Necochea: Declaración contra “las violencias" a la medida de Cambiemos

Sobre el final de la 15º Sesión Ordinaria del concejo deliberante necochense, el bloque de Unidad Ciudadana presentó un proyecto de Declaración contra todo tipo de violencias en referencia los hechos acontecidos en el Congreso de la Nación y la legislatura bonaerense los días 14 y 18 de diciembre. Esta declaración fue enviada previamente a cada uno de los bloques que componen el HCD: Cambiemos (integrado por el partido FE, el PRO, y la Coalición Cívica), UCR, 1 País, Unidad ciudadana y los dos desprendimientos del kirchnerismo local (el Frente Vecinal y el Bloque compromiso y Trabajo por Necochea), integrados por Francisco Medina y María Eugenia Ruiz y Jorge Martínez, respectivamente.

La concejal Cáceres resumió el contenido de la declaración diciendo: “manifestar el rechazo y repudiar el accionar de aquellos que iniciaron de manera violenta algún tipo de agresión, pero por sobre todo de las fuerzas policiales, de la gendarmería, de las fuerzas de seguridad que tienen la obligación de defendernos, de cuidarnos, de protegernos, de podernos manifestar aunque sea en contra de lo que se está proponiendo”. En este sentido, si bien se hizo hincapié en repudiar el accionar policial, el espíritu del proyecto consiste en igualar las acciones de las fuerzas con las de un “pequeño grupo de manifestantes” acusado de haber sido el promotor de la violencia del aparato represivo estatal.

¿Por qué esto es una falacia?

En primer lugar, porque omite un hecho gravísimo: hay numerosas pruebas fotográficas, audios y notas periodísticas que comprueban que en ese “pequeño grupo inicial” había principalmente agentes de la misma fuerza policial, el cual fue utilizado a modo de servicio encubierto para “excusar” a los uniformados de iniciar la feroz represión, que como sabemos implicó gases lacrimógenos venenosos, balas de goma disparadas a la cabeza y atropello con vehículos a un anciano y un joven. Ante la arremetida policial represiva, muchxs manifestantes resistieron horas en las cercanías del Congreso, mientras otras organizaciones se retiraron. Hablar de “un pequeño grupo de manifestantes” y no referirse a infiltrados de la misma fuerza policial -práctica que es en sí misma ilegal de acuerdo a los protocolos de acción de la ciudad autónoma de Buenos Aires- es criminalizar la protesta social.

Por otra parte, la concejal hizo referencia a la falla del accionar policial que podría haber “reducido a ese pequeño grupo y no lo hizo”, dando muestras de que la línea política aconsejada es la detención de los manifestantes criminalizados. En este mismo sentido, decir que las fuerzas armadas tienen la "obligación de defender y proteger” a los manifestantes desconoce el rol todas las fuerzas represivas del estado: el gatillo fácil, la complicidad en las redes de trata y el narcotráfico y la represión a todos los sectores oprimidos en general, ya sean los trabajadores (como se vio en Pepsico e Ingenio la Esperanza), a las mujeres (como sucedió el 8 de marzo y en el Encuentro Nacional de Mujeres) y a los pueblos originarios (como lo muestran claramente los asesinatos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel). La fuerza represiva, lejos de “cuidar” y “proteger” a quienes nos manifestamos, al que protege es al sistema capitalista y sus agentes -empresarios y gobiernos-.

En esta declaración los hechos se remiten al contexto de la votación en el Congreso de la reforma previsional, que no es otra cosa que la reducción del monto de la jubilación mínima, las pensiones y la asignación universal por hijo, una medida antipopular que tuvo el apoyo mediante el voto y/o quórum de todas las fuerzas políticas burguesas, desde Cambiemos hasta el peronismo y sectores del kirchnerismo. Lo que estaban cuidando los agentes del aparato represivo estatal es que un reducido grupo de legisladores pudieran realizar este robo a 17 millones de jubiladxs, discapacitadxs y niñxs integrantes de los grupos más vulnerados del pueblo, y por eso decenas de miles de manifestantes se congregaron en la plaza de los congresos y alrededores.

