SUPEREXPLOTACIÓN. López Obrador quiere regularizar migrantes a EE. UU. con trabajo semiesclavo

La propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para regular de manera legal las migraciones, la realizó sugiriendo una adecuación del Programa Bracero, que se implementó casi al final de la Segunda Guerra Mundial y duró poco más de veinte años. El programa benefició principalmente a los productores estadounidenses, mientras que se esperaba paliar el problema de desempleo al sur de la frontera permitiendo condiciones de esclavitud sobre los trabajadores agrícolas.

Cabría preguntarse si este modelo ya ejecutado hace unas décadas, con un análisis profundo y hasta con sus propias conclusiones, es el que necesita un país subordinado como México y con qué adecuaciones se propone, puesto que no basta con que se estime la negociación de 800 mil personas para irse a trabajar legalmente, sino en qué condiciones lo harían.

Programa Bracero 1942-1964

Estados Unidos y México pactaron el Programa Bracero en 1942, como parte de una política migratoria donde se vendía la idea de que las personas dedicadas a la agricultura podrían trabajar como huéspedes legalmente en el país vecino del norte.

Fue así que acudieron 5 millones de trabajadores agrícolas que comenzaron su experiencia en el sudoeste norteamericano, con un permiso temporal de trabajo, contribuyendo a edificar millonarias empresas de la agroindustria pero que, en cuanto se terminó su contrato, fueron perseguidos, criminalizados, deportados y humillados por cientos de miles llamados, despectivamente, “espaldas mojadas” (wetbacks).

Las condiciones en que trabajaban eran brutales, con la anuencia de los demócratas y el gobierno mexicano de aquel entonces, se permitió la semiesclavitud de los migrantes quienes eran desnudados y fumigados una vez que empezaban a trabajar. Conforme incrementaba la llegada de más migrantes, empeoraban sus condiciones de alojamiento, hacinados en construcciones muy precarias.

Al no contar con un contrato colectivo de trabajo, no tenían un horario laboral, sino que los llamaban a cualquier hora del día para trabajar, no tenían derecho de antigüedad e, incluso, eran despedidos sin causa y en cualquier momento; por lo que no podían darse el lujo siquiera de descansa pese a estar todo el día doblados para realizar la cosecha, sus jornadas laborales eran de 6 de la mañana a 6 de la tarde, a veces más.

Como podemos ver, la realidad fue muy diferente a las promesas de mejorar sus condiciones de vida, padecieron la superexplotación de sus fuerzas, el trato humillante y deshumanizado dándoles comida echada a perder, hacinados, vigilados por guardias del sector privado llamados, también, mayordomos e, incluso, se les retenía parte de su salario sin su consentimiento para la creación de un supuesto fondo de ahorro que jamás se les regresó ni indemnizó.

En 2003, ex braceros se organizaron para exigir el reembolso del “fondo de ahorro campesino”, pese a la histórica sentencia dictaminada por la jueza Paula María García Villegas Sánchez Cordero en 2005 que obliga al Estado mexicano a indemnizar a los trabajadores agrícolas, en ese momento el gobierno accedió a pagar US$3,200 de los US$286,502,665,609.24 adeudados.

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Consecuencias y continuidad de la miseria

Estas nuevas relaciones de producción en el campo dieron lugar al proletariado agrícola quienes, cansados de la esclavitud en la que los mantenían, comenzaron a organizarse y hacer huelgas como fue la lucha de los braceros de DiGiorgio en 1947, donde exigían aumentos salariales y el derecho a la sindicalización.

Posterior a eso, continuaron las migraciones, sobre todo en la década de los 80, destacando los del Valle de San Quintín que acudieron como trabajadores temporales migrantes habitando campamentos dentro de los sembradíos durante los meses que duró el trabajo.

En 2015 vimos una nueva resurrección de dicho movimiento agrícola en San Quintín, cuyas protestas fueron por las jornadas intensas de trabajo, los miserables salarios y sin prestaciones; es decir, nulos derechos laborales. Sin que a la fecha se les haya hecho justicia a sus demandas y que, incluso, muchos de estos campos de explotación agroindustrial siguen siendo propiedad de sectores de la casta política gobernante.

Como paréntesis, cabe destacar la nueva ola que salió del campo en 1992, cuando fuimos testigos de la liquidación del ejido a partir de la contrarreforma al campo que significó el fin del reparto agrario, la apertura al mercado de las tierras de propiedad social, ejidal o comunal, cuya consecuencia visible fue la apertura de sociedades mercantiles que ocupaban 25 veces más predios que los pequeños propietarios individuales.

Es necesaria la unidad a ambos lados de la frontera para que no negocien con nuestras vidas

Con un gobierno subordinado al imperialismo, desde sus acuerdos con Trump militarizando las fronteras para impedir el paso de los migrantes haciendo uso de las fuerzas represivas del Estado, ¿qué garantías pueden esperarse para nuestros connacionales mediante programas tipo Bracero que negocia la vida de los trabajadores agrícolas a cambio de riqueza y poder político?

Para echar abajo los planes de miseria que atentan contra la clase trabajadora y los campesinos pobres quienes se ven en la imperiosa necesidad de abandonar sus lugares de origen, contra la burocracia sindical y la entrega de miles de trabajadores jornaleros al imperialismo, es necesaria la más amplia unidad entre diversos sectores, proletariados y campesinos de ambos lados de la frontera, mujeres y estudiantes aliados del otro lado del Río Bravo, la clase obrera multiétnica de Estados Unidos, junto a los millones que integran la comunidad latina y migrante que se han movilizado contra el racismo y la violencia, desde donde luchemos juntos por derechos plenos y condiciones de vida dignas.