Resolución Caputo. ¿Límite a provincias y municipios para el cobro de tasas en servicios esenciales?

Como primera aproximación, parto de considerar que la medida anunciada por Caputo no crea nada nuevo. Es más, la propia resolución menciona un artículo de la ley 24.240 de defensa del consumidor. También es cierto que busca hacer foco en gobernadores, intendentes y municipios y la gestión interna de sus recursos, dejando en evidencia que las tasas compulsivas no deberían aplicarse. Nada dice tampoco de las ganancias de las empresas de energía. ¿Impide sancionar o aplicar tasas? No, dado que provincias y municipios tienen autonomía para dictar sus legislaciones presupuestarias e impositivas, sólo se limita la inclusión en servicios esenciales, ya que “constituyen un incumplimiento a la Ley de Defensa del Consumidor, la cual establece que las empresas proveedoras están obligadas a proporcionar al consumidor de forma cierta, clara y detallada las condiciones de contratación del servicio”.

Debemos destacar que esta medida llega el mismo mes en que aumentaron los servicios públicos los combustibles (+3 %), transporte, entre otros. Acompañando una inflación que no cede, golpeando aún más los ya insuficientes ingresos de las mayorías trabajadoras y populares. Incluso el funcionario habla de “vulneraciones a la libertad de elección del consumidor”. ¿Y la realidad de millones que deben elegir entre comer o pagar los tarifazos? Recordemos que el aumento es promedio del 4 % a partir del mes que viene para las facturas que reciben hogares, comercios e industrias, y que la pobreza ya supera el 55 %.

Por más que “el incumplimiento será pasible de ser sancionado conforme el régimen de penalidades previsto en la Ley Nº 24.240 y sus modificatorias de Defensa del Consumidor y normas reglamentarias”, no se observan bajas en impuestos. Lejos está Milei y compañía de exigirle a las privatizadas de energía que exhiban la contabilidad, publiquen sus costos y ganancias, para develar las fortunas que amasaron estos años con subsidios del Estado en base a la nula inversión. La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) informó que de cada $ 100 de un producto de primera necesidad hasta $ 49,1 puede deberse a impuestos.

Resulta una medida demagógica que pretende “mostrar” una baja de impuestos o transparentar una boleta de luz, agua o gas, seguidamente a haber aplicado un tarifazo brutal. Quizá buscan transferir la inflación al ámbito provincial para mostrar a gobernadores o intendentes como los responsables de una derrota de Milei en el objetivo de bajar el crecimiento sostenido de los precios. Lo cierto es que no bajarán las tarifas y buscan cargarlas sobre el pueblo trabajador. En eso no hay grieta entre Milei y los gobernadores. Ya sean más o menos aliados a él, todos aplauden el ajuste cumpliendo el régimen del FMI. El objetivo es pagar la deuda odiosa e ilegal nacida de la dictadura y que el propio Caputo se encargó de elevar exponencialmente durante la gestión de Mauricio Macri.

Jujuy. Ley 5954 “Girsu”

Cierto es que ninguna ley provincial es superior a una nacional (con las reservas que tienen las provincias en materia de autonomía no delegada a la Nación) pero también es cierto que una resolución (por ej. N° 267/24) no es una ley. Esto será materia de cuestionamientos de todo tipo. Claro que en este caso hablamos de la imposición de tasas -obligatorias- dentro de los servicios de energía.

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En el art. 23 la “ley Girsu” prevé la distribución de la recaudación de la tasa 50 % al Fondo Fiduciario “Pachamama yo te cuido” (muy flojo de papeles en estos 8 años de vigencia del plan) y 50 % a los municipios que adhieran a la ley.

El art. 24 dispone la facturación unificada de esta tasa, incluyéndose de manera obligatoria en la facturación mensual de agua potable y/o energía eléctrica. Esta enunciación es contrapuesta a la resolución 267/24 recientemente publicada. Tendrán que readecuarse en el plazo de 30 días previsto por la ley. O no, y volvemos al debate de los cuestionamientos legales y judiciales. Con o sin gesto político de los gobernadores e intendentes a Milei, todo parece indicar que debe caer esta normativa.

La resistencia popular y el rol de 4 concejales de la localidad de Palpalá (3 FITu) denunciando este negociado y no dando quórum, impidió el tratamiento de la adhesión a la tasa Girsu. Se trata de uno de los conglomerados más pobres del país, que puede ser el puntapié para hacer caer este impuestazo compulsivo en toda la provincia.

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Si bien esta resolución 267/24 puede obstaculizar la ley Girsu y controvertir futuras adhesiones municipales a ella, no vendrá de una legislatura mayormente oficialista (UCR y alineada con Milei) la solución al deficiente servicio de recolección y tratamiento de residuos.

Qué distinto sería si las centrales sindicales se hicieran eco de la fuerza mostrada por los palpaleños para frenar este impuestazo y por los trabajadores del transporte (UTA Jujuy) que fueron al paro en defensa de sus salarios y derechos contando con fuerte apoyo popular. Que la CGT/CTA en vez de visitar al Papa en su gira asiática, convoquen a un plan de lucha serio, para que mediante la unidad y coordinación de jubiladxs, precarizadxs y todos los sectores agraviados por las políticas de ajuste y saqueo de Milei y los gobernadores puedan conquistar sus demandas.

Hay alternativa y viene desde abajo. Con relación a los servicios públicos, la salida favorable a los intereses de las mayorías populares es que sean el pueblo trabajador y las comunidades, junto con profesionales y técnicos, quienes tomen el control, para lo cual resulta necesaria la previa estatización sin pago de las privatizadas de energía, que lucran con las necesidades sociales priorizando su ganancia, aplicando también impuestos progresivos a las grandes fortunas y empresas que actualmente se encuentran eximidas -por ej. Ledesma con ingresos brutos- sino que son las principales responsables y mayores generadoras de la contaminación ambiental.

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