Entre la soberanía y la dependencia. Los socialistas ante la propuesta de reforma eléctrica del Gobierno mexicano

La iniciativa implica reformar los artículos 25, 27 y 28 de la Carta Magna mexicana y varios artículos transitorios. Se propone fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, y garantizar energía eléctrica a “precios justos” para toda la población. Se plantea también que la explotación del litio, el cual es fundamental para la electricidad, el desarrollo de energía renovables [1] y la producción en distintas ramas de la industria, como la automotriz y la electrónica, quedaría en manos del Estado.

Distintos representantes del partido en el gobierno postularon que la orientación de la reforma era poner un alto al control creciente de los productores privados en la producción y en la fijación de precios, garantizando que un 54 % de la generación quede en manos del Estado, enfatizando que esta es una política que rompe con las reformas de los gobiernos neoliberales. La reforma presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se proponía también obligar a las cadenas comerciales y las tiendas de autoservicio a adquirir la energía con la CFE (Comisión Federal de Electricidad), modificando drásticamente lo que se refiere a los contratos de autoabastecimiento.

Los límites de la reforma lopezobradorista

Es importante destacar que, aunque pone en cuestión aspectos muy importantes de la reforma de 2013, la reforma no va hasta el final en la recuperación de la soberanía energética.

Un aspecto que ejemplifica esto de manera crucial es que no pretende terminar con la participación del capital privado en un área que es tan estratégica para México. De hecho, aquél mantiene una importante participación del 46 %. Y aún más: la misma secretaria de Energía, Rocío Nahle, afirmó en la conferencia de prensa presidencial que “no se les va a nacionalizar ni un tornillo”, buscando tranquilizar las inquietudes empresariales y de la Casa Blanca.

Otro aspecto que muestra los límites de la reforma y de la propia política gubernamental, es que, aunque se anunció que no se otorgarían concesiones para la explotación de litio, sí se respetará la concesión de Bacanora Lithium [2], que es la única mina con operaciones en el país, de la cual 50 % de las acciones es propiedad de la empresa china Ganfeng Lithium. Y en total son 36 las concesiones para explorar y explotar el litio en 94,176 hectáreas, que se otorgaron a distintas compañías antes de que se presentara esta iniciativa de reforma, mientras están en proceso de obtención de permiso otras 527 mil hectáreas.

Párrafo aparte merece la matriz energética primaria de México, de la cual 39 % está basada en el gas natural, mientras el promedio a nivel internacional es de 24 % [3]. Este combustible es el más consumido en la industria manufacturera y sobresalen Nuevo León, Estado de México y Guanajuato. De acuerdo con datos de la Secretaría de Energía, entre 1998 y agosto de 2021 la producción nacional de gas natural ha decaído en 36% mientras que la importación de este combustible se ha incrementado 30 veces en el mismo período. [4] En dichos informes oficiales sobresale la leyenda “Las importaciones de gas natural del año [5] (desde Estados Unidos) han permitido compensar la disminución de la producción nacional”. Es decir, uno de los pilares de la industria manufacturera de México ‒desarrollada en función de las directrices que emanan de Washington y tienen su respaldo en los tratados de libre comercio‒ en el terreno energético es la dependencia del imperialismo estadounidense.

Lo que está detrás de este brutal desequilibrio en el comercio internacional del gas natural es el impulso desde el gobierno, y la derecha ligada al capital extranjero, de los planes neoliberales, vale decir imperialistas, que desde los años 80 comenzaron a privatizar el transporte y comercialización que, sumado a la "esterilización" de la capacidad productiva nacional mediante la ausencia de inversión han entroncado la producción energética del país al modelo de dependencia impuesto por Estados Unidos.

Y el problema de la dependencia se está agudizando por distintos factores: el alza de los precios de los energéticos a nivel internacional ‒ante lo cual las corporaciones productoras de gas natural venden este combustible al país que mejor le pague‒ y el cambio climático; por ejemplo, la tormenta invernal que golpeó Texas a inicios de 2021 llevó a que se detuviera la producción/transporte de gas natural estadounidense y el suministro al norte de México, incluyendo a la CFE, cuyas centrales requieren este combustible para su funcionamiento.

El suministro y consumo del gas natural es un límite muy concreto al discurso de López Obrador sobre la “soberanía energética”. Desarrollar la infraestructura para producir y distribuir este combustible lleva tiempo, es cierto. Pero sin un plan consistente para llevarlo a cabo, o un plan para sustituir el gas natural por otro combustible, el problema de la dependencia energética no sólo se mantendrá, sino que la tendencia es a que se profundice.

