Cuando aún no se cumplían los diez días de detención preventiva de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, la sala de apelaciones del poder judicial ordenó su libertad al considerar que las acusaciones en su contra carecían de fundamento legal. Queda demostrada, una vez más, la descomposición de este poder del Estado.
Jueves 18 de octubre de 2018 16:11
Cuando aún no se cumplían los diez días de detención preventiva de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, la sala de apelaciones del poder judicial ordenó su libertad al considerar que las acusaciones en su contra carecían de fundamento legal. De esta manera quedó demostrado una vez más, la descomposición de este poder del Estado y su parcialización con una de las agrupaciones políticas de la derecha más reaccionaria del Perú, la cual, a pesar de haber perdido legitimidad social, aún mantiene capacidad de presión desde el parlamento donde goza de mayoría.
Recordemos que hace unos días atrás el juez, Concepción Carhuancho, ordenó la detención preventiva de Keiko Fujimori ya que -y como lo evidencian los audios propalados por el Instituto de Defensa Legal (IDL)-, la lideresa del fujimorismo, más conocida como la señora K, conformaría una red criminal dedicada a corromper jueces y fiscales para favorecer a un sector de empresarios y, por tanto, existiría peligro de fuga ya que las evidencias incriminatorias contra ella cada día son más contundentes. Cabe mencionar que ha Keiko Fujimori se le viene investigando por haber recibido de manera irregular dinero de la empresa brasileña Odebrecht, lo cual configuraría también el delito de lavado de activos.
La sala de apelaciones constituida por los jueces César Salhuanay Calsín, Iván Quispe Auca y María León Yarango, fue la encargada de emitir este cuestionado fallo de manera unánime. Estos jueces fueron designados en su momento por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), instancia que, como lo pusieron en evidencia los audios ya señalados, se caracterizaba por vender favores a diestra y siniestra y por ser muy cercana al fujimorismo. Sin embargo y para justificar su postura, los jueces dicen ahora que “el juez Concepción Carhuancho – quien ordenó la detención de Keiko - incurrió en una nulidad insalvable al no fundamentar el peligro de fuga y riesgos procesales. y, además, incluir hechos no planteados por la Fiscalía, como la falta de arraigo laboral”. Ante la presión de las pruebas en su contra ya se barajaba en su entorno que podría huir del país argumentando persecución política - como en su momento lo hizo su padre Alberto Fujimori - o como lo acaba de hacer el juez Hinostroza muy vinculado a ella y al fujimorismo.
El actual proceder de la sala de apelaciones del poder judicial obedecería a la incidencia que aún tiene el fujimorismo en el poder judicial, lo cual convierte a este poder del estado en una instancia dúctil a los intereses de las mafias de políticos y empresarios. Así mismo, la liberación de Keiko también estaría directamente relacionada a la capacidad de presión que tiene el fujimorismo desde el parlamento, desde donde ejerce como mayoría utilizando esta facultad para blindar a personajes muy cuestionados y vinculados a hechos de corrupción como ocurre con el fiscal Pedro Chavarry, con el congresista Héctor Becerril o sacando leyes con nombre propio como la que aprobaron la semana pasada para liberar a Alberto Fujimori.
Terminar con la corrupción no se logrará con una reforma cosmética como el referéndum planteado por el presidente Martín Vizcarra, sino a través de una Asamblea Constituyente Libre y Soberana que le permita al pueblo trabajador discutirlo todo, empezando por la forma como se eligen los jueces o fiscales, los congresistas y hasta el presidente de la república. Para nosotros, que nos reivindicamos socialistas y creemos en un gobierno de las y los trabajadores, una Asamblea Constituyente Libre y Soberana deberá servirnos, entre otras cosas, para pelear porque los jueces y fiscales sean elegidos por voto universal directo, de esa manera todos podremos conocer quiénes serán los que administraran la justicia en el país y no terminar así bajo los designios de corruptos como Pedro Chavarry o Cesar Hinostroza; de igual manera, los congresistas deberán ganar como gana un profesor de escuela y podrán ser revocados si incumplen su mandato, así como el presidente de la república, quien dejara de tener los súper poderes que ahora tiene amparado en un régimen altamente centralista y presidencialista heredado del gobierno de Alberto Fujimori.
Para avanzar en ese sentido urge que las grandes centrales de trabajadores dejen de hacerle la corte al presidente Vizcarra y a su referéndum tramposo y recuperen la iniciativa convocando cuanto antes a un encuentro nacional obrero y popular que nos permita articular un plan de lucha que termine por imponer, vía el paro nacional, una Asamblea Constituyente Libre y Soberana.
