Tribuna Abierta. Los ataques a la clase obrera entre 1954 y 2017 (II)

Foto: Isaac Rojas (izq.) y Pedro E. Aramburu, encabezando la "Revolución Fusiladora"

Introducción

A propósito de la reforma laboral impulsada por Macri y el empresariado, vamos a continuar repasando algunos planes implementados para recortar las conquistas de la clase obrera, llevados adelante por distintos gobiernos, algunos dictatoriales y otros elegidos por el voto popular. Y abordaremos las reacciones del movimiento obrero.

Como decíamos en la primer nota, siempre el objetivo fue lograr más productividad, que es más explotación y disciplinamiento al interior de los lugares de trabajo.

Te puede interesar: Los ataques a la clase obrera entre 1954 y 2017 (I)

Hoy abarcaremos la “Revolución Fusiladora”, el gobierno de Frondizi y la Dictadura de Onganía.

La “Revolución Fusiladora”

El golpe de septiembre de 1955, se propuso de acuerdo a sus pronunciamientos entre otros objetivos: “restaurar la libertad y la democracia”; “eliminar la tutela del Estado en las relaciones obrero-patronales” y “estabilizar, liberalizar y desarrollar la economía”.

Ante las nuevas necesidades que se planteaban para el desarrollo capitalista, comenzó un proceso cuyo signo fue la profundización progresiva y creciente de los efectos sociales de una crisis económica que tendía a separar cada vez más al proletariado de la burguesía. Por esos motivos y la actitud de los golpistas frente a los trabajadores y sus conquistas, es que el golpe del 55, fue contra la conducción política y gremial del peronismo, pero fundamentalmente para atacar las conquistas laborales de la clase obrera. Se sumaba la necesidad del desarrollo de las fuerzas productivas, que debía pasar por la acumulación de capital y las inversiones en la industria pesada.

Para ello se necesitaba imperiosamente un aumento de la producción y racionalización, lo que traería inevitablemente más explotación. El ataque a las leyes obreras, las directivas de los golpistas y los patrones, para lograr el disciplinamiento al interior de las fábricas, se puso de manifiesto, con el ataque del capital al trabajo. Por otra parte, distintos sectores de la burguesía habían planteado que Perón no iba a realizar ese plan de aumento de la producción y de mayor explotación, por su relación con los trabajadores y los sindicalistas.

En el seno de la clase dominante, no hubo acuerdo como continuar con el desarrollo de las fuerzas productivas, ni con la estrategia de acumulación, de distribución, de ahí los distintos intentos con democracia restringida, proscriptiva, o los golpes militares que se fueron dando entre 1955 y 1976.

Luego, del desplazamiento de Lonardi y al asumir a mediados de noviembre del 55, Aramburu, lo hizo impulsando una política anti obrera que incluyó:

“Proscripción de dirigentes sindicales peronistas, intervención de la CGT, el Ministerio de Trabajo declaro nulas y disueltas las comisiones internas, nombramiento de Interventores Militares en numerosos sindicatos, la Ley de Asociaciones Profesionales fue derogada, quedando restringido el derecho de huelga, y luego de un breve acuerdo se decretó que habría elecciones gremiales en 130 días, represión e intimidación del sindicalismo, con el arresto de cientos de dirigentes sindicales, sanción del decreto 7107 de abril de 1956 que excluía de cualquier actividad a todos los que se hubieran desempeñado en la conducción de la CGT o sus sindicatos entre febrero de 1952 y septiembre de 1955, designación de delegados de fábrica por parte del Ministerio de Trabajo, habiendo sido despedidos los anteriores, ofensiva contra las condiciones de producción y de trabajo, exigiendo aumentos en la producción, decreto 2739, con su artículo 8, sobre los obstáculos a la productividad”.

Toda esa batería de medidas contra la clase obrera y sus organizaciones gremiales, llevó al movimiento obrero a desarrollar una política de defensa de sus conquistas, lo que dio origen a la “resistencia” obrera. La ofensiva del capital sobre la legislación social, hizo que las bases se organizaran fuera y dentro de los lugares de trabajo, donde se mezclaban trabajadores peronistas, comunistas, trotskistas e independientes.