Entre la furia de la derecha y el “justo medio” gubernamental

Las organizaciones patronales que agrupan a los sectores más concentrados del capital nativo, y las empresas trasnacionales, pusieron el grito en el cielo desde la presentación de la iniciativa presidencial, alertando que traería una retirada de las inversiones en el país y que representaba un retroceso histórico.

Las aguas de la política económica nacional y regional se agitaron. Desde el periódico español El País ‒representando los intereses del grupo Iberdrola‒ hasta sitio El Financiero, alertaron contra la reforma impulsada por López Obrador, agitando los fantasmas de litigios internacionales y nacionales. Ni hablar de la Confederación Patronal de la República Mexicana o del Consejo Coordinador Empresarial, que anunciaron desabasto, apagones, subida de las tarifas de luz y ‒de manera cínica e hipócrita‒ mayor pobreza. En la reciente IX Cumbre de Líderes de América del Norte, una carta firmada por empresarios de Estados Unidos, Canadá y México, le pidió a los presidentes Joe Biden y Justin Trudeau, que presione al gobierno mexicano para frenar la reforma.

En México, los partidos de oposición adoptaron distintos posicionamientos, en sintonía con su alineamiento pro empresarial. El Partido de Acción Nacional (PAN) y el otrora centroizquierdista de la Revolución Democrática (PRD), se opusieron abiertamente. En tanto que en el Partido de la Revolucionario Institucional (PRI) ‒bajo cuyo último mandato se aprobó la reforma neoliberal‒ se mostraron distintas posturas. Desde quienes repitieron los pasos de sus socios de la Coalición Va por México, hasta quienes abrieron la puerta a una posible negociación con Morena, siempre y cuando el resultado fuese congruente con sus “principios como partido”.

Lo cierto es que todos ellos‒-desde los empresarios hasta los políticos de la oposición derechista‒ son férreos defensores de una política de privatización de la industria eléctrica que viene desde los tiempos del expresidente Carlos Salinas de Gortari, cuando se puso en práctica la figura de “autoabasto”, utilizando la infraestructura de transmisión y distribución de la CFE. Luego, bajo el gobierno de Calderón, empresas como Iberdrola, Gas Natural y Unión Fenosa capitalizaron los avances privatizadores.

Mientras que grupos empresariales como Oxxo, Bimbo o Walmart adoptaron la moda del “capitalismo verde” y se asociaron a empresas de capital extranjero para obtener energía a bajo costo, como es el caso de Eoliatec del Pacífico ‒propiedad de la japonesa Mitsui y la francesa EDF Energies Nouvelles‒ o de Desarrollo Eólicos Mexicanos (Demex) –filial de Renovalia Energy de España–. Si estos sectores empresariales ─en torno a los cuales se asocian grandes grupos capitalistas de la producción y los servicios, con emporios productores de energía─ ven sus intereses afectados por la reforma eléctrica, cabría esperar una mayor conflictividad política con el gobierno. Sin embargo, lo que vimos en las últimas semanas apunta en sentido contrario.

Mientras López Obrador abrió la puerta para realizar modificaciones a la iniciativa Ricardo Monreal, líder de la bancada oficialista en el Senado, afirmó que buscarán “el justo medio”, para mantener la confianza de los empresarios y conciliar las posiciones encontradas. Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda, anunció que existen negociaciones con empresas energéticas que están participando del autoabastecimiento y que se han beneficiado en términos multimillonarios del mismo. El objetivo de este giro contemporizador es, en primer lugar, tranquilizar al empresariado y al propio imperialismo estadounidense ‒donde distintos funcionarios expresaron su “preocupación” por la reforma‒. Junto a ello, apuntalar una negociación que incluya a sectores del PRI, u otros partidos de oposición [6], para alcanzar los votos necesarios en el Congreso, limando los aspectos más ásperos de la reforma y haciéndola potable para el gran capital.

De hecho, el mismo Yorio comparó la búsqueda del “justo medio” con las modificaciones que se hicieron en la iniciativa gubernamental sobre el outsourcing. Basta recordar que en ese caso, lo que fue presentado como la “desaparición” del mismo, terminó siendo una legitimación de este mecanismo clave de la precarización laboral, lo cual permitió trocar las protestas empresariales en gestos de aprobación.

