Newsletter. Mentiras y verdades sobre el perito Marcos Herrero

Hola, ¿cómo va? Espero que bien. Imposible arrancar esta entrega de Antipoliciales sin mencionar la reciente sentencia de un jurado popular que condenó a cuatro policías bonaerenses (tres aún integran la fuerza) por el homicidio agravado de cuatro adolescentes (y el intento de homicidio de una quinta joven), en el horrendo hecho ocurrido el 20 de mayo de 2019 conocido como la Masacre de Monte.

En nuestra cobertura del juicio realizado en La Plata (podés verla acá), dijimos que Rocío (hoy de 17 años) y las familias de Danilo (13), Camila (13), Gonzalo (14) y Aníbal (22) pudieron arrancarle al Poder Judicial (siempre cómplice de la represión estatal) un poco de justicia, pero que lo realmente justo hubiese sido que, aquella noche de hace cuatro años, las pibas y los pibes hubieran terminado el paseo en el Fiat 147 sin toparse con los asesinos uniformados. Ahora habrá que juzgar a quienes encubrieron el crimen, incluyendo a la actual presidenta del INTI y exintendenta de Monte, Sandra Mayol.

Hablando de “encubrimientos”, hoy te voy a contar una historia que, de no ser cierta, bien podría habérsele ocurrido a les guionistas de Netflix o Star+. Al protagonista tal vez lo conocés o, al menos, viste su nombre en las “noticias”. Es Marcos Herrero, adiestrador de perros con larga trayectoria en causas penales en las que, convocado como perito, halló cadáveres, huellas y elementos que ayudaron a resolver casos complejos. Casos donde, de una u otra manera, había sectores del poder involucrados.

La historia de la criminología está llena de estafadores que se aprovechan de causas complejas para fundar carreras personales y, sobre todo, ganar buenos honorarios. Argentina, un país en el que desde el propio Estado parece un deporte inventar causas y plantar pruebas, no está exenta de ese peligro. Con el análisis que sigue sobre las acusaciones que se hacen contra Herrero, nuestro interés no es defender “porque sí” a nadie, sino buscar y exigir verdad. Sobre todo cuando las mentiras terminan siendo usadas contra las familias de las víctimas de los crímenes en los que el mismo Estado es protagonista o cómplice.

Anticipo. Lo que sigue es extenso. Tené paciencia. Hasta podés leerlo de a partes. Pero, sinceramente, no encontré forma de explicarlo bien y más resumido. Como en las buenas series, cada capítulo es importante.

Cuchillo de palo

El 29 de marzo de este año el Tribunal Oral Penal 2 de Mendoza condenó a Herrero a ocho meses de prisión en suspenso. Lo consideró culpable del delito de “encubrimiento” en el marco de hallazgos que realizó junto a sus canes en 2021 en la localidad mendocina de Potrerillos. Hasta allí había viajado desde Viedma (donde vive), convocado por la familia de Viviana Luna, una mujer de 46 años desaparecida en 2016 y sobre cuyo paradero el Estado aún no da respuestas.

En las últimas semanas, diversas empresas periodísticas (sin “grieta”) tomaron la sentencia de los jueces Ramiro Salinas, Luis Correa Llano y Ariel Spektor contra Herrero como un ejemplo de desenmascaramiento de un estafador que juega con el drama de familias destrozadas. Rebautizado “peritrucho”, columnistas de Policiales se regodean adjudicándole otros supuestos “delitos” y hasta anticipan futuras anulaciones de sus hallazgos en otras causas.

Antes de explicar esa condena irregular, un par de alertas. Ni en los nueve meses que estuvo detenido “preventivamente” ni luego de la sentencia, Herrero fue contactado por esos columnistas para escuchar su versión. Al mismo tiempo, se dieron por ciertas las especulaciones surgidas de crípticos despachos judiciales mientras la duda es el recurso intelectual menos utilizado. Y por otro lado sí se pone en duda lo hecho por Herrero en casos emblemáticos en los que sus colaboraciones fueron determinantes. Peligroso.

