A 20 AÑOS. Los Macri y el millonario negocio de la privatización del Correo Argentino

“Vamos a tener un correo de avanzada, de primer nivel. Tengo la más absoluta certeza” dijo Carlos Menem. Corría el año 1997 y su gobierno ya había logrado privatizar la mayoría de los servicios públicos. Sólo quedaban algunos pocos y uno de ellos era el Correo Argentino.

Si bien es correcto asociar al gobierno de Carlos Menem (1989-1999) con las privatizaciones, fue el gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989) quien tuvo la idea en el marco de una ofensiva neoliberal a nivel mundial. En 1987 dos de sus ministros, Juan Sourrouille (Economía) y Rodolfo Terragno (Obras y Servicios Públicos) fueron los encargados de comunicar públicamente que era decisión del gobierno avanzar en un plan de reformas del Estado. Sin embargo, a pesar de su voluntad política, no pudieron implementar el plan y fue tarea de Menem hacerlo con éxito, gracias a la invalorable colaboración de las conducciones sindicales burocráticas de los gremios. Diez años después de ese anuncio llegó la privatización del Correo Argentino. Y así, el gobierno de Menem privatizó un servicio que en apenas 3 países del mundo (Nueva Zelanda, Holanda y el Congo) estaba privatizado.

El 26 de agosto de 1997, mediante el decreto 840/97, se otorgó la concesión del Correo a un grupo formado por dos empresas pertenecientes al grupo Macri (Itron S.A., Sideco América S.A.) y el Banco Galicia, que se hace cargo del servicio a partir del 1 de septiembre y en cuyas manos permanece hasta el 2003.

Por supuesto, el vaticinio de Menem no se cumplió. Al igual que como sucedió en el resto de las privatizaciones, la gestión por parte de sectores empresariales privados en lugar de la gestión estatal de los servicios públicos terminó reportando millonarias ganancias para los empresarios y empobreciendo el servicio con nefastas consecuencias para los trabajadores, que sufrieron despidos masivos. Mientras los usuarios debieron afrontar aumentos en sus tarifas y malas prestaciones, entre otras cosas.

Los términos y los incumplimientos del contrato

El entonces presidente Menem junto a Franco y Mauricio Macri en una fiesta de gala

La concesión fue otorgada por 30 años y las condiciones eran las siguientes: los licenciatarios debían abonar más de 51 millones de pesos semestrales, invertir una suma no inferior a 25 millones de pesos anuales durante los primeros diez años y, a partir de allí y hasta la finalización del contrato, destinar el 1 % de la facturación total del ejercicio contable anterior.

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Nada de esto se cumplió. En año 2000 ya no pagaron más el canon semestral. Tampoco se cumplió la cláusula que establecía las inversiones ya que el grupo Macri consideró como inversiones, durante los dos primeros años de gestión, $ 126 millones correspondientes a las indemnizaciones de más de 10.000 empleados, maniobra que el gobierno aceptó como válida.

Al momento de la privatización el Correo contaba con casi 20.000 trabajadores. En total la pérdida de puestos de trabajo fue de 10.900, mientras que más de 100 sucursales fueron cerradas producto de la administración del grupo Macri.

Además, dicha gestión fue deficitaria. La caída de participación en el mercado fue del 48 % (en 1997) a 35 % (en 2001). Registró también pérdidas contables superiores al 9 % de su facturación anual en el primer año de gestión y en el 2000 llegaron a ser del 50% del patrimonio neto de la empresa.

Por si esto fuera poco, produjo un aumento en las tarifas que llegaron al 750 % en algunos casos, como el del servicio de casilla postal y dolarizó las tarifas para la correspondencia enviada al exterior.

Durante el gobierno de Menem, los negociados que hizo el grupo a costa del Estado fueron escandalosos. Logró que le condonen aportes patronales por unos $ 10 millones anuales y estuvo a punto de que le perdonen el canon. Según varias fuentes periodísticas de esa época, Menem tenía preparado un decreto para exceptuarlo del pago de las obligaciones de la concesión por los 30 años, pero al filtrarse esa información el escándalo fue tan grande que finalmente el decretó nunca se firmó.

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En septiembre del 2001 se decreta la quiebra del Correo Argentino y dos años más tarde, cuando la presidencia está en manos de Néstor Kirchner, se produce su reestatización pero con un pequeño detalle, el Estado no le exige el pago de la millonaria deuda que ascendía a 900 millones dólares. Fue un pedido de Franco Macri. Recordemos que el grupo familiar había logrado que en 1982 Domingo Cavallo, ministro de Economía de la última dictadura, estatizara deudas de su grupo por 170 millones de pesos.

Durante la gestión de Néstor, el clan Macri además consiguió que los directivos de su grupo siguieran ocupando sus puestos y que empresas vinculadas a su grupo presten servicios para el Correo como empresas tercerizadas.

Los negociados a costa del Estado de ayer y hoy

Este fue el inicio de una relación auspiciosa para el clan Macri. Luego de este pequeño “favorcito”, el grupo logró fabulosos negocios bajo las gestiones kirchneristas: la compra de vagones chinos, transacción por la que recibió comisiones millonarias en dólares; la concesión del Belgrano Cargas; licitaciones de obras hidráulicas, represas y construcción de rutas y viviendas, entre otras cosas. Negocios de los cuales el presidente Mauricio Macri formó parte, ya que fue accionista del grupo Socma hasta el año 2009.

Con los años el grupo Macri perfeccionó un estilo: hacerse amigo del poder para lograr jugosos negocios. Así lo hizo desde sus inicios, cuando se quedó con varias licitaciones bajo el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía de 1966 y la posterior dictadura cívico militar de 1976 que, además de estatizar su deuda millonaria, permitió que dicho grupo pase de tener 7 empresas (antes de 1973) a 47 al finalizar la dictadura.

Si así de bien lo trataron los distintos gobiernos (de facto y constitucionales), no era de sorprender que el gobierno de Cambiemos, comandado por su hijo Mauricio, también le quiera “dar una mano”. Así lo intentó cuando quiso aplicar una quita del 98 % y un plazo de pago hasta el 2033 de la deuda del grupo por el Correo. Decisión de la que tuvo que retroceder rápidamente debido al rechazo popular.