Los motivos de AMLO

La iniciativa que AMLO presentó al Congreso se inscribe en las medidas con las que su gobierno pretende posicionarse, a los ojos de la población, como antineoliberal, progresista y sustancialmente diferente a las anteriores administraciones priistas y panistas.

Iniciativas como la reforma eléctrica o el aumento al salario mínimo, despiertan simpatía en amplios sectores populares; López Obrador aspira a que fortalezca su base social y electoral, con miras a la consulta por la revocación de mandato y las propias elecciones presidenciales de 2024, en las cuales se jugará la continuidad del proyecto en el gobierno.

A la par, es interés del presidente que estas iniciativas le permitan ocultar aquellas políticas que expresan más continuidad que ruptura respecto al pasado neoliberal. Como es el caso del despliegue de la Guardia Nacional o la precarización laboral que, bajo el manto de la llamada austeridad republicana, afecta duramente a miles de trabajadores estatales y “beneficiarios”, como se presenta a los trabajadores de los programas sociales y culturales impulsados con el sello de la 4T. Sin embargo, mientras las medidas que el gobierno postula como nacionalistas y progresistas, resultan negociables ante la presión patronal y de la oposición derechista, profundiza aquellas políticas que atentan contra los intereses de los trabajadores y el pueblo.

Los “socialistas” de la 4T

Aunque la reforma eléctrica es presentada como una recuperación de la soberanía, la misma tiene importantes límites. Esto tiene bases profundas en la política y el programa que sostiene el gobierno y su partido: combina un discurso de corte “reformista” y algunas medidas que cuestionan parcialmente los aspectos más escandalosos del neoliberalismo, mientras se sostiene y preserva los intereses fundamentales de los capitalistas y las trasnacionales.

La comparación del gobierno de AMLO con el cardenismo ‒pretensión de varios que se reclaman de izquierda‒ no resiste el análisis y más bien reproduce la noción de que existe continuidad entre ambos. Incluso han buscado aplicar a AMLO la categoría que León Trotsky acuñó para el gobierno de Cárdenas ‒”bonapartismo sui generis”‒, dejando de lado las diferencias existentes [7]. Pero lo visto hasta ahora muestra que el actual presidente está muy por detrás de las medidas que el gobierno nacionalista burgués de Lázaro Cárdenas llevó adelante en 1938, con la expropiación petrolera y ferrocarrilera, que implicaron cierto grado de confrontación con las trasnacionales y las potencias imperialistas que más influían en América Latina en esos momentos. Confrontación que, importante es decirlo, fue coyuntural y no supuso una ruptura con el imperialismo, camino que un gobierno burgués ‒aún el de Cárdenas‒ no puede llevar adelante, por su propio carácter de clase.

El progresismo tardío de AMLO, mientras impulsa la reforma eléctrica y ciertos posicionamientos relativamente autónomos en la diplomacia regional, mantiene lo central de la subordinación económica y política a la Casa Blanca, como se expresa en el tratado de libre comercio T-MEC, en las medidas antiinmigrantes, el pago de la deuda externa y en la continuidad de la militarización del país, distante de una política nacionalista como la que se le pretende adjudicar.

En las semanas previas, algunos grupos autodenominados socialistas declararon su apoyo a la política gubernamental y llamaron a un frente nacional en defensa de la Reforma Eléctrica, junto a sectores del propio partido oficialista Morena.

Sus análisis, para sustentar esta política, se centran interesadamente en los aspectos que consideran progresivos de la propuesta presidencial, critican a la derecha ‒lo cual es correcto, como también hacemos en este texto‒ pero poco (o nada) dicen sobre la necesidad de un programa obrero y socialista que dé una respuesta de fondo a la actual situación del sector.

Las acciones que proponen están orientadas a apoyar la iniciativa del gobierno y presionar a los partidos opositores para que la aprueben en el Congreso. En sus propias palabras: “La única posibilidad de realizar dicho cambio, es que buena parte de la bancada del PRI y el Movimiento Ciudadano (MC), voten a favor de la propuesta. Para conseguir dicha posibilidad, se requiere de una enorme presión social basada en las más amplias movilizaciones. Tanto el PRI como el MC son partidos cuyo registro penden de un hilo y ese hilo se puede romper por medio de la movilización.” [8]

Obviando que el propio gobierno está ya negociando con la oposición (de lo cual saldrá seguramente una propuesta más edulcorada), se han convertido así en el ejército socialista de la Cuarta Transformación, sumándose como “ala izquierda” a su política, impulsando el ya mencionado “Frente”, y apoyando políticamente a un gobierno capitalista.