Apenas cuatro ejemplos: el caso de Micaela Ortega (2016) en Bahía Blanca, inspirador de la Ley 27.590 (“Ley Mica Ortega”) que creó el Programa Nacional de Prevención y Concientización del Grooming (ciberacoso a niñes y adolescentes). El de Araceli Fulles (2017), la joven asesinada en José León Suárez cuyo cuerpo fue hallado por los canes en la casa del femicida. El del niño Marito Salto (2016) en Quimilí, secuestrado, violado, estrangulado y descuartizado por cuyo crimen en 2022 fueron condenados el empresario Miguel Jiménez (ladero del poder político santiagueño) y varios cómplices. Y el de Facundo Astudillo Castro (2020) en Villarino, donde la principal sospechosa de su desaparición y muerte es la Policía Bonaerense.

En esos casos (y en muchos otros) Herrero fue convocado por el Poder Judicial, actuó como especialista del cuerpo de Policía de Río Negro y su accionar fue seguido y custodiado por fiscales y miembros de otras fuerzas. La sola afirmación de que el tipo anda como loco “plantando pruebas y huesos” por el país es, de mínima, irresponsable. Mucho más cuando el resultado de sus pericias provocaron en varios personajes con poder o influencia el odio a Herrero y claman dejarlo game over.

¿Quién encubre a quién?

En el reciente informe “Causas Armadas en Argentina: una industria estatal que no para de crecer”, junto a Valeria Jasper te contamos cómo las cárceles y comisarías del país están llenas de inocentes a quienes se culpa de los más variados delitos, desde narcotráfico a homicidios. Y mencionamos entre los ejemplos actuales al de Marcos Herrero. Veamos por qué.

El 7 de diciembre de 2016, Viviana Luna fue vista por última vez en Potrerillos (a 70 kilómetros de Mendoza Capital) donde vivía con sus hijes. Seis años y medio después, nadie que la haya conocido cree que Viviana se ausentó voluntariamente. Pero el Poder Judicial sigue “averiguando su paradero” sin darle a la familia ningún dato firme sobre lo que le pasó.

En 2021, tras años de impunidad, les hijes de Luna le pidieron a la fiscal Claudia Ríos (a cargo de la causa) que convocase a Herrero para ayudar en la búsqueda. Eso lo recomendó el grupo Kunti K-9 , una ONG mendocina de adiestradores que se formaron con Herrero. Sin explicar por qué, la fiscal se negó. Pero autorizó a la familia a tomarlo como perito de parte. Para costear los gastos del traslado desde Viedma (1.400 kilómetros) y de la estadía de adiestrador y perros hicieron una colecta.

Entre fines de septiembre y principios de octubre de ese año Herrero y dos de sus canes, acompañados por hijes de Luna y miembros de Kunti K-9, rastrearon lugares por donde podría haber pasado la mujer, como el abandonado Hostel Los Pinos y la casa de Ariel Julián, su expareja (quien les abrió la puerta y vio todo el procedimiento). Tras tomar muestras de olor de una prenda de Luna, los perros “marcaron” diversos objetos, entre ellos un trozo de hueso de un cráneo humano. Todo lo hallado le fue entregado a otro fiscal, Gustavo Pirrello, quien ordenó pericias y tomó declaraciones testimoniales.

En los tribunales mendocinos es vox populi que al titular de la Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional los flashes y las cámaras le tiran más que una yunta de expedientes. De hecho, se da por descontado que la filtración de datos del caso a redacciones y canales se dio gracias a los aceitados vínculos de la fiscalía de Pirrello con empresarios de medios locales.

Lo cierto es que tres meses después de los hallazgos en Potrerillos, a poco de cumplirse cinco años de la desaparición de Luna, sorpresivamente el fiscal le pidió a la jueza de turno Carolina Colucci que ordenara la detención de Herrero. En cuestión de horas, el Poder Judicial mendocino coordinó con el rionegrino la detención y “extradición” del perito.

Para el 7 de diciembre de 2021, cuando los medios recordaban los cinco años de la desaparición de Luna, Herrero ya estaba encerrado en el Penal de Boulogne Sur Mer. Mientras, Pirrello daba entrevistas contando las “novedades” del caso: según él, estaba probado que el “peritrucho” había “plantado” huesos, papeles y otras cosas para “desviar la investigación” sobre el destino de Viviana. Se lo acusaba de dos “falsas denuncias”, dos “falsos testimonios”, dos “usurpaciones de título”, un “encubrimiento” y una “estafa”.

Apenas Herrero se sentó frente a Pirrello, éste le tomó declaración indagatoria y le mencionó los cargos en su contra. Pero nunca le informó cuál era el supuesto delito que él habría encubierto al plantar pruebas falsas. Algo que exige el Código Penal al establecer que el encubrimiento se da cuando alguien altera, deposita o quita pruebas respecto a otro delito cometido por otra persona.

