Elecciones Jujuy. Morales y sus socios del PJ arman una elección a medida ¿Cuáles son los antecedentes de fraude?

El objetivo es vox populi, Gerardo Morales no tiene posibilidades de volver a presentarse como candidato a gobernador, sin embargo su proyección para competir en las presidenciales parecen solo una ilusión, ya que Jujuy hoy se encuentra lejos de ser un “modelo de gestión”: con el índice de letalidad por Covid-19 más alto del país, una creciente desocupación e índices de pobreza y un régimen sobre el que se va caldeando un descontento popular. Todos los caminos apuntan a Roma: una reforma Constitucional para poder ser re-re-reelecto.

Para lograr su objetivo apuesta al control absoluto de la Legislatura entre su lista y la encabezada por el presidente del PJ jujeño,Rubén Rivarola. Lista con la que viene co-gobernando en una sintonía absoluta. Los métodos van desde la manipulación en la presentación de los padrones fuera de término, la apuesta a una elección de menor caudal por la pandemia pero manteniendo un piso electoral único del 5% del padrón, el bloqueo mediático y, si esto no fuera suficiente, apelarán a todo tipo de maniobras durante el conteo y recuento de votos. Antecedentes hay y de sobra.

Te puede interesar: Carta Abierta al pueblo de Jujuy

Elecciones a la carta

Este año Gerardo Morales (UCR) nuevamente decidió no solo desdoblar la convocatoria a las elecciones provinciales sino convocarlas para el 27 de junio, momento en el que se espera estemos en el pico de la pandemia. Si bien sus senadores nacionales votaron hace días el cambio de fecha para las PASO nacionales aquí no rige la misma lógica. El objetivo es claro: buscan que eso reduzca la participación de los votantes, algo que favorecería a las dos principales listas, ya que para poder acceder a una bancas el piso es de 30.000 votos sin importar la cantidad de votantes efectivos, llevando a que ese piso pueda acercarse al 8, 9 o 10%, como ya advirtiera el editorialista de Canal 4, Alberto Siufi.

De hecho, en las elecciones en la provincia de Misiones de este domingo votó un 60%de las 947.560 personas habilitadas para hacerlo, cuando en el 2019 había participado el 78%.

El Superior Tribunal de Justicia ha decidido avalar el piso proscriptivo en este escenario a pesar de las presentaciones que se hicieron para suspender este piso frente a la inédita situación de pandemia. No es de extrañarse en un tribunal compuesto por ex diputados y ministros del oficialismo.

Por otro lado la cantidad de establecimientos para votar sí fue duplicada, de 250 a 450 en toda la provincia, lo que claramente fortalece a los partidos tradicionales que cuentan con sus aparatos y el Covid la preocupación ya que al día de hoy no cuentan con ningún protocolo sobre cómo se tratarán a posibles votantes con casos. Un ejemplo de la improvisación en cuanto a los temas sanitarios lo protagonizó el primer candidato de la lista de Gerardo Morales, encargado al mismo tiempo del Comité Operativo de Emergencia por el covid, quién un día salió a decir que iban a instalar “urnas covid” para quienes presentaran síntomas y al otro día, luego del lógico revuelo, dijo que no lo harían. Aún hoy no hay protocolo sobre cómo se votará.

Las dificultades no terminan ahí: se mantiene un sistema de colectoras que multiplican ilimitadamente la cantidad de boletas en el cuarto oscuro, aunque el 90% sea de las mismas listas. Por ejemplo, en los principales departamentos como son la capital (M. Belgrano) habrá 26 listas y en Palpalá 36 listas.

Los padrones también han sido habilitados fuera de tiempo, dictando la ley que se presenten tres meses antes de los comicios, aunque el gobierno apenas contó lo hizo con dos meses de anticipación.

El régimen policial que “cuidará” las urnas es uno de los más manchados del país. De esta situación y del manejo informático se hace eco el diputado del FdT Martín Palmieri quien presentó una nota al Presidente de la Nación solicitando veedores ante los comicios del 27 de junio.

Para completar el combo, la empresa de informática encargada de las elecciones aún no ha sido asignada (¿Cuándo lo harán?) pero lo más probable parece ser que se mantenga la misma que ha realizado los recuentos (a medida) anteriormente. Se trata de Simecon una firma que tiene entre sus accionistas al contador del estado provincial quien pertenece a una familias tradicional de la UCR jujeña.

