Una mayoría de diputados de la UCR con el quórum del PJ, a pedido del gobernador saliente, aprobó un proyecto de Ley que regula la actividad del Ministerio Público de la Acusación, un organismo que encabeza la persecución política en la provincia. Además aprobaron otras leyes también vinculadas a la Reforma Constitucional. En las puertas de la Legislatura comunidades, gremios y partidos de izquierda se manifestaron.
Viernes 10 de noviembre de 2023 10:56
Foto de archivo.-
En horas de la tarde de ayer y en menos de una hora el bloque de diputados de la UCR con el apoyo de monobloques (como el de F. Posadas), y el quórum del PJ, aprobó el proyecto de Ley que regula el funcionamiento del Ministerio Público de la Acusación. Este organismo que tomó estado constitucional tras la Reforma, contará con presupuesto propio y un estatus legal que le otorga más poder al momento de cumplir sus funciones: perseguir a todo opositor político y, en especial, al pueblo trabajador que se movilice en las calles reclamando al gobierno de turno.
Esto quedó demostrado desde que se creó el MPA a instancias del Poder Ejecutivo y que concentra a fiscales que acusan a los manifestantes en común accionar con el Departamento Contravencional (Policía) en causas que luego se trasladan al fuero penal (pudiendo inclusive sancionarte por ambas vías, algo ilegal).
Cientos de dirigentes e integrantes de organizaciones sociales, sindicatos, comunidades originarias, la izquierda y manifestantes populares han sido víctimas de este organismo desde que se puso en funcionamiento y jugó un papel central en legitimar la represión y detenciones durante la lucha contra la Reforma.
Sus funcionarios con esta Ley (6363) se aseguran inmunidad y cargos -casi vitalicios- hasta los 80 años. Una forma de poder responder a las necesidades de persecución del estatal del pueblo trabajador de acuerdo a lo que exigen los dueños de la provincia más allá del gobierno de turno. Y también en ajuste de cuentas entre los mismos funcionarios. Están quienes sostienen también que esta Ley estaría pensada para asegurarse fiscales que no investiguen a Gerardo Morales quien dejará su cargo el próximo 10 de diciembre.
Ayer mismo se conoció que el Juez de Control, Jorge Zurueta, presentó un pedido de juicio político del Fiscal General, Lello Sanchez, quien esta a cargo del MPA, por ejercer presiones sobre él y otros jueces, acusándolo de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, entre otros. Esta cruzada viene de larga data, dado que se han solicitado pedidos en similar sentido respecto de Zurueta.
Al respecto el diputado nacional, Alejandro Vilca, sostuvo “Morales deja el gobierno estando muy cuestionado por el pueblo trabajador y quiere asegurarse que el brazo de persecución estatal siga funcionando bien aceitado, así cumple con el mandato de los grandes empresarios de la provincia que quieren mantener a raya a la clase trabajadora que este año con la lucha de docentes y las comunidades originarias se puso de pie.”
Y agregó, “será en las calles con mayor unidad de las y los trabajadores ocupados y desocupados que podremos ponerle un freno a este gobierno ajustador, represor y que permite el saqueo del litio para condenarnos a vivir en la pobreza pese a tener una provincia rica. Nuestros legisladores que asumirán en diciembre tienen el férreo compromiso de pelear por tirar abajo estas leyes y apoyar la movilización del pueblo trabajador para conquistarlo.”
En las puertas de la Legislatura se manifestaron contra estas leyes comunidades originarias del Tercer Malón, dirigentes de gremios (Adep, Cedems, Apuap, Apoc, SEOM) junto a partidos de izquierda (PTS-FIT). Las centrales sindicales, CGT y CTA, no hicieron ningún llamado para enfrentar este tipo de maniobras de Morales.
El gobierno además sigue con su política de no abrir paritarias y otorgar aumentos en el marco de la inflación. Por eso es necesario que los gremios convoquen a un plenario de delegados para unificar a todos los trabajadores y en unidad con las comunidades originarias encarar la pelea por el salario, contra la Reforma y en defensa de los derechos del pueblo trabajador.
Respecto al PJ, si bien votó en contra de esta Ley referida al MPA y otras, su diferenciación interna estuvo entre quienes se quedaron en gran parte de la sesión, los encabezados por Rubén Rivarola, y quienes se retiraron antes (bloque Juntos por Jujuy). Por su parte, el bloque de diputados del vicegobernador, Carlos Haquim, estuvo ausente en la sesión. Este juego de oposición del PJ, incluido el bloque del vicegobernador, intenta despegarse del rechazo popular a la Reforma que ellos mismos aprobaron en 2022 con el voto del diputado Posadas del PJ (luego expulsado del bloque) y durante la misma Convención Constituyente este año pese al reclamo en las calles.
Entre las otras leyes aprobadas se encuentran la Ley Orgánica de Auditoría General de la Provincia, Ley Orgánica del Ministerio de la Defensa, Régimen Penal Juvenil, Códigos de Procedimientos Civil y Comercial, Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley Procesal Constitucional, Ley Procesal de Trabajo y Ley Procesal de Familia.