¿Sabés algo? Ese delito precedente no existe. La causa abierta en 2016 hasta hoy es por “averiguación de paradero” y la investigación de la fiscal Ríos fue tan pobre que ni siquiera figuran indicios, pese a las sospechas de la familia Luna, de un posible femicidio o desaparición forzada. La defensa de Herrero entiende que, por irregular, aquella indagatoria inicial debe ser considerada nula y, por ende, toda la causa debería anularse.

Uno de ocho

La prisión preventiva duró nueve meses, hasta agosto de 2022, pese a que el mismo fiscal reconoció que por la expectativa de pena (delitos excarcelables) y sin posibilidad de fugarse ni entorpecer la “investigación”, en realidad Herrero podría haber quedado en libertad apenas abierta la causa. No sólo lo mantuvieron preso, sino que durante ese tiempo lo extorsionaron con un juicio abreviado, donde a cambio de “confesar” todos los delitos podía recibir “sólo” dos años de prisión (luego bajaron a uno). Herrero no aceptó y, fracasado el intento, Pirrello decidió elevar la causa a juicio. Recién cuando se puso fecha a ese proceso, lo liberaron y dejaron volver a Viedma.

A poco de iniciada la causa, Pirrello debió archivar la acusación por “estafa”. Fue cuando declaró como testigo Matías, hijo de Viviana Luna. El joven negó rotundamente que la familia se sintiera engañada, usada y menos aún estafada por Herrero. Es más, hasta ofrecieron su casa para alojarlo cuando la defensa pidió la domiciliaria (negada por el fiscal). En Tribunales aún recuerdan el enojo de Matías con Pirrello el fiscal por querer usarlos para armarle la causa al perito.

El pasado 1° de marzo comenzó el juicio. Allí Pirrello contó con el apoyo del fiscal en jefe de Homicidios del Ministerio Público mendocino, Fernando Guzzo. Tras varios días de audiencias, los jueces Salinas, Correa Llano y Spektor declararon a Herrero inocente de seis de los siete delitos por los que fue juzgado (el octavo por estafa ya no corría). En su sentencia de 19 páginas, el TOP 2 directamente dice que el perito no cometió ni “falsas denuncias”, ni “falsos testimonios” ni “usurpación de títulos”. Pero sí consideraron “probado” que los objetos hallados por los perros en el viejo hostel y en la casa de Julián fueron “plantados” por Herrero. Por eso lo declararon culpable de “encubrimiento”.

Como se dijo antes, es cuanto menos irregular que se lo declare encubridor de un delito nunca investigado. De hecho en el juicio el fiscal Guzzo reconoció que la teoría que manejan en el caso Luna es que la mujer “decidió” irse de su casa “por sus propios medios”. Y es más grave aún que, para afirmar que hubo “encubrimiento”, tanto los fiscales como los jueces se hayan basado en exámenes genéticos rodeados de un procedimiento vidrioso.

Hasta los huesos

Herrero y sus canes no suelen trabajar con huesos, sino con el olor de las personas buscadas que puede hallarse en objetos personales como ropa o accesorios. Quienes sí lo hacen son los integrantes de Kunti K-9 , pero sobre sus miembros no hubo sospecha alguna. Cuando declararon ante el fiscal, casi todas y todos los miembros del grupo negaron dudar de Herrero y hasta elogiaron su tarea. Salvo Laura Ballester, una exalumna suya, que lanzó una serie de ambigüedades sobre las que se apoyó el fiscal para fundar su hipótesis.

Entre otras cosas, Ballester dijo que Herrero llevaba un bulto en el bolsillo de su chaqueta que podía ser el cuerpo del delito. Pero sus compañeras dijeron que en realidad ese bulto era de un juguete con el que se premia a los perros. Además, quienes presenciaron el juicio vieron la inusual animosidad de Ballester hacia su exprofesor. Algo que el propio Tribunal reconoció en su sentencia, pese a que contradictoriamente se la consideró una “testigo clave”. Por si fuera poco, en el juicio Ballester se negó a responder preguntas de la defensa de Herrero, por lo que podría cuadrarle la figura de “testigo reticente” (semejante al falso testimonio).

