Se cae el relato. Minería: ¿llegan inversiones por el RIGI?

El martes a la noche Luis Caputo tuiteaba la presentación del undécimo proyecto para acceder al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones. Se trata del proyecto de litio de la minera Río Tinto en el Salar del Rincón en Salta. El ministro menciona que “una de las compañías más grandes del mundo vuelve a creer en Argentina”. Sin embargo, este proyecto ya estaba en cartera previo al RIGI, al igual que los demás emprendimientos mineros presentados hasta ahora. En su desesperación por mostrar inversiones, el gobierno exagera anuncios y presenta como nuevas iniciativas que ya estaban en marcha.

Las transnacionales mineras en Argentina ya contaban con múltiples beneficios antes del RIGI. La Ley de Inversiones Mineras de 1993 estableció un régimen que facilitó el saqueo de recursos con exenciones fiscales, cambiarias y aduaneras, además de garantizar estabilidad fiscal por 30 años.

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Entre los beneficios fiscales se puede nombrar la deducción del 100% de los gastos de prospección, exploración y estudios de factibilidad, lo que permite deducir dos veces la inversión en el Impuesto a las Ganancias, la devolución anticipada del IVA sobre bienes y servicios utilizados en la exploración minera, la amortización acelerada de inversiones en equipamiento, construcción e infraestructura y la deducción ambiental que deducir hasta el 5% del gasto operativo de extracción y beneficio para previsiones ambientales. En cuanto a los beneficios aduaneros, están exentas del pago de derechos de importación y otros impuestos para la importación de bienes de capital, equipos e insumos. El régimen también garantiza la estabilidad fiscal por 30 años, es decir, que no se pueden agregar nuevos impuesto, o alzas de alícuotas, y en cuanto a las regalías pone un tope de del 3% del valor boca mina, permitiendo a las provincias fijar regalías de hasta 5%.

El RIGI incorpora dos beneficios adicionales. Por un lado, el no pago de derechos de exportación, es decir, la posibilidad de llevarse los dólares aunque haya cepo, que es del 100 % de las divisas a partir del tercer año. Por otro lado, la adhesión de las provincias implica la estabilidad por 30 años que garantiza que no se creen nuevos impuestos provinciales para el sector.

No obstante, los proyectos presentados ya venían operando en Argentina en las fases de exploración, prefactibilidad e incluso construcción. Los proyectos mineros presentados para adherir al momento son:

• Sal de Oro, proyecto de litio en Salta: la empresa surcoreana Posco solicitó la adhesión al RIGI para el proyecto de extracción que viene desarrollando hace algunos años. Las exploraciones comenzaron en 2019, seguidas en el 2020 por la construcción de una planta de demostración, en 2022 la primer planta comercial dividida en dos, la planta upstream en la Puna y la planta downstream en General Güemes, y en 2023 el comienzo de la construcción de la Planta Comercial 2 en la región de La Puna.

• Rincón, proyecto de litio en Salta: la empresa Río Tinto adquirió el proyecto en marzo de 2022 cuando ya contaba con la fase de exploración avanzada y logró enseguida la aprobación de los estudios de impacto ambiental para avanzar en la construcción de la planta piloto. Nuevamente se trata de un proyecto encaminado a pesar de las declaraciones del director ejecutivo de Rio Tinto que se reunió con el presidente estafador Javier Milei, a quien agradeció por el RIGI señalando que “ha sido clave para poder convencer a los accionistas para seguir adelante con las inversiones en Argentina".

• Proyecto Hombre Muerto Oeste de litio, en Catamarca: operado por la minera australiana Galan Lithium, la fase de exploración comenzó en el 2018 en el mismo Salar que es explotado desde 1996. Ya desde el 2020-2021 inició fases de prueba piloto para la obtención de carbonato de litio vía evaporación, en 2023 terminaron las pruebas de factibilidad y comenzaron a producir, obteniendo a comienzos de este año la aprobación para escalar en la capacidad productiva.