La represión y hostigamiento de los empresarios hacia los trabajadores se dio con el objetivo de lograr el sometimiento de la fuerza de trabajo, para exigir aumento en la productividad, disciplina y racionalización.

Fueron varias las medidas adoptadas por los trabajadores contra los atropellos y la “mano dura” de las patronales, como el boicot, trabajo a desgano, sabotajes, incluso la huelga. De las fábricas a los barrios obreros, se fue extendiendo una red de solidaridades anónimas, ayudando y colaborando con los cientos de detenidos y perseguidos.

Las comisiones internas, fueron las más agredidas, pero fueron reemplazadas, y desde la clandestinidad tomaron en sus manos las respuestas obreras.

Las luchas salariales de fines de 1956, ayudaron a consolidar el movimiento de oposición. Se fueron dando paros de metalúrgicos, construcción, calzados, gráficos, textiles, carne. Por otra parte, surgieron diferencias y oposiciones entre viejos y nuevos líderes sindicales.

A partir de la aplicación del Plan Prebisch, la carestía aumentaba mes a mes. Desde enero del 56, 3.000 obreros y obreras de la empresa Philips durante varias jornadas reclamaron el reconocimiento de los delegados y la comisión interna. Se sumaron al conflicto los obreros de Siam, Piazza, Siambreta.

Las luchas se extendieron a los obreros de la construcción de Mar del Plata, al frigorífico La Negra, del caucho, textiles, bancarios, que reclamaban el reconocimiento de sus representantes, levantamiento de las intervenciones y aumentos salariales.

Para finales de marzo, el poder ejecutivo decretó que habría elecciones de delegados a las comisiones paritarias para discutir los convenios colectivos de trabajo, que se realizarían bajo el control de las intervenciones militares. El decreto encerraba una serie de medidas discriminatorias, de exclusiones, tramposas, carentes de elementales normas de democracia.

El interventor de la CGT, decretó que no podían ser electos los obreros menores de 25 años, ni los extranjeros, y tampoco los que estaban “comprendidos en las inhabilitaciones para ejercer la representatividad gremial”, los peronistas y comunistas. Por esos motivos los comicios estuvieron viciados de una serie de irregularidades, lo mismo sucedió con las comisiones paritarias en las discusiones de los respectivos convenios.

Durante los últimos tres meses del año volvieron con intensidad los conflictos. A fines de octubre, el gremio textil realizó un paro de 24 hs., que obligó al Ministerio de Trabajo a convocar al Comité de Huelga, y posteriormente se desató una violenta represión con allanamientos de domicilios, persecuciones, detenciones y despidos en las grandes empresas.

En noviembre se sumaron los bancarios y los telefónicos, finalmente lo hicieron los trabajadores ferroviarios, de la construcción, transporte automotor, del tabaco, de la carne, gráficos, metalúrgicos. Todas esas luchas dejaron una gran experiencia en el movimiento obrero, a pesar de las modestas conquistas logradas.

Los conflictos gremiales, obligaron a presentar un petitorio al gobierno con tres puntos: solución del conflicto de los telefónicos, derogación del decreto 824 que prorrogaba la vigencia de los convenios y del decreto 10.596 que negaba el derecho de huelga.

Mientras el Poder Ejecutivo denunciaba actos de sabotaje en los teléfonos de la Capital Federal, las “62” convocaron a un nuevo paro de 48 horas para los días 22 y 23 de octubre. La represión volvió en toda su magnitud, el ejército rodeó las fábricas, patrulló las calles, los soldados fueron instruidos en el manejo de los tranvías, se intervinieron varios sindicatos, entre ellos la Asociación de Trabajadores del Estado, otros fueron allanados, a lo que se sumó una intensa campaña de radio, televisión y de carteles por parte del gobierno para descalificar la huelga.

La medida fue acatada por todo el movimiento obrero en forma masiva.

En síntesis, durante los años transcurridos entre 1955 y 1958, quedó evidenciada la ofensiva del capital sobre el trabajo, la revancha de los patrones, la resistencia obrera, la traición de muchos dirigentes gremiales y políticos.

A pesar de la proscripción de un gran número de dirigentes gremiales que habían participado en el gobierno justicialista, la normalización sindical se realizó con el evidente triunfo de una nueva generación de sindicalistas peronistas, aun cuando los dirigentes denominados “democráticos”, lograron con la ayuda oficial, controlar algunos gremios.

