El Gobierno de Alberto Rodríguez Saá reprimió a 8 mujeres y familias sin techo, desalojándolas por la fuerza de las viviendas que habían tomado para vivir. También pretende quitarles sus beneficios sociales y el precario trabajo que tienen. Desde la Secretaría de la Mujer no hay más respuesta que el silencio y la desidia. Y desde la Justicia local solamente represión y criminalización. Las mujeres y familias en lucha convocaron a una marcha, el pasado domingo 30 de octubre, en la Plaza San Martín de la Localidad de Tilisarao. Desde "La Izquierda Diario", pudimos conversar con ellas. ¡Mirá el video! ¡Sumá tu apoyo y solidaridad!
Lunes 31 de octubre de 2022 22:11
El Gobierno provincial de Alberto Rodríguez Saá reprimió a 8 mujeres y familias sin techo, desalojándolas por la fuerza de las viviendas que habían tomado para vivir. También pretende quitarles sus beneficios sociales y el precario trabajo que tienen. Desde la Secretaría de la Mujer no hay más respuesta que el silencio y la desidia. Y desde la Justicia local solamente represión y criminalización. Las mujeres y familias en lucha convocaron a una marcha, el pasado domingo 30 de octubre, en la Plaza San Martín de la Localidad de Tilisarao.
Se trata de 8 familias de Tilisarao, localidad ubicada a más de 130 kilómetros de la capital puntana. El pasado 20 de octubre, después de agotar todos los pedidos a las autoridades gubernamentales y, sin recibir ninguna respuesta favorable que revirtiera su situación de vulnerabilidad, decidieron llevar adelante la toma de unas viviendas que se encontraban en construcción, a raíz de una obra pública del Gobierno.
La empresa constructora que tiene a su cargo la obra (Flama SRL), con el aval del ejecutivo provincial, denunció a las familias por el delito de "usurpación" y la Justicia local ordenó el desalojo inmediato por la fuerza, explicitando su rol de servidora de los empresarios y de la casta política de turno. En ningún momento, las autoridades judiciales escucharon a las familias, a las madres que son las protagonistas del reclamo, ni tuvieron en cuenta la presencia de niñas y niños, ni mucho menos la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran.
El desalojo, puro reflejo de la desidia gubernamental y la violencia institucional, se concretó en la madrugada del sábado 22 de octubre. Pero el accionar del aparato represivo del Estado no culminó allí. Ahora ha montado actuaciones sumariales y judiciales contra las mujeres en lucha, imputándolas por el delito de "usurpación" y obligándolas a firmar el Libro de Imputados en la Comisaría de Tilisarao, del 1 al 10 de cada mes hasta tanto dure el proceso.
Y esto no es todo. En las últimas horas, trascendió la noticia de que las mujeres que tomaron las viviendas no podrán acceder a planes sociales. Esto fue determinado desde el Gobierno de Alberto Rodríguez Saá, confirmando esta aberrante decisión bajo el fundamento de que "les dieron posibilidades y consejos para que se fueran de la toma e hicieron caso omiso".
Fue el mismo Secretario de Vivienda, Juan Pablo Suárez, quien aseguró que el "accionar" de las mujeres en lucha "es un impedimento para acceder a planes sociales del Estado". "Las aconsejé que no tomen esas viviendas porque es un delito importante. Tiene su agravante, no solo de usurpación", dijo el funcionario, como si de alguna manera las 8 familias pudieran vivir de "consejos" de una casta política que, por más que se disfrace de "progresista", está cada vez más a la derecha.
Las familias en lucha decidieron tomar esas viviendas en construcción en busca de una respuesta por parte del Gobierno provincial y sus representantes. Sin embargo, lo único que recibieron hasta el momento fue represión y criminalización de su protesta. Ellas y sus familias reclaman un lugar digno para vivir, ya que debido a la actual crisis económica y la especulación inmobiliaria no pueden afrontar el pago de alquileres y viven en situaciones muy vulnerables.
¡Todo el apoyo y la solidaridad a su lucha!