A tono con esto, dejan de lado la necesidad de impulsar la movilización independiente de la clase obrera y los sectores populares, tras una perspectiva que se plantee la renacionalización sin indemnización de toda la industria eléctrica. Esto se muestra en que el Frente y las movilizaciones que convocan no tienen como principal bandera la renacionalización del sector energético, sino …el apoyo a la reforma de AMLO, junto a sectores de Morena.

Estamos ante un salto en la subordinación a la 4T, de lo cual ya habíamos alertado en las elecciones intermedias. Desde la asunción de AMLO, presenciamos muchos casos de cooptación de activistas y militantes de movimientos sociales y de izquierda, expresión de lo que Antonio Gramsci llamó “transformismo” [9]. Ese fue el caso de la activista Nestora Salgado o de dirigentes del movimiento 20/32.

La cooptación y la integración de militantes como funcionarios en distintas instancias gubernamentales o “autónomas”, también lo hemos visto en el caso de pequeñas organizaciones autodenominadas socialistas, como es el caso de militantes reconocidos del Partido Revolucionario de las y los Trabajadores y del Grupo de Acción Revolucionaria.

Volviendo, a propósito de esta discusión, a la comparación con el cardenismo, hay que decir que León Trotsky ‒quien nunca dejó de considerar como nacionalista burgués al gobierno de Cárdenas y al PRM‒. Estaría muy lejos de aquellos que llaman al Morena en el poder a una acción “más activa y decidida en la defensa de la soberanía de nuestros recursos energéticos.” [10] En su exilio en México, el revolucionario ruso consideró que era fundamental mantener la independencia política y organizativa de los revolucionarios, y pelear por la independencia de clase en el movimiento obrero respecto a la burguesía nacional y su partido de gobierno. Algo que algunos parecen no entender.

Sin duda, en el momento actual, construir una organización revolucionaria implica mantener bien firmes los principios de la independencia política y organizativa, y ser capaz de convencer de la necesidad de una política y un programa que realmente resuelva las aspiraciones obreras y populares, ataque los intereses capitalistas y rompa con el imperialismo, explicando pacientemente por qué el “progresismo” en el gobierno es enemigo de ello y que se requiere una alternativa política que luche por ello. Esa es la tarea que tenemos por delante los socialistas, todo lo contrario de ser furgón de cola del Morena, integrándose incluso a su administración.

Por una política verdaderamente socialista

Los socialistas comprendemos la simpatía que generan determinadas políticas del gobierno de AMLO entre sectores de la población trabajadora, como es el caso de la reforma eléctrica. Justamente partiendo de eso, hay que explicar la necesidad de revertir los avances privatizadores en el sector y una política independiente para lograrlo, a partir de la única fuerza social capaz de llevarlo adelante: la clase trabajadora junto a sus aliados, los explotados y oprimidos de la ciudad y el campo.

Para poner esa fuerza en movimiento, hay que imponer ‒mediante asambleas de base de las y los trabajadores‒ a las direcciones sindicales que se reclaman democráticas, que rompan la tregua con el gobierno y convoquen a la más amplia movilización obrera y popular. El objetivo debe ser luchar por la renacionalización de todos los sectores privatizados de la industria energética, lo cual implica revertir la reforma entreguista de Peña Nieto y los partidos del Pacto por México y expropiar sin pago a Iberdrola y todas las transnacionales que lucran con los recursos naturales de México mientras expolian a las comunidades e imponen condiciones laborales cada vez más precarias.

A la vez, para luchar en forma consecuente por la recuperación de la soberanía energética es indispensable que las y los trabajadores del sector recuperen los sindicatos, hoy en manos de la burocracia, como organizaciones que sean herramientas defensoras de los derechos de la clase obrera.

Otro aspecto fundamental es que, ante la crisis ambiental provocada por las emisiones de carbono que constituyen una consecuencia ineludible del modo de producción capitalista, sean las y los trabajadores de Pemex, la CFE y de todas las empresas del sector quienes desarrollen un plan hacia la transición energética [11] a fuentes renovables con el norte de atender las necesidades sociales de las mayorías, y terminar con el lucro como eje rector. Como parte de esto, es necesario luchar por la estatización sin pago de parques eólicos y solares, bajo control de sus trabajadores, para terminar con la dependencia energética de EEUU.