Justificándose en un paro de telefónicos y telegrafistas, el gobierno decretó el Estado de Sitio por 30 días, en Capital Federal y Buenos Aires. Según las cifras oficiales se detuvieron a 150 personas que fueron alojadas en los buques París y Washington.

El paro de los telefónicos y telegrafistas continuó a pesar de las persecuciones, los trabajadores no aceptaban una decisión de gobierno que pretendía incrementar la jornada laboral.

El ejecutivo nacional explicó que no era una medida contra los trabajadores, y el ministro Alconada Aramburu, declaró “es en cambio para aquellos que quieren subvertir el país, para los agitadores y los embanderados en cuestiones políticas inconfesables”.

Los representantes gremiales, contestaron presentando un petitorio al gobierno con sus reclamos, entre otros la libertad de los presos gremiales, aumento general de emergencia, instauración del salario mínimo vital y móvil, continuación del Congreso de la CGT, derogación de los decretos contra los Convenios Colectivos de Trabajo y reglamentación del Derecho de Huelga y el levantamiento del Estado de Sitio.

En los primeros días de noviembre del 57 se levantó el Estado de Sitio, recuperando la libertad, varios dirigentes gremiales.

Aquél mes también se realizó el Plenario Nacional de Delegaciones Regionales de la CGT y las 62 Organizaciones. El mismo adoptó un programa conocido como el “Programa de La Falda”, que marcó un hito dentro del sindicalismo.

El gobierno de Frondizi entre ajustes y represión

Una vez concretado el pacto de Perón y Frondizi, y la asunción del desarrollista a la presidencia de la Nación, la relación con los sindicatos continuó con el cumplimiento de lo pactado antes de las elecciones, se sancionó la Ley de Asociaciones Profesionales, el 8 de agosto de 1958, que estableció el sindicato único y la afiliación obligatoria, evitándose la dispersión del movimiento obrero, posteriormente se normalizó la CGT, devolviéndose a sus legítimas autoridades diversas federaciones.

Arturo Frondizi

En su primer mensaje ante el Congreso, el 1º de mayo de 1958, Frondizi en varios pasajes se refirió a la clase obrera y los gremios, apuntando que “Cesaran las intervenciones, interdicciones e inhabilitaciones gremiales, la entrega de las organizaciones sindicales que todavía deben reintegrarse a sus legítimos dueños, deberá cumplirse en término breve y perentorio. El debate entre los trabajadores se desarrollará sin injerencia alguna del Estado. Quedará descartada la intromisión policial en la vida sindical. El Poder Ejecutivo no reconocerá ningún derecho a la dirección de un sindicato que no nazca de la voluntad de los afiliados. Democracia sindical, elección de los legítimos representantes, el gobierno garantizará el derecho de huelga, de asociación, de reunión, de expresión”.

Puntualizando sobre las libertades democráticas que “Mientras dure nuestro gobierno, en la Argentina nadie será perseguido por sus ideas, ni por su actuación política o gremial, ni habrá otras comisiones investigadoras que aquellas que se propongan estudiar las inmensas posibilidades de progreso espiritual y material de la Nación”.

La lucha de clases demostraría todo lo contrario.

Ese año, los acontecimientos más importantes fueron la huelga de petroleros de Mendoza durante octubre, la denuncia de Perón de los contratos petroleros a principios de noviembre, la huelga ferroviaria, las elecciones en varios gremios donde triunfaron los dirigentes agrupados en las 62 Organizaciones.

A pesar de que el Ejecutivo Nacional había decidido tanto aumentos de salarios como una amnistía general, la relación del gobierno con el movimiento obrero se fue deteriorando, destacándose:

