LA FUERZA “MODELO” DEL GOBIERNO. Médico de Gendarmería reportó torturas a un detenido, ahora denuncia persecución

Gustavo Burstyn es desde hace años perito médico de la Gendarmería Nacional. En marzo esa fuerza federal adulteró un informe suyo sobre torturas a un joven detenido en Campo de Mayo. Hoy él acusa que hay encubrimiento y coacción, ya que desde la propia Gendarmería le iniciaron una causa administrativa por “falta de lealtad a la fuerza”.

Desde el Ministerio de Seguridad afirmaron que ordenaron investigar en forma administrativa los tormentos recibidos por el preso, ocurridos en marzo en Campo de Mayo, y que el sumario interno contra el perito médico está “suspendido”. La Izquierda Diario averiguó el estado de otros casos de violencia institucional protagonizados por los uniformados predilectos de sucesivos gobiernos a la hora de reprimir la protesta social y criminalizar la pobreza.

El 10 de marzo un grupo de gendarmes de la Unidad San Martín patrullaba cerca de un asentamiento en esa zona del Gran Buenos Aires cuando vio a un joven que consideró “en actitud sospechosa”. Luis Alberto Vázquez, de 20 años, tenía unos 10 gramos de cocaína en su poder, una cantidad acorde con el consumo individual. Según los uniformados intentó escapar, lo detuvieron y lo trasladaron a Campo de Mayo.

Tras horas de encierro, Vázquez ingresó al consultorio de la Guardia Médica del Centro de Asistencia de Gendarmería en Campo de Mayo con signos de haber sido torturado. Estaba de guardia Gustavo Bursztyn, médico legista y comandante principal, quien dirigió el servicio de medicina legal de Gendarmería y fue perito de esa fuerza en casos relevantes, entre ellos Nisman y Maldonado.

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Los gendarmes dijeron que el detenido se había resistido al arresto, pero Burstyn no encontró evidencia de que eso haya sucedido sino por el contrario, la multiplicidad de lesiones que tenía apuntaban a lo que se denomina “maltrato en cautiverio”, para lo cual hay un protocolo específico que él aplicó.

“Esta persona refirió que sufrió golpes mientras estaba esposado y que fue arrastrado, Gustavo descubrió que fue víctima de torturas con electricidad”, dijeron a La Izquierda Diario desde el estudio jurídico que defiende a Burstyn. El contexto es que Gendarmería cumple hace años funciones de policía en la provincia de Buenos Aires y participa de los procedimientos por narcotráfico. La causa estuvo en los Tribunales Federales de Retiro y ahora está en la UFI 3 de San Martín.

Gendarmería acusó a Burstyn de “falta de lealtad” por haber denunciado el delito de torturas. Las autoridades de ese Comando de Región, que dirige todas las actividades de esa fuerza en la provincia de Buenos Aires y AMBA, reemplazaron su pericia por fotocopias del libro de guardia en el expediente abierto por su denuncia penal en la UFI 16.

El informe con 12 fojas y 26 fotografías sobre los golpes con bastones que recibió el detenido desnudo, encerrado en un baño, y el paso de electricidad por su cuerpo, nunca llegó a manos de los investigadores.

“A la altura del hombro izquierdo tenía una lesión específica que se llama electro de Jellineck, esto es el paso de corriente eléctrica por la piel”, describió el perito médico en su declaración testimonial. Los golpes con puños y marcas de uñas indican que “aparecen como muy violentos, de cierta intensidad y ensañamiento, sin signos de defensa de parte de la víctima, también se ve la impronta de lo que sería un borceguí”, dijo en su testimonial ante el Poder Judicial.

“Iniciaron con un proceso de coacción sistemática en su contra por no ser leal ni comprometido con la Gendarmería, por haber denunciado judicialmente las torturas constatadas”, describe la defensa de Burstyn. “Llegaron a abrirle un sumario administrativo y disciplinario interno por esa causa, con absoluto apartamiento del derecho de defensa, escuchas telefónicas ilegales, seguimiento de inteligencia de su domicilio y consultorio, de su desplazamientos y los de sus hijos, hostigamiento y proposiciones ilegales”, precisaron.

Por estas razones el médico denunció al jefe de la Región I de Gendarmería Nacional Argentina (GNA), Comandante General Rubén Carlos Yavorski por los delitos de coacción y encubrimiento agravados. También dio intervención al CELS, la Comisión Nacional contra la Tortura; a las autoridades de Gendarmería, Ministerio de Seguridad y Ministerio de Justicia.