Pero lo más preocupante es que todo este escenario se va tejiendo en una provincia con antecedentes claros y concretos de fraude electoral (ya los iremos desmenuzando), y bajo un gobierno que ha incrementado sus elementos despóticos. Recordemos que en Jujuy hay presos políticos como es el caso de Milagro Sala, y que su detención fue el inicio de una avanzada de persecución, criminalización y represión de la protesta contra activistas obreros como fue el caso de la brutal represión a obreros del ingenio La Esperanza o más reciente a las vecinas y vecinos de Campo Verde, vendedores y vendedoras ambulantes, en definitiva sobre todo aquel que desafie al gobierno y a las patronales, configurando así un régimen policíaco al servicio de los dueños de la provincia.

Una Justicia adicta

El sistema institucional en la provincia de Jujuy se encuentra dirigido de punta a punta por el radicalismo, casi como si fuera una autarquía. El Superior Tribunal de Justicia fue reformado a fines de 2015 por orden de Morales, ampliando a nueve miembros el número de jueces, cuestión que le permitió incorporar a cuatro radicales (Baca, Altamirano, Otaola) que sumados a Falcone y Lamas, le permitió tener una mayoría propia frente a los cuatro jueces puestos por las gobernaciones peronistas. Esto lo afirma sin ruborizarse el propio Gobernador, donde en una entrevista con Daniel Tognetti confirma que su gobierno puso 4 nuevos miembros en la corte. En el caso de la Legislatura, con mayoría propia el oficialismo y en un pacto con la mayoría del PJ, solo se legisla los proyectos del Poder Ejecutivo cuando éste da la orden de hacerlo.

Pero este año el cogobierno Morales-Rivarola se ha envalentonado: desde el 5 de mayo de 2020 la Legislatura se ha negado a que asuma el diputado del PTS-Frente de Izquierda Unidad, Gastón Remy, en su banca sin dar ningún argumento público. Simplemente porque no. Al estar la justicia provincial colonizada de principio a fin por el régimen, hoy esta causa, sin ningún antecedente, se encuentra en la Corte Suprema.

Te puede interesar: El reclamo del FIT llegó a la corte suprema de justicia

En la Legislatura el oficialismo convalidó el pedido del titular del PJ de suspender a una diputada de su propio partido por el hecho de haber criticado su sociedad con el Gobernador. Días antes suspendieron a un concejal del PJ en el Concejo Deliberante de Perico por sus opiniones sobre el Concejo vertidas en una radio.

Esto, junto al bloqueo absoluto de todas las listas que no sean las del cogobierno, y los mismos “off the record” de peronistas y radicales, no han hecho más que poner en alerta a una parte importante del arco político sobre cómo se desarrollará el mismo proceso electoral.

¿Cuáles son los antecedentes de fraude?

Existen múltiples denuncias de fraude que van desde las que efectuó la UCR integrante de la Alianza en 2001 y en 2013 con el gobierno justicialista hasta las más resonantes que ocurrieron en la capital jujeña y en Libertador Gral. San Martín. En 2007 la Suprema Corte intervino dando el triunfo a la UCR en la intendencia de San Salvador de Jujuy tras varios meses de denuncias de fraude. Mientras que en 2017 en Libertador General San Martín tras la denuncia y la movilización popular se abrieron las urnas y se corroboró la denuncia del FIT sobre una manipulación del resultado a favor de la UCR. Finalmente, la izquierda ratificó su triunfo en la categoría de concejales.

Los antecedentes de irregularidades más cercanos los tenemos en las últimas elecciones provinciales también adelantadas en junio de 2019. En esta ocasión hubo denuncias de fraude en las localidades de Santa Clara (cambiaron el resultado para que ganara el frente de Gerardo Morales), otro tanto a favor del oficialismo denunciaron vecinos de Calilegua y en el conteo de las listas de diputados provinciales también hubo denuncias sobre los cambios abruptos en la distribución de diputados a favor del oficialismo. En todos estos casos de denuncias de fraude el resultado fue el mismo: el gobierno de Morales salió beneficiado.

¿Qué desafíos tiene la izquierda?

Con todos estos antecedentes por parte de un régimen bipartidista que tiene como plan excluir a todo sector crítico y a la izquierda en particular; desde el FIT proponen una campaña para frenar cualquier tipo de fraude que pretendan imponer.

Para ello, solicitarán que el 27 de junio estén presentes diputados y senadores nacionales, referentes de los DDHH, ONGs vinculadas a la transparencia en los comicios. Junto a lo más importante organizar una amplia fuerza militante para que en cada colegio haya fiscales del FIT defendiendo el voto a la única oposición consecuente y de los trabajadores al régimen de Morales y sus socios del PJ.

Solo con esta el apoyo militante del pueblo trabajador, la juventud y las mujeres podremos frenar a los partidos tradicionales y fortalecer a la izquierda que es la única fuerza política hoy con chances de ingresar a la Legislatura y los concejos superando el piso proscriptivo de 30.000 votos aseguraron desde el FIT.