*.- La sanción de la Ley de Asociaciones Profesionales, reclamada por el sindicalismo, que respetó los fundamentos que había dado al peronismo: una sola central obrera, un solo sindicato por rama de actividad y listas completas en las elecciones.
*.- El anuncio del gobierno, a fines de diciembre de 1958, del Plan de Estabilización, que consistió en la aplicación de la ortodoxia monetarista recomendada por el FMI. Las medidas que afectaron a la clase obrera fueron la reducción del gasto público, las tarifas de los servicios que fueron considerablemente aumentadas, como las ferroviarias entre el 50 y 60%, el precio del petróleo aumento el 200 %, la electricidad el 50%, se congelaron las vacantes del Estado, reduciendo el personal en 40.000 personas, las obras públicas fueron paralizadas. Además se estableció el mercado libre de cambios, abolición de los controles de precio, eliminación de los subsidios a los productores, etc.
*.- La huelga de los petroleros en Mendoza, en noviembre de 1958, llevó al presidente a acusar a peronistas y comunistas de un plan subversivo. Se declaró el estado de sitio, movilizándose tropas militares, deteniéndose a numerosos dirigentes sindicales.
*.- Conflictos gremiales en bancarios, textiles y metalúrgicos.
*.-Huelga de los obreros de la construcción de 45 días.

Durante la segunda mitad de enero de 1959 la ocupación del frigorífico Lisandro de la Torre y su posterior desalojo por fuerzas militares y policiales desencadenaron el estallido insurreccional del barrio de Mataderos y el principio de una huelga general nacional que puso en jaque la fragilidad institucional del gobierno de Arturo Frondizi.

La ocupación del frigorífico Lisandro de la Torre

La lucha de los obreros de la carne dejó muchas enseñanzas y experiencias como la voluntad de resistencia, la solidaridad, la toma de la fábrica y su organización, el papel jugado por el cuerpo de delegados, las discusiones en asambleas. Por todo eso es que lo destacamos como uno de los hitos protagonizados por la clase obrera. Por otra parte, apareció en el conflicto la determinación de la clase dominante de no ahorrar esfuerzos en la represión a los trabajadores en el frigorífico, sus familiares y vecinos del barrio cuando la lucha pasó a las calles del barrio de Matadero.

Entre abril y junio, durante 69 días se llevaron adelante dos importantes conflictos como los paros de bancarios y seguro.

Del 23 de julio al 13 de agosto se produjo otra importante huelga, esta vez de los obreros azucareros de Tucumán.

A nivel nacional hubo intentos de unidad para enfrentar la ofensiva patronal y del gobierno.

Todo se complicaría para la clase obrera en 1960, ya que el año anterior se habían producido varias huelgas y según algunos analistas las derrotas sufridas trajeron “desmoralización y aislamiento”.

La conflictividad social y política había ido en aumento, y el gobierno nacional se decidió por la represión y aprobó la Ley de Organización de la Nación para Tiempos de Guerra, y en marzo de 1960 decretó la aplicación del Plan CONINTES (Conmoción Interna del Estado), que permitía dividir el país en zonas de operaciones, y a partir de esa fecha los actos de terrorismo y similares ser sometidos a la jurisdicción de los tribunales militares, y el Artículo 15, preveía la aplicación de la ley marcial, que implicaba previo juicio sumarísimo el fusilamiento de las personas halladas culpables de actos de terrorismo.

Hubo más de 2.000 detenidos, 500 condenados, y se registraron numerosos despidos. Se produjo además una purga de activistas de base y depuración de delegados de las fábricas, y comenzaron a circular las listas negras.

Las relaciones durante 1961 de los gremios con el gobierno fueron cada vez más conflictivas, y la CGT realizó varios paros generales, el primero el 18 de julio, el segundo el 6 de octubre, y finalmente en noviembre fue de 72 hs. La disputa gremial más importante fue la huelga ferroviaria entre el 30 de octubre y el 10 de diciembre, que finalizó con un triunfo de los ferroviarios.

Conocido el Plan Larkin, de liquidación de los ferrocarriles, el gremio ferroviario reaccionó con distintas medidas de fuerza. La clase obrera en su conjunto se vio identificada con esa huelga y apoyaron solidariamente, lo que se expresó en un paro general de 72 horas.

Los ferroviarios realizaron varios paros durante el año: el 15 de mayo por 24 horas, el 21 y 22 de agosto por 48. Frondizi y su ministro Acevedo respondieron dictando el Decreto 4061, que disponía la cesantía de 80.000 ferroviarios, sumada a la “jubilación” anticipada de otros 20.000; la clausura de once talleres ferroviarios y el levantamiento de 23.000 kilómetros de vías. Otro decreto reformó los escalafones (convenios), sin discusiones ni acuerdo de partes. Las medidas del ejecutivo nacional fueron una provocación a los trabajadores y la reacción se dio en distintos puntos del país.