A fines de octubre Burstyn participó de una reunión en el ministerio de Seguridad con el área de Violencia Institucional, pero luego no volvió a ser contactado y tomó el ascenso del comandante Yavorski al cargo de director general de Personal como una respuesta.

Sumario interno suspendido

Este diario se comunicó con una fuente del Ministerio de Seguridad que conduce Sabina Frederic, según la cual Burstyn recibió a “una persona detenida para que la examine y le realice un certificado conocido como ‘precario médico’, pero al constatar diversas lesiones se negó a realizar este examen y trasladó a la persona detenida hacia un hospital de la zona, con autorización de la Fiscalía”.

Siempre en la versión oficial, en el hospital, en el contexto de la pandemia, se negaron a examinar al detenido, alegando que las lesiones eran antiguas, y cuando la fiscalía se volvió a contactar le indicaron que la persona sea liberada, ordenando la confección del informe médico.

“Bursztyn lo hizo dos días después y elaboró un informe donde constató las lesiones. Ese informe es adelantado a la Fiscalía mediante comunicación de WhatsApp. La Fiscalía 3 demoró dos meses en incorporar el informe a la causa y, posteriormente a dicha incorporación, remitió copias del mismo a otra fiscalía para que se investigue el accionar de los efectivos de Gendarmería que participaron en la detención”, relató la fuente, sin mención alguna a la alteración y omisión que denunció Burstyn.

“El Ministerio de Seguridad se encontró con la situación de que la fuerza le estaba haciendo un sumario a Bursztyn pero no a los gendarmes que realizaron la detención. Entonces, se le indicó a GNA que, en primer lugar, cambie la órbita en que se le está realizando el sumario a Bursztyn, que no sea en Campo de Mayo, ya que su Jefe directo está implicado en la denuncia (Yavorski)”, dijeron desde la cartera de Frederic.

Y afirmaron que ese sumario está suspendido actualmente, al mismo tiempo que se le ordenó a Gendarmería que inicie la actuación administrativa a los efectivos implicados en la detención.

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Alta exposición

En enero de 2015 murió el fiscal federal Alberto Nisman y Burstyn elaboró un informe confidencial para el director nacional de Gendarmería en el que le informó que “todo apuntaba a un homicidio”. Luego del descabezamiento de esa fuerza por parte de la expresidenta Cristina Kirchner, a mediados de 2015, y del cambio de gobierno el perito médico advirtió a sus superiores que el peritaje del caso seguramente llegaría a Gendarmería y que para evitar nuevos cambios de cúpulas éste debía ser impecable.

Cuando finalmente sucedió, Burstyn cuestionó a los peritos que intervinieron y puso en evidencia defectos técnicos ante la conducción superior con despacho en el edificio Centinela.

También informó sobre las presiones que tuvo “para adecuar las pericias médicas internas a los intereses de la empresa privada Provincia ART Seguros y la falsificación de su firma en 93 informes médico legales internos de Gendarmería”, según explicó su defensor Luis Daniel de Urquiza.

“Le martillaron una pistola en el baño y lo tiraron por una escalera interna del Edificio Centinela, hizo las denuncias penales en el mismo juzgado federal que lleva la investigación de la muerte de Nisman y lo sacaron del cargo de secretario de la Junta Superior de Reconocimientos Médicos y Asuntos Médico Legales para enviarlo a Campo de Mayo”, agregó el letrado.

Según su relato, el propio abogado de Burstyn fue atacado a tiros el pasado 9 de noviembre, recibió dos disparos de calibre 22, estuvo internado en el hospital Militar y ya fue dado de alta.

Gendarmería sacó al médico del escritorio de Campo de Mayo para enviarlo como perito de la fuerza nada menos que en el caso Maldonado, en la cual Burstyn sostiene que Santiago murió por ahogamiento, más allá de las responsabilidades de la fuerza en el procedimiento represivo que él, en privado, califica como pésimo, poco profesional y caótico. En su criterio, esto sucedió en el marco de tareas de inteligencia entre Chile y Argentina y de la politización de un conflicto regional.