• Carbonatos Profundos proyecto de oro, en San Juan: en la Mina Gualcamayo donde la explotación de oro no es nueva. De hecho, viene funcionando desde 2007 cuando Minas Argentinas SA fue adquirida por Yamana Gold, quien llevó adelante la construcción y puesta en marcha del proyecto. En septiembre de 2024, Eris LLC adquiere la mina de oro y presenta el plan de Carbonatos Profundos que “técnicamente” no sería una extensión de Gualcamayo, sino la construcción de una nueva mina. Pero se trata del mismo lugar, aprovechando toda la construcción previa. Aún sin RIGI, hay amplios márgenes de rentabilidad en este proyecto.

• Proyecto de cobre Los Azules, en San Juan: gestionado por Andes Corporación Minera (subsidiaria de McEwen Copper). Comenzó los estudios de exploración en 2022 y buscan adherir al RIGI incluyendo las tareas de estudios de factibilidad como parte de la estimación de la inversión total, con la proyección de empezar la construcción recién en 2026. En este caso, la duda es si el mínimo de inversión de 200 millones para poder entrar en el RIGI se concretará en los plazos que estipula el régimen.

El gobierno necesita anunciar la llegada de inversiones porque, como señala la consultora Orlando J. Ferreres, los niveles de inversión bruta de todo el 2024 estuvieron en caída, con la única excepción de diciembre que se explica por una base de comparación muy baja en 2023. La estimación que realizan da una caída de 13,7 %.

La desesperación por mostrar inversiones también se vio en la conocida estafa de Milei con la criptomoneda $Libra. En sus propias palabras, la criptomoneda que difundió serviría para fondear proyectos en el país aunque minutos después la comparó con un casino, en una entrevista que, aún pactada con el periodista, estuvo marcada por la contradicción constante en el discurso.

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Las inversiones en la minería extractivista también son una estafa

Todos los beneficios que ha tenido la minería en estos años no han traído más que saqueo y destrucción de territorios. Son inversiones que generan pocos eslabonamientos productivos, que también están asociados a procesos de especulación financiera y que han tenido múltiples denuncias de fraudes al fisco aún pagando muy bajos impuestos y con beneficios especiales.

La población no cuenta ni de cerca con el “marco de estabilidad” que exigen las grandes transnacionales. No existen los mismos beneficios para derechos laborales o para evitar la pérdida de salario, y el análisis del sector muestra un retroceso incluso en términos de empleo. El último dato disponible en 2024 muestra una baja de la cantidad ya magra de puestos de trabajo de 82.134 en 2023 a 78.640 (contabilizando directos e indirectos). Sin embargo, el sector tuvo un récord en las exportaciones para el mismo período.

Bajo el consenso de todo el régimen político - incluyendo desde los neoliberalistas recargados hasta la progresismo - de que “hay que exportar más para crecer”, se refuerzan los lazos de dependencia y atraso del país. Las pocas divisas que genera el sector se usan para la deuda externa y las transnacionales imponen sus propias condiciones. Pueden llevarse los minerales externalizando los costos ambientales - que pagamos las poblaciones locales - , sin desarrollar valor agregado a nivel nacional y sin siquiera transferir tecnología o conocimientos para el desarrollo minero.

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A contramano de esta orientación pro-imperialista y capitalista, los minerales son bienes comunes naturales que deben ser controlados y gestionados por las mayorías populares. La crisis climática y ecológica es cada vez más acuciante, con el mes de enero rompiendo récord de temperatura a nivel global, lo que vuelve aún más urgente la transición a una matriz energética menos contaminante.

Esta transición requiere de minerales que no podemos ni regalar a las grandes empresas ni explotar de forma indiscriminada provocando nuevos trastornos socioambientales. Pero a los capitalistas solo les interesa la ganancia privada, para socializar los beneficios de la economía - y no sus costos - es fundamental que la producción esté bajo el control de las y los trabajadores y comunidades. Solo así podemos pensar y crear nuevas formas de producción que sean puestas al servicio de garantizar el derecho a la energía a toda la población, planificando desde la minería hasta el conjunto del sistema energético.