La huelga ferroviaria de 1961

Una vez más, el gobierno respondió con la represión contra los huelguistas. “Un comando especial, a las órdenes del capitán Recaredo Vázquez, decretó la ’requisición’ del gremio ferroviario. Por la noche la policía invadió miles de hogares, sacó a los ferroviarios de sus casas y los llevó a trabajar. Pero la medida fue inútil. Los huelguistas se negaron a trabajar; centenares de ellos fueron a parar a la cárcel. En el río de la Plata, a quince kilómetros de la costa, se ancló el vapor Bruselas, donde quedaron alojados destacados militantes del gremio. La sede de la Unión Ferroviaria y de varias seccionales fueron asaltadas por la policía, y por elementos que pretendieron constituirse en ’comisión directiva provisional’, pero se vieron rodeados por un vacío total”.

Todo el pueblo se solidarizó con la huelga. Se formaron comisiones populares de apoyo. El pueblo se instaló en las vías para no dejar pasar los trenes manejados por soldados. En Rufino y Laguna Paiva (Santa Fe) se ametralló desde los vagones, provocando un muerto y dos heridos graves.

La CGT, declaró un paro general de 72 horas, que se cumplió los días 7, 8 y 9 de noviembre; fue el tercero del año. El 8 debía realizarse una concentración frente a la CGT, pero fuertes contingentes policiales ocuparon el lugar y detuvieron a unos 500 manifestantes.

Los dirigentes de la CGT el 30 de noviembre en un plenario de secretarios generales resolvió: 1) que las organizaciones confederadas dispongan el aporte inmediato de medio jornal por afiliado para los ferroviarios; 2) realizar un gran mitin de solidaridad el 6 de diciembre en Parque Patricios (se reunieron más de cien mil personas; 3) llamar a todos los partidos políticos e instituciones populares a constituir una comisión nacional de solidaridad.

El gobierno tuvo que ceder: el 10 de diciembre sancionó el decreto 11.578, que disponía el retorno al trabajo sin ninguna represalia, libertad de todos los presos, pago del 80% de los días de huelga, aumento del 20% sobre los sueldos, mantenimiento del reglamento de trabajo y el escalafón anteriores, levantamiento de las clausuras de ramales y talleres, discusión posterior de los problemas pendientes.

Ante el triunfo, la huelga fue levantada. Las disposiciones del decreto no fueron totalmente cumplidas, ya que quedaron 3.000 cesantes, 90 detenidos y ocho talleres cerrados, pero el resultado fue en general satisfactorio. Por otra parte, el interventor de los ferrocarriles, Recaredo Vázquez, y el ministro de Trasportes, Acevedo, tuvieron que renunciar. El gremio ferroviario y toda la clase obrera alcanzaron una gran victoria.

La política sindical del gobierno de Frondizi, puede resumirse en más Productividad, Racionalización y Control Interno.

La derrota de varios conflictos sumado a la política económica, llevó al dirigente Cardozo de la carne a declarar “es la hora de los patrones”. El último paro a Frondizi se realizó el 23 de marzo de 1962, convocado por las 62 Organizaciones y el MUCS, mientras la CGT, para no ser intervenida se mantuvo al margen.

Onganía y los golpistas del 66

La prédica golpista proveniente de varios sectores –como un sector de la prensa, burócratas sindicales y las multinacionales– dio sus frutos el 28 de junio de 1966, cuando el movimiento encabezado por el gral. Juan C. Onganía destituyó al presidente Illía.

El gral Juan C. Onganía asume el poder

No llamó la atención que al acto de asunción asistieran empresarios y sindicalistas. Confirmaba el acuerdo entre las FF. AA., el poder económico y la delegación de dirigentes sindicales que estuvo integrada por Vandor, Izzeta, Taccone, Niembro y Coria, por las “62 Vandoristas”; Alonso y Cristófoli lo hicieron por las “62 de pie junto a Perón”, mientras por los llamados sindicatos independientes lo hizo Armando March. Para el evento, los jerarcas gremiales vistieron elegantes trajes para estar acorde con las vestimentas de sus aliados empresarios y militares. Fue todo un símbolo de la unidad de los conspiradores-golpistas, que quedó felizmente retratado para la historia.