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Rara avis

Entre la información que aportó el Ministerio de Seguridad a este diario, la fuente consultada mencionó una denuncia en 2018 en el fuero federal contra Burstyn, realizada por la directora de la Anmac (Administración Nacional de Materiales Controlados) acusándolo de “haber firmado 20.000 certificados de permisos de portación de armas como psiquiatra, a personas con Parkinson entre otras irregularidades”. La acusación fue ventilada en un programa televisivo, pero ni allí ni en el Ministerio tomaron nota de que la causa se encuentra con sobreseimiento.

En enero de este año, tras el estreno del documental de Netflix sobre el caso Nisman en Gendarmería le preguntaron si estaba dispuesto a ser perito médico de la fuerza en la revisión del peritaje anterior. Burstyn respondió que sí, pero puso como condición que le permitan trabajar con independencia de criterio y elegir a sus colaboradores. En su intimidad, el perito médico cree que dos meses después le enviaron un detenido torturado para “hacerle una cama”.

Desde el estudio jurídico que lo defiende dicen que Burstyn es una de las mayores autoridades médicas de Gendarmería, un especialista que estudió en Israel y Francia, habla siete idiomas, y además de médico legista es psiquiatra y técnico en identificación criminal. “Institucionalmente se movió acorde a la ley y le dieron sanciones y castigo, entonces el mensaje es que hay que ocultar y encubrir”, dicen.

Burstyn cree que buscaron disciplinarlo para que nadie más haga denuncias sobre detenidos torturados. Y en su análisis, el encubrimiento a los autores materiales solo se explica porque éstos sabrían algo de sus superiores vinculado a los procedimientos de narcotráfico.

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Justicia por Andrés y Facundo

Las torturas a Vázquez no son los únicos casos de la llamada "violencia institucional" por parte de gendarmes en los últimos gobiernos constitucionales. En junio una pareja de Salvador Mazza (Salta) fue baleada. Dos efectivos de Gendarmería antes de disparar le gritaron a la mujer “volvete a tu casa, coya de mierda”, insinuando que la pareja residía en la vecina Yacuiba.

Ese mismo mes en el Bajo Flores, Ciudad de Buenos Aires, fue ejecutado Facundo Scalzo, de veinte años, y otra vez los gendarmes que apretaron el gatillo estuvieron en la mira. El joven fue fusilado de un disparo en el pecho, pero la versión policial habló de un tiroteo.

A la luz del caso Maldonado, e investigando a Gendarmería, La Izquierda Diario y Página12 revelaron el asesinato de Andrés Campoy, de veinte años, muerto de un tiro en la nuca en Mendoza. Su madre Mónica denunció que los gendarmes acusados de homicidio agravado borraron todas las pruebas. Ellos se defienden diciendo que se trató de un suicidio.

Desde el ministerio de Seguridad indicaron que no tienen “antecedentes de actuaciones, ni personal identificado” sobre lo ocurrido en Salta. En tanto, sobre el caso de Facundo Scalzo una fuente informó que “los gendarmes imputados en la causa continúan en actividad sin cumplir funciones operativas”, es decir cobrando su sueldo sin hacer nada. Hay un sumario administrativo con seguimiento desde la Dirección de Control y Prevención de la Violencia Institucional.

Ése área realizó un dictamen donde sugieren una serie de medidas para avanzar en la sanción administrativa. Si bien los gendarmes fueron procesados, la Cámara de Apelaciones modificó la calificación legal de homicidio agravado a exceso en la legítima defensa. Los tres gendarmes están excarcelados. La Dirección de Violencia Institucional pidió que sean pasados a disponibilidad, pero Gendarmería no respondió de modo que los funcionarios reiteraron la solicitud y esperan la contestación.

Respecto de Campoy, el gendarme Corazón de Jesús Velázquez está en actividad y prestando funciones en la Unidad de Investigaciones y Procedimientos Judiciales La Rioja. En tanto, Maximiliano Cruz no figura en el escalafón del personal activo, por lo que no presta más funciones en GNA. “No tenemos información, dado que no surgen registros en la base histórica de la Dirección, es si fueron sometidos a sumario administrativo o, en todo caso, cuáles fueron los motivos por los que Cruz dejó de estar en actividad. Vamos a pedir los antecedentes a la fuerza”, dijo la fuente.

En su libro La Gendarmería desde adentro (Siglo XXI, 2020) la ministra Frederic presenta a la Gendarmería como una fuerza modelo, intentando mantener cierta imagen impoluta de sus actuales subordinados mientras ellos nunca dejaron de detener ilegalmente, torturar y hasta matar. Y mientras los jefes que conducen la fuerza nunca dejan de esconder esos trapos sucios.

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