Con la “duda” montada sobre el accionar de Herrero, el fiscal Pirrello pidió a sus pares de Río Gallegos que le remitieran un maxilar masculino que, tras ser hallado por uno de los perros en una casa de la capital santacruceña, fue incorporado al expediente por “averiguación de paradero” de Marcela López, otra mujer desaparecida el 22 de mayo de 2021 y en cuyo caso (aún no esclarecido) la familia también sospecha que se cometió un crimen.

En el expediente abierto por Pirrello figura el pedido de remisión del hueso desde Santa Cruz a fin de cotejarlo con el hallado en Potrerillos. También la remisión de un maxilar al Laboratorio de Genética Forense de la provincia, dirigido por el doctor Miguel Marino. Pero, según las fuentes consultadas, lo que no existe es la acreditación de la cadena de custodia de esos restos óseos en su largo viaje de 2.700 kilómetros. A la defensa de Herrero nunca se le mostró esa constancia. Sin embargo, el fiscal asegura que el hueso hallado en Santa Cruz realmente es el que viajó, conservado y custodiado, desde la Patagonia.

El doctor Marino analizó y cotejó ambas piezas óseas y llegó a la conclusión que tanto el maxilar como el trozo de cráneo pertenecen a una misma persona, de sexo masculino. Eso, para el fiscal, sustentaría la hipótesis de que Herrero tenía varios huesos en su poder y los repartió en dos causas diferentes. Pero hay que aclarar algunas cosas antes de aventurar conclusiones.

Durante el juicio la defensa de Herrero le preguntó al doctor Marino si él había controlado la cadena de custodia del maxilar supuestamente llegado desde Río Gallegos. Bajo juramento de decir verdad el perito respondió que no. Es decir que le podrían haber mandado cualquier hueso para analizar. Él solamente hizo su trabajo. Lo que sí aseguró Marino es que nunca había visto, en su vasta carrera, un hueso tan impregnado de ADN de otra persona como le pasó con el maxilar. A su vez, pese a tratarse de una misma cabeza, en el trozo de cráneo el perito no halló rastros genéticos de Herrero.

Pese a asegurar que el perito “plantó” los huesos, el TOP 2 no explica cómo puede ser que el maxilar esté tan contaminado con ADN de Herrero (casi como si hubiera querido dejar marcada su genética adrede) mientras que en el trozo de cráneo directamente no haya ADN suyo. Los jueces no argumentan cómo puede haberse llegado al absurdo de que dos huesos de una misma cabeza, manipulados por una misma persona y luego separados por una larga distancia, analizados genéticamente tres veces por el mismo especialista, presenten tamaña disparidad.

Hay un dato inquietante: a Herrero le tomaron tres veces muestras de ADN en el marco de la “investigación”. ¿No es coherente preguntarse qué se hizo con todo ese caudal molecular? Y otro dato: si los huesos pertenecen a un varón, no son de López, ni de Luna ni de ninguna otra mujer. ¿Qué tipo de encubrimiento estaría cometiendo Herrero al plantar evidencias no relacionables con las personas buscadas? Tampoco acá hay respuesta de los jueces.

Mucho menos explica el Tribunal a quién pertenecen realmente esos huesos. Porque además de las dos mujeres desaparecidas, acá hay un hombre muerto cuyos huesos el Poder Judicial dice que fueron “repartidos”, al menos, en dos provincias. ¿Dónde está el resto de la osamenta? ¿Hay otro crimen no esclarecido detrás de esos hallazgos de los canes de Herrero?

Es más que lícito pensar que en lugar de haber sido Herrero el que “desparramó” huesos a troche y moche, en verdad se los plantaron a él en una causa armada para impedir que siga trabajando. De hecho, hasta que el fiscal Pirrello abrió la causa en Mendoza, el hallazgo del maxilar en Río Gallegos nunca había sido cuestionado.

En busca de la absolución

Pese a que la fugaz acusación de “estafa” quedó en el olvido, el TOP 2 ubica “los motivos que llevaron a Herrero a delinquir básicamente (en) cuestiones económicas”. Lo curioso es que, según las fuentes consultadas, Herrero no logró siquiera cobrar algún tipo de honorario por su viaje a Potrerillos. El dinero que la familia Luna llegó a recolectar alcanzó para costear el viaje desde Viedma con los perros. Cuesta entender en qué se basan los jueces para afirmar que el perito sólo hizo todo eso por plata.

El 2 de abril la defensa de Herrero presentó un recurso de Casación ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, pidiendo la nulidad de la condena por encubrimiento al entender que no existe delito precedente para que a su defendido se le aplique tal cargo. A su vez pone en cuestión la solvencia de las “pruebas” que le adjudican haber plantado, ya que hubo irregularidades en cuanto a la cadena de custodia y hay muchas dudas sobre los rastros genéticos encontrados en ellas.

