JORNALEROS EN MEDIO DE LA PANDEMIA. Migrantes sin derechos y en condiciones de semiesclavitud en el Estado español

El Gobierno de Pedro Sánchez en el Estado español, evita responder sobre la regularización de personas migrantes en plena pandemia, hablando de “trabajadores acogidos en sistemas de asilo”. Este tipo de contratos que impiden acceder a la ciudadanía es la respuesta del Gobierno para gran parte de los trabajadores superexplotados del campo.

"En relación con la cuestión de la regularización de inmigrantes, efectivamente esta es una de las cuestiones que se ha planteado, en este caso, por parte de algunos grupos parlamentarios. Nosotros creo que en el ámbito del sector agrícola hemos dado una respuesta no solamente de trabajadores nacionales sino también de trabajadores que estaban acogidos a sistemas de asilo para poder ser empleados en este tipo de actividades"

Esta es la no-respuesta del Gobierno a la pregunta “¿se plantea una regularización de migrantes similar a la llevada a cabo en Portugal?”. Una medida de ese tipo podría beneficiar a hasta 600.000 personas. La alternativa que propone Sánchez es permitir que sigan trabajando durante la pandemia en condiciones insalubres las personas cuyo permiso de trabajo acabase entre el 15 de marzo y el 30 de junio.

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Las Jornaleras de Huelva en Lucha denunciaban que nueve grandes empresas onubenses del sector de frutos rojos no daban acceso al agua, mascarillas o guantes ni se guardaba la distancia de seguridad. El permiso es para que las personas migrantes sean carne de cañón sin las protecciones necesarias durante algo más de tiempo del habitual. Al mismo tiempo, a causa de la reaccionaria Ley de Extranjería, no pueden acceder a ningún tipo de subsidio extraordinario, ni de prestación ni ayuda.

¿Qué son los contratos en origen? Cuando el mundo laboral y el racismo se dan la mano

La contratación en origen que Sánchez propone alargar excepcionalmente está hecha para impedir que las trabajadoras accedan a la ciudadanía aunque lleven años trabajando en el Estado español de forma intermitente. Éstas son más vulnerables a las presiones de sus patrones porque en cualquier momento se las puede amenazar con devolverlas a sus países, ser coaccionadas con el típico ‘al año que viene no te llamaremos’, además tienen un mayor desconocimiento del idioma y, por supuesto de la legalidad, convenios o derechos fundamentales.

Los requisitos para contratar de origen a estas mujeres son: ser originaria de un medio rural con experiencia en la agricultura, estar casada, viuda o divorciada y tener al menos un hijo menor de 14 años. En definitiva, lo que buscan es población femenina más vulnerable para condicionarlas, no solamente a que regresen a su país de origen una vez acabe la temporada de recogida, sino que también someterlas a peores condiciones.

Mientras tanto, las deportaciones han continuado, como la ordenada por Interior a Túnez, ministerio al que responsabiliza la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, cuando ha defendido estos días una inmigración "ordenada y regular". Por su parte, la formación ultraderechista Vox propone obligar a las temporeras que han quedado atrapadas por la declaración del Estado de Alarma a exponerse trabajando en el campo (con las condiciones insanas que ello conlleva) o enfrentar una deportación.

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Ya antes de la pandemia, la situación era de superexplotación para las y los trabajadores del campo andaluz, con salarios de miseria, sin seguridad o higiene laborales, muchos sin vivienda, con jornadas de 14 o 15 horas totalmente en precario por no decir en régimen de esclavitud.

#RegularizaciónYa contra la racista ley de Extranjería

Un total de 900 organizaciones y colectivos se han adherido a la campaña ’#RegularizaciónYa’, que implicaría suspender todas las deportaciones y la Ley de Extranjería. Esta medida es fundamental para estos miles de trabajadores migrantes que están en la primera línea ante el coronavirus, muchas veces en condiciones muy precarias.

Junto a esto, es necesario levantar comités sindicales de base de trabajadores y trabajadoras del campo que se autoorganicen y se coordinen para hacer frente a los abusos que se produzcan sobre estos trabajadores y trabajadoras precarizados, para exigir condiciones de trabajo y de seguridad dignas, así como imponer la regularización de todos los trabajadores sin papeles: quien trabaje para alimentar a la población en esta crisis brutal debe gozar del derecho a la residencia permanente sin condiciones.

En perspectiva, garantizar ésto de forma duradera en el campo español solo puede ser fruto de imponer el control de las propias trabajadoras y trabajadores sobre la producción, y no en manos de unos parásitos que juegan con sus vidas en busca de beneficios.