Esta declaración que se busca consensuar en el HCD local reproduce la línea discursiva del Gobierno nacional y provincial y el conjunto de los medios masivos de comunicación, que buscan instalar que la violencia vino de los trabajadores, los sectores populares y la izquierda, poniendo el eje en las piedras que se tiraban para contrarrestar la saña policial.

Comentarios aparte lo referido por la concejal del PRO Fernandez Palma quien utilizó el término “terroristas” para nombrar a “todos aquellos que desestabilizan el orden consensuado dentro de una sociedad”, desconociendo aquí que el orden capitalista no es “consensuado”, así como tampoco lo es el patriarcado, sino que ambos son impuestos por quienes ejercen el dominio económico, social y político sobre las grandes mayorías oprimidas.

El bloque 1País aceptó firmar la declaración, y seguidamente, el concejal Rojas de Cambiemos-Partido FE manifestó que su bloque firmaría si se realizaban algunos agregados. Por un lado, propuso incluir “conductas vandálicas escudadas en el derecho a la protesta” que incluían maltrato a “monumentos”. Por otra parte, aludió a “la violencia ejercida por el intendente Secco en la legislatura y diputados del FPV contra el presidente de la cámara de diputados”.

Ante esto, los concejales de Unidad Ciudadana acordaron con la primera observación diciendo que defendían el espacio público y la propiedad privada, pero rechazaron la inclusión de las acciones realizadas por el intendente Secco por ser él mismo víctima de persecución política.

Finalmente, luego de algunas intervenciones más de varios legisladores, se terminó votando el pase a comisión de la declaración, moción emitida por Rojas a causa del desacuerdo en lo referido a los hechos que aludían al intendente Secco.

¿Por qué esta declaración iría en contra de los intereses obreros y populares?

La igualación de los hechos de legítima defensa por parte de lo sectores populares con la represión policial muestra semejanzas con la famosa teoría de los dos demonios, sacada a la luz nuevamente por el macrismo para justificar el genocidio cometido durante la última dictadura.

La omisión de “las violencias” que comete la policía cotidianamente contra los trabajadores y sectores populares y oprimidos también queda negada cuando los concejales le atribuyen a las fuerzas armadas la obligación de “proteger”. El último informe de la CORREPI señaló que la policía mata a un pibe por día en lo que se conoce como gatillo fácil. En nuestra ciudad, los casos de Romina Benavidez, Gastón Díaz y Noa Suarez son ejemplos de lo lejos que está que la policía como institución de velar por los intereses de los trabajadores y el pueblo pobre.

Finalmente, quedan invisibilizadas todas las violencias que los agentes del capital descargan diariamente sobre trabajadores, mujeres, jóvenes, ancianos: salarios y jubilaciones de miseria, tarifazos, desocupación, hambre, agrotóxicos, precarización de la vida, machismo, xenofobia, y el ajuste, que significó en este caso el robo a lxs jubiladxs, pensionadxs, discapacitadxs y niñxs.
Esta violencia también se expresó durante la misma sesión del concejo deliberante cuando se votó la exención de la tasa portuaria al gran empresariado local mientras se ajustó terriblemente a las grandes mayorías con el aumento de las tasas urbanas. Esta violencia es la que merece repudio constante, porque esta sí es la violencia que una minoría ejerce sobre la mayoría del pueblo.
Ver: El Concejo Deliberante de Necochea despidió el año con medidas de ajuste

Haciéndonos eco de las palabras emitidas por nuestro compañero santafesino Octavio Crivaro, quien refirió en los medios que: “Yo fui educado en parte por la lucha de las Madres de Plaza de Mayo, que siempre dejaron muy en claro que no se puede equiparar la violencia que existe en una movilización con la violencia que ejerce el Estado diariamente”, consideramos que no se puede comparar esa violencia, ejercida por quienes detentan el monopolio de la fuerza pública, con el ejercicio de la legítima defensa.