Esta semana fallecieron 8 profesionales en la Provincia de Buenos Aires, casi todos con factores de riesgo. Muertes totalmente evitables. El estado es responsable y los medios hegemónicos mienten.
Domingo 16 de agosto de 2020 19:52
Mediante múltiples decretos y resoluciones (Decreto N° 127/20, RESO-2020-412-GDEBA-MSALGP, RESO-2020-81-MGJM, RESO-2020-90-MGJM y RESO-2020-88-MJGM), el Gobierno bonaerense autorizó a todo el personal del Sector Público Provincial considerado “población de riesgo” a no asistir a sus lugares de trabajo quedando habilitadxs a llevar a cabo las tareas que le fueren asignadas desde sus hogares.
La medida alcanza a embarazadas, mayores de 60 años, pacientes bajo tratamiento oncológico, inmunosuprimidxs, personas con enfermedades respiratorias crónicas, cardiovasculares; personas diabéticas, pacientes con obesidad mórbida y con insuficiencia renal crónica. Además, mientras dure la suspensión de clases en las escuelas, se otorga también licencia en la administración pública para el progenitor, progenitora o persona adulta responsable a cargo, cuya presencia en el hogar resulte indispensable para el cuidado del niño, niña o adolescente.
A nivel del personal dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, por tratarse de personal esencial, se da licencia si son inmunosuprimidxs, oncológicxs, o mayores a 60 años con enfermedades respiratorias crónicas, cardiovasculares, diabetes, obesidad mórbida, y/o insuficiencia renal crónica. Pero quedan por fuera miles de niñxs sin sin un progenitor que pueda hacerse cargo de ellxs y miles de compañerxs con factores de riesgo que por ser menores de 60 años no se les otorga licencias. Teniendo en cuenta que la probabilidad de contagio en las instituciones de salud es más elevada que en cualquier otro sector, esto es prácticamente sentenciar a muerte a lxs trabajadores de la salud con factores de riesgo, como se evidencia en la realidad.
María Ester Ledesma, Alejandro Passarelli, Elena Rojas, Hugo Ramírez, Francisco Martín, Martín Rivas, Héctor Bornes, Silvio Cufré, Liliana de Carmen Ruiz y Bernardo Muñiz fueron algunas de las primeras víctimas del nefasto manejo de las licencias, donde las personas en condiciones, no se las licencia (porque las licencias se deberían otorgar automáticamente, sin necesidad de solicitarlas, exponiendo al solicitante a la burocracia del sistema) y a las demás personas, no se les otorga la licencia porque los factores de riesgo se dan en menores de 60 años.
Cristina Lorenzo tenía 62 años y padecía EPOC e hipertensión. Falleció el 6 de agosto, trabajaba en el Hospital de San Isidro. 35 años de servicio. Debió estar jubilada y/o licenciada. Dijeron que no quiso tomarse la licencia, pero la Junta Interna de Salud de San Isidro lo había desmentido el 9 de agosto del corriente, asegurando que las autoridades del nosocomio lo impusieron. El intendente de San Isidro realizó las salutaciones pertinentes, nunca realizó una autocrítica sobre la importancia de las licencias en personal de riesgo. Infobae mal informa, el jueves 13 de agosto, cuando dice en la nota: “La conmovedora despedida a una enfermera que quiso seguir trabajando, aunque era paciente de riesgo y murió por coronavirus. Cristina Lorenzo tenía 62 años y era un referente en el Hospital de San Isidro. Pudo pedir licencia por su condición de salud, pero se quedó para ayudar en la pandemia y contrajo COVID-19.”. Demuestra una vez más que los medios hegemónicos sólo se ocupan de disfrazar de heroísmo al que muere trabajando.
Muchxs trabajadrxs con factores de riesgo, debieron estar de licencia y pasaron más de 30 días internados. Las comunicaciones oficiales los titulan de héroes, pero no se licenciaron porque necesitaban el dinero, necesitaban trabajar porque si no lo hacían, tenían amenazas de reducciones salariales.
El pasado 12 de agosto falleció Noemí Gómez, enfermera del Hospital Sanguinetti, 32 años, en el Municipio de Pilar decretó 3 días de luto. Tenía dos hijos, uno de ellos con patología (hidrocefalia), sin embargo, le negaron la licencia. Sus familiares reclaman que no les corten la obra social y les entreguen una pensión, seguro eso no les devolverá a su madre, pero les ayudará más que tres días de duelo.
En la población general el tiempo de duplicación de casos en la provincia de Buenos Aires es de 22,5 días, en el Hospital de San Fernando los contagiados dentro del personal de salud subió de 6 a 64 en tan solo 30 días (entre el 6 de julio hasta el 6 de agosto), lo que implica menos de la mitad de días para la duplicación en contagios, significa que el personal de salud está el doble de expuesto que la población en general. También queda demostrado en las cifras de contagios del personal del Hospital Garrahan, donde la cantidad de positivos en el personal supera a los pacientes, y en el hospital Posadas que ya lleva más de 420 contagios de compañerxs de trabajo. La estadística nacional informa que la cantidad de trabajadorxs de la salud contagiadxs son más de 17.130, cifra publicada el 10 de agosto y actualmente no contamos con cifras oficiales de fallecidxs. La ausencia de estas deja entrever la negligencia del Gobierno.
Es imperante dar impulso al proyecto de ley de licencias al personal de salud, presentado por el diputado Claudio Dellecarbonara el mes pasado y responsabilizar por los fallecidxs en el ámbito sanitario al estado, Alberto Fernández y Axel Kicillof son responsables.
Mirá la presentación en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires del proyecto de ley para licencias a profesionales del diputado Claudio Dellecarbonara (FIT-PTS)
Firmá el petitorio para la presentación en este enlace
El pasado sábado 8 se llevó adelante una asamblea nacional de trabajadorxs de la salud, como parte de los plenarios por rama impulsados por el Movimiento de Agrupaciones Clasistas (MAC) y otras agrupaciones antiburocráticas independientes, donde se enumeraron las múltiples problemáticas, que van desde la falta de insumos al agotamiento del personal y la falta de sueldos dignos. El vaciamiento de la salud lleva décadas y la pandemia visibiliza crudamente esta realidad.
Mientras en la página oficial del Ministerio de Salud se anuncia un “Acuerdo entre Nación y Provincia de Buenos Aires para equipar clínicas privadas y financiar internaciones de pacientes COVID-19”, dejando nuevamente a la salud pública en un segundo plano. Lxs trabajadorxs debemos unirnos en la lucha, pelear por nuestros derechos y enfrentar este gobierno que nos ajusta y nos obliga a morir trabajando. Inversión en salud y no para la deuda, por un sistema de salud centralizado.
¡Las vidas trabajadoras importan!
