice una promesa: que si mi hija vivía y yo vivía, iba a luchar todos los días de mi vida para que se hiciera justicia”. Fue la promesa que cumplió Adriana Calvo, la primera sobreviviente en declarar, a piel viva pero con la memoria intacta, las atrocidades que se cometieron durante la última dictadura cívico-militar-eclesiástica en el Juicio a las Juntas, el 29 de abril de 1985; testimonio protagónico en la película “1985”, candidata al Oscar el año pasado. Cumplió con la enorme tarea de ser la voz de quienes no pudieron sobrevivir en los centros clandestinos de detención, reconstruyendo el circuito los 29 centros clandestinos de tortura y exterminio al mando de Ramón Camps.

“Los hijos que nacimos en cautiverio fuimos un botín de guerra”, es la frase que se repite a lo largo de los testimonios de hijos e hijas que aún juntan pedazos para reconstruir la historia de sus madres y sus padres y que son el faro en la búsqueda de aquellos que aún falta encontrar.

“Soy Clara Petrakos, hija de María Eloísa Castellini y de Constantino Petrakos, ambos desaparecidos, al igual que mi hermana, nacida en cautiverio. Los secuestraron porque militaban por una sociedad más justa, por el derecho de todos a una vida digna”, afirmó al iniciar su testimonio durante el juicio Brigadas. La investigación que llevó a cabo en la búsqueda de su hermana, fue clave para dar cuenta de la maquinaria genocida sobre la apropiación de menores, habiendo indicios del robo de bebés por parte de Antonio Bergés desde los años 60.

“Ella y el resto de los 30 mil antes que víctimas fueron militantes, asumieron un compromiso, un riesgo. Actuaron detrás de una convicción, pusieron el cuerpo en función de lo que pensaban. Yo reivindico esa lucha, la militancia revolucionaria de mi viejo, de mi vieja”, declaraba el periodista Diego Genoud sobre su madre Manuela Santucho, secuestrada en julio de 1976.

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Laura Franchi declaró desde Francia y sostuvo el orgullo por estar "y que haya una tribuna que esté escuchando este testimonio que tarda 45 años en ser escuchado". Fue detenida en 1974 y legalizada en 1975. En la cárcel de Olmos conoció a Susana Mata, madre de la legisladora porteña Alejandra Barry. Cuando Susana dio a luz y y dada la fragilidad en que se encontraba, Laura, que también había parido, amamantó a Alejandrina. Un claro y profundo lazo de solidaridad entre las compañeras en medio del infierno.

Malena D’Alessio, integrante del mítico grupo “Actitud María Marta”, declaró por primera vez por el secuestro que sufrieron varios integrantes de su familia, incluida ella. El arte y la música como catarsis y denuncia le permitieron juntar pedacitos de historias y reconstruir la vida y militancia de su padre. Parte de las últimas palabras estuvieron dedicadas a la reivindicación revolucionaria de toda aquella generación: "Hoy seguimos viendo al mundo patas para arriba, donde la desigualdad social sigue golpeando, donde la codicia de pocos sigue determinando la miseria de muchos, y donde el planeta pide a gritos un cambio de rumbo. Hoy los podemos ver a ellos, haciéndonos un guiño desde la historia, interpelándonos en nuestro presente, desafiándonos a construir ese futuro con el que ellos soñaron; donde ser feliz no sea un privilegio y valga la pena vivir".

Contra la impunidad de ayer y de hoy

En estos años de “democracia”, con décadas de total impunidad como fueron los 80 y los 90, si llegamos a estos juicios fue por la lucha incansable de sobrevivientes, familiares y organismos de derechos humanos para mantener viva la memoria y el pedido de juicio y castigo. Pero también cuando se reanudaron los juicios, sucedieron hechos como la desaparición por segunda vez Julio López o el asesinato de Silvia Suppo, lo que nos demuestra que gran parte del aparato represivo quedó intacto e impune; lo que hoy le da sustento, argumentos y hasta funcionarios a los negacionistas.

Frente a quienes levantan las banderas del negacionismo y afirman que la cifra de los 30.000 es un invento, la tarea que llevaron y aún llevan a cabo sobrevivientes y familiares sobre recolección de datos y lugares de tortura es una manifestación clara de la verdad: fue genocidio.

“Mis venas no terminan en mí, sino en la sangre unánime de los que luchan por la vida, el amor, las cosas, el paisaje y el pan, la poesía de todos”. Tomando las palabras de Roque Dalton, nuestro compromiso es la lucha inclaudicable por Memoria, Verdad y Justicia, por cambiar la sociedad de raíz.

Contra las provocaciones de Milei y Villarruel, colmemos masivamente las calles este 24 de marzo.