La diputada Natalia Morales sostuvo que el Gobierno de Jujuy engaña a las comunidades indígenas de la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc con la legitimación de un convenio interprovincial de gestión de cuenca tramposo. “Si bien el mismo es producto de un fallo de la Corte Suprema a favor de las comunidades, la trampa de los gobiernos de Jujuy y Salta, es que deja afuera del Comité a quienes son actores centrales y son los únicos interesados en cuidar el agua”.
Viernes 30 de agosto 16:14
Los Gobiernos de Jujuy y Salta están obligados a realizar estudios hidrológicos a nivel de cuenca y líneas de base de impacto acumulado que puede generar el extractivismo del litio por un amparo ambiental favorable que fue presentado por la Mesa de las 33 comunidades de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc junto a la Fundación FARN en el 2019, sostuvo la diputada. "El Gobierno engaña a las comunidades y no cumple con el fallo de la Corte Suprema. Si avanzan con el Convenio formalmente es porque les sirve para pintarse de verde cuando dan luz verde con el RIGI a las multinacionales para que saqueen el litio de la forma más económica y destructiva de salares que son humedales”.
“Nos hacemos eco de la denuncia de las comunidades que sacaron un comunicado de prensa que es público donde sostienen que no dieron ningún consentimiento para la creación del comité de cuenca ni fueron parte de las decisiones para que con el Banco Mundial se haga un estudio de línea de base junto al Conicet”. Para finalizar la diputada afirmó que “este accionar es una lavada de cara ya que el Gobierno de Jujuy no respeta los protocolos de consulta previa, libre e informada elaborado por las comunidades de la cuenca de Salinas Grandes como es el Kachi Rupi, pero además da concesiones a empresas como Tecteprol de Techint o Pan American Energy en esos territorios sin estudios a nivel de cuenca ni líneas de base, ni tampoco con consentimiento”.
