Han pasado casi 15 años desde el levantamiento insurreccional que provocó la fuga de Gonzalo Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín, cuyo régimen dejo más de 70 muertos y 500 heridos. Hoy, la Ley y las reglas Constitucionales perdonaron estos crímenes de Estado.
Jueves 31 de mayo de 2018
Foto: ANF
El Juez James Cohn de la Corte de Distrito de Florida en Estados Unidos de Norte América, anunció que la demanda contra el ex-presidente Gonzalo Sánchez de Lozada no tiene suficientes evidencias para demostrar la “responsabilidad civil” sobre los eventos de septiembre y octubre de 2003 que “interrumpieron la democracia en Bolivia”, según señaló Sánchez de Lozada.
Y añadió: “El juez llegó a su decisión después del estricto análisis técnico y jurídico de la ley y de los hechos […] demostrando que no hubo absolutamente ninguna evidencia que indique la existencia de un plan u orden de utilizar la fuerza letal contra civiles” y por el contrario, la evidencia demostró que el gobierno “enfrentó la conmoción social en medio de una grave crisis económica, siempre buscando el diálogo y la resolución pacífica de los conflictos, mientras que muchos buscaban destruir la democracia”.
¿Qué democracia existió en el régimen de Sánchez de Lozada?
Recordemos que el 2003, el anuncio del gobierno de exportar gas al mercado de E.E.U.U., por puertos chilenos (gran proyecto de REPSOL y del ex presidente), fue una de las causas de la “Guerra del Gas”.
Lógicamente el pueblo estaba cansado de las reglas de juego de la democracia burguesa y sus leyes, porque sólo el voto era nuestro mayor encuentro con la participación en la decisiones políticas: el ir a urnas significaba que tanto un trabajador como un empresario, y tanto un zapatero como un banquero eran “iguales ante la Ley: una persona, un voto”. Pero al día siguiente de la votación, ese empresario y/o banquero, gozaba aun del poder sobre los trabajadores y el pueblo empobrecido, como para decidir despedirlos o precarizarlos, reduciendo la igualdad a un voto que, en términos reales, no garantiza nada.
Esa es la democracia que tenemos desde 1982 y que se ha sostenido hasta ahora con el gobierno de Evo Morales. La diferencia radica en que el gobierno del MAS tuvo a su favor la bonanza económica internacional dando lugar a una nueva ingeniería estatal y a un proceso de modernización capitalista alentado por los altos precios de materias primas. Pero las reglas de juego siguen subsistiendo. La democracia burguesa es esa. Es el régimen donde el Estado reduce nuestro accionar político al voto. Y dónde la asamblea legislativa está compuesta por personas afines a la clase dominante que se financian campañas políticas para sostener las reglas de juego pro capital nacional y extranjero. ¿Cómo nos podrían representar a los trabajadores, si su programa fue decidido por empresarios y banqueros?
¿Por qué las muertes de los insurrectos están en un juicio civil?
El aparato estatal ejerce su hegemonía a través de la coacción, y la represión policial es un mecanismo de coacción para proteger a ese Estado. La represión y la impunidad de los funcionarios estatales y los gobiernos burgueses es un rasgo común que todo gobierno en nuestro país (desde Banzer, pasando por Sánchez de Lozada, y hasta Evo Morales) o en el extranjero (desde Macri en Argentina o Temer en Brasil, desde Macron en Francia hasta Merkel en Alemania) tiene en ese papel de defender los intereses de la Burguesía.
• Porque cuando los trabajadores exigen pagos de sus horas extras, salarios dignos y seguridad laboral, están afectando las ganancias capitalistas.
• Porque cuando la población pretende conseguir más presupuesto para educación y salud, afecta los bolsillos de los empresarios, ya que disminuyen los incentivos del gobierno al sector privado.
El Gobierno de Sánchez de Lozada fue responsable político de las muertes en 2003, cómo ahora el Gobierno de Evo Morales es responsable político de la muerte de Jhonatan Quispe, porque sus gobiernos obligaron a la población a movilizarse a defender sus derechos, y porque estos gobiernos enviaron la represión policial a las tantas movilizaciones que existieron.
Sin embargo, a pesar que fueron las políticas de gobierno (órdenes desde el Estado), la Ley no condena esta forma de autoría de delitos. No hay responsabilidad penal, porque no reconoce la autoría mediata que tiene el Estado por generar (i) condiciones de violencia y (ii) ordenar la utilización de armas y disparar contra marchistas. ¿Y qué va a decir el policía y las fuerzas armadas que dispararon y asesinaron a los marchistas? Fueron órdenes desde el Estado, porque a la policía y a los militares los reclutan sólo para obedecer órdenes, no para pensar. Para la ley burguesa y las reglas constitucionales, solo existe responsabilidad civil para estos crímenes de Estado.
¡El Estado es responsable de sus políticas!
Desde la Corriente Estudiantil Revolucionaria OCTUBRE, repudiamos la decisión absolutoria del Tribunal Estadounidense a los crímenes de Estado de Sánchez de Lozada, exigimos su extradición junto a Sánchez Berzaín (alias el zorro) y todo el gabinete con el que operaron el 2003 para imputarlos sobre los crímenes en la Guerra del Gas. Exigimos justicia por los insurrectos asesinados el 2003.