En lo económico, el plan de Krieger Vasena, se proponían una transición hacia el desarrollo de la industria pesada y la infraestructura necesaria. El proyecto recibió el apoyo del FMI (stand by por 125 millones de dólares en marzo de 1967) y del gobierno de Estados Unidos.

Se pusieron así en vigencia una serie de medidas para el logro de esos objetivos. Uno de los principales impulsado desde el comienzo, pero fundamentalmente a partir del 67, fue la disminución de la participación del salario en el total del producto generado por la economía, a través de un aumento directo o indirecto en la extracción de plusvalía.

Esa era la medida esencial para permitir la generación del excedente aumentado. Por otra parte, otro requisito necesario era consentir el aumento de la presión impositiva –35% del producto recaudado en impuesto y principal medida de centralización del plus producto- conservándose sin embargo una tasa ganancia que permitiera la subsistencia de los capitalistas de mayor capacidad financiera y tecnológica.

La crisis comenzó cuando no se pudieron mantener la estabilidad de los precios internos de los productos agropecuarios, que fueron en progresivo aumento. Los signos fueron inflación creciente, recesión y las economías regionales en crisis y estado terminal.

Entre las primeras medidas tomadas por la dictadura que afectaron a la clase obrera estuvo la suspensión por cuatro meses del decreto 969/66, dictada por el gobierno de Illía, devolviendo la personería gremial a varios sindicatos que habían sido sancionados durante el gobierno radical. Posteriormente, se promulgó la ley 16.936 de “arbitraje obligatorio”, medida duramente criticada por los sindicalistas, ya que la misma limitaba el derecho de huelga. Además, Onganía ordenó que fuesen intervenidos varios gremios como el Sindicato de Prensa y Canillitas, Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA), Trabajadores del Pescado de Mar del Plata, Municipales de Córdoba, Empleados del Tabaco, etc.

La política anti-popular que llevó a cabo el gabinete económico, más la represión que se ejerció a los reclamos obreros, hicieron añicos el galanteo entre algunos sindicatos y el gobierno. En distintas provincias del país, se iniciaron protestas obreras que de a poco inauguraron un tiempo de sangre y plomo.

Los anunciados reordenamientos portuarios y ferroviarios, provocaron huelgas. Se agregaron paros en General Motors, empleados de farmacia, lecheros, papeleros, textiles, metalúrgicos, transporte, portuarios, maestros, construcción. En Tucumán los enfrentamientos de los obreros de los Ingenios azucareros, con las patronales y la política impulsada desde el gobierno llevaron a la ocupación de varias empresas, manifestaciones, y hasta choques armados, lo que originó una fuerte represión, con la trágica muerte de Hilda Guerrero de Molinas.

Las protestas de la clase obrera fue en ascenso, y llegarían los Azos del 69, y el surgimiento de los gremios clasistas y combativos.

La agresión hacia las conquistas históricas de la clase obrera continuó en los años venideros. Agustín Tosco las sintetizó en estas líneas “retiro de personería a sindicatos, desconocimiento de las representaciones laborales en organismos del estado, imposición del arbitraje obligatorio, anulación del salario mínimo, vital y móvil, legislación contra el derecho de huelga, anulación de la ley 1884 de indemnización reduciendo sus montos a la mitad, cesantías, suspensiones, rebajas, de categorías, pérdidas de salario, suspensión de la estabilidad en varias convenciones colectivas de trabajo: aumento de la edad para jubilarse y régimen de alquileres de libre contratación”.

Los reclamos fueron inmediatos, y en una declaración de gremios opositores se pidió “Por la derogación de la ley 17.224, y para que se discutan los Convenios de Trabajo, reajustándose los salarios de acuerdo a la suba del costo de la vida, y para el cese de la mal llamada racionalización administrativa”.

Desde 1969, en distintas zonas industriales, se fueron dando formas organizativas democráticas, con gran participación de las bases obreras, estableciendo con el tiempo profundas relaciones interfabriles, con innumerables contactos regionales y nacionales. A lo que se sumó la intensificación de las relaciones y debates al interior de las fábricas, de unas fábricas a otras, de las zonas industriales a los barrios obreros.

Los “Azos” se extendieron y el miedo al Argentinazo fue creciendo y la represión también.