Entre los siete jueces del máximo tribunal provincial deberá sortearse el trío que conformará la sala que deberá resolver el recurso. No se descarta que la resolución se demore un par de años o más. Mientras tanto, Herrero no podrá salir del país y públicamente seguirá siendo señalado como un farsante, especialmente por quienes se vieron afectados por sus pericias.

La defensa de Herrero agotará todas las instancias procesales para obtener su absolución. Y se da la paradoja de que, de ser rechazado ese planteo, de todos modos Herrero seguirá libre porque, en rigor, ya cumplió la condena que le aplicaron. En otras circunstancias, si Herrero no fuera quien es, el Tribunal muy probablemente lo hubiera absuelto ya que quien lo acusa no mostró las pruebas indubitables que confirmen su culpabilidad.

Hay un elemento más, imposible de omitir. Por los supuestos siete delitos, pese a proponerle un “abreviado” con “sólo” dos años de prisión, la Fiscalía terminó pidiendo en el juicio un año y cuatro meses para Herrero. Pero a eso le sumó un pedido de inhabilitación por cinco años para actuar con sus perros. La idea sería: que salga libre pero que no pueda trabajar. Tan obvia resultó la jugada que el Tribunal no hizo lugar al deseo de Pirrello y Herrero no fue inhabilitado. Es decir que puede seguir, si así lo quisiera, colaborando en nuevas causas penales con sus canes.

¿Y ahora qué?

Gracias por llegar hasta acá. Todo lo anterior sería casi anecdótico si no fuera porque, tomando como base la sentencia del TOP 2 de Mendoza, hay quienes hoy plantean que el trabajo de Marcos Herrero en otras causas debe ser invalidado como prueba.

Desde hace algún tiempo el inefable fiscal federal de Bahía Blanca, Santiago Ulpiano Martínez, está decidido a cobrarse revancha con Herrero en el caso de la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro. Como se sabe, varios hallazgos de los canes del perito en dependencias policiales integran la larga lista de obstáculos que tuvo el titular de la Fiscalía 1 bahiense para lograr su objetivo de encubrir a la Bonaerense. Al igual que la primera jueza del caso, María Marrón (separada por la Cámara de Casación), Martínez terminó fuera de la causa al quedar en evidencia.

Ahora, montándose en la causa armada en Mendoza, Martínez le pidió al juez bahiense Walter López Da Silva (a cargo de la causa tras el alejamiento de Marrón) que indague y detenga a Herrero. Curiosamente no lo acusa de “encubrimiento” sino de “falso testimonio” y “falsa denuncia”, dos de los delitos por los que en Mendoza el perito fue absuelto. Más curioso aún es que, para desautorizar sus técnicas de rastreo canino, el fiscal apele a las afirmaciones “autorizadas” de otro adiestrador, Mario Rosillo, quien participó en varias causas (con condenas ya firmes) usando esas mismas técnicas.

Según dijeron fuentes del caso a Antipoliciales, Ulpiano Martínez no debería prosperar en su empresa contra Herrero, ya que en verdad fue él quien desvió la investigación, cometió infinidad de irregularidades y hasta se valió de periodistas afines para difundir información contra el propio Astudillo Castro y en defensa de los policías sospechados. Si hubiera algo parecido a la justicia, el fiscal debería rendir cuentas por abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionario público.

Hay otra causa donde participó Herrero en la que también se pretende anular sus hallazgos tomando como base la sentencia de Mendoza. Se trata del femicidio de Araceli Fulles, ocurrido en José León Suárez en 2017. Allí un perro de Herrero halló el cuerpo de la joven enterrado en el patio de la casa de Darío Badaracco e hizo marcaciones de olor (tras tomar una muestra de una prenda de la chica) en un corralón. Además del dueño de la casa (quien murió en la cárcel en 2019), el año pasado fueron condenados a prisión perpetua otros tres hombres: Carlos Cassalz Hugo Cabañas y Marcelo Escobedo.

Hace pocos días la organización Innocence Project (una ONG que toma casos de personas injustamente condenadas para intentar lograr su liberación) presentó un amicus curiae en la causa de Araceli según el cual afirman que Cassalz, Cabañas y Escobedo fueron mal condenados. ¿Por qué? Porque se tomaron como pruebas incriminantes los hallazgos de Herrero y sus perros, ahora supuestamente cuestionados por haber sido juzgado y condenado en la causa de Viviana Luna.

Un amicus curiae es un recurso judicial válido, que sirve como recomendación “amigable” a un Tribunal en favor de alguna de las partes de un proceso. Luego los jueces evalúan si dan o no crédito a esas sugerencias. En este caso, toda la crítica a la condena de los tres hombres se basa en la participación de Herrero. Para ello, por un lado le bajan el precio a la “capacidad” del perito para intervenir en casos como el de Araceli; y por otro, hacen propias las elucubraciones del fiscal mendocino Pirrello.

Para cuestionar la idoneidad de Herrero, Innocence Project reproduce bibliografía que relativiza la infalibilidad de las pericias odoríficas. Como en toda ciencia dinámica, los debates teóricos y técnicos son permanentes. El problema es cuando se apela a la parte de la biblioteca más afín a las propias hipótesis sin mensurar con el mismo espíritu analítico otras variantes del caso.

En diálogo con La Izquierda Diario sobre el tema causas armadas, el director de Innocence Project Manuel Garrido había dicho que la ONG es muy rigurosa al momento de evaluar cada caso. Viendo sus logros en algunas causas, no hay por qué desconfiar. Lo (cuanto menos) llamativo es que, para demostrar la hipotética inocencia de tres condenados en el caso Fulles se apoyen en la hipotética culpabilidad de Herrero, a quien también le armaron una causa.

No es descabellado pensar que, si hubieran analizado a fondo el expediente con el que Pirrello “empapeló” al perito, Innocence Project hasta podría realizar un amicus curiae en su defensa y no en su contra. Hay que remarcar que en el caso Fulles a Herrero lo convocó el propio Poder Judicial, que actuó junto a bomberos voluntarios de Punta Alta y que todo lo hecho con sus perros fue supervisado por funcionarios judiciales y policías. Hasta que no apareció la condena por “encubrimiento” en Mendoza, las defensas de los condenados nunca habían impugnado sus aportes a la causa.

Aunque hoy no pesen sobre Herrero trabas legales para que pueda seguir haciendo lo que sabe, con la causa armada en Mendoza parecieron jugarse a dejarlo fuera de juego.

Consultado por Antipoliciales para este informe, Herrero dice que, estando preso y lejos de su familia quisieron quebrar su voluntad, pero que se mantuvo firme y no cedió a las presiones. Asegura que hubo momentos en los que la pasó realmente mal, pero que nunca perdió sus convicciones ni dejó de declararse inocente. Leyó y escribió mucho. Mientras tanto, desde su modesta casa de Viedma lanza una sentencia personal: “Creo que se cerró una etapa muy importante de mi vida, viendo los ataques que recibí por mis aportes en diferentes causas, quizás sea momento de dejar de dedicarme en la práctica a esta tarea”. ¿Game over?

Postdata 1- Crímenes de ayer y siempre. El jueves pasado comenzó el juicio oral contra 16 exmilitares, exagentes de las policías Bonaerense y Federal y dos civiles por 229 crímenes cometidos en los Cuerpos de Infantería y Caballería de la Policía provincial ubicados en la emblemática esquina de 1 y 60 de La Plata y en la Comisaría 8va. Valeria Jasper te cuenta los detalles.

Postdata 2- No te pierdas el video del homenaje que Caballito por la Memoria y familiares de César Robles realizaron en la plaza de Primera Junta de CABA para recordar al dirigente del Partido Socialista de los Trabajadores (PST) secuestrado y asesinado por la Triple A el 3 de noviembre de 1974. Fue uno de los crímenes emblemáticos del terrorismo de Estado previos al golpe de marzo de 1976. Leé más acá.

Postdata 3- Otra causa armada. La semana pasada Ricardo Maidana fue liberado tras comprobarse las brutales inconsistencias del proceso que le abrió la Bonaerense por “robo” después de balearlo en la cara y dejarlo al borde de la muerte. Sucedió en Villa Itatí, Quilmes, y fue la movilización de familiares y vecinos del trabajador la que logró que hoy Ricardo se recupere en su casa de las heridas policiales. Debe ser sobreseído y sus agresores juzgados y condenados.

Hasta dentro de quince días. Cuidate de la gorra. Y avisá si te enterás de algún nuevo capítulo del rati horror show. No seas botone.

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