Violencia Colonial. Nuevo intento de desalojo a la comunidad camichingona Pluma Blanca

La comunidad Pluma Blanca habita en Candonga en las Sierras Chicas, en una zona de bosque nativo con un amplio crecimiento de barrios cerrados y canteras para la extracción de áridos. Desde hace años son hostigados, violentados, amenazados para que dejen sus tierras.

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Esta semana volvieron a recibir una orden de desalojo desde el Juzgado de Jesús María. Esta mañana, Carlos Lopez, Nahuan de la comunidad, acompañado por la abogada que los representa Natalia Bilbao, junto a otras comunidades, organizaciones y representantes de distintas facultades de la UNC y de derechos humanos solicitaron una primer reunión y manifestaron ante el juez "la necesidad que se tenga de base los derechos humanos contemplados como comunidades legitimas pre existentes en esa zona y que se haga valer la ley 26160 que es la ley que prohíbe los desalojos a las comunidades".

Bilbao explicó "Existe una ley de orden público que está siendo negada y eso es lo que estamos pidiendo hoy, sino el mensaje social es que los pueblos originarios no le importan a nadie y que está zona que contiene numeroso restos arqueológicos no le importan a nadie. Hay disputa una de títulos que no se condice con la ocupación real y efectiva, en este caso por parte de la comunidad Pluma Blanca a lo largo de varias generaciones. Lo que pasa es que se resuelve con una perspectiva del derecho civil privado, con una visión colonial y capitalista y no se considera su condición de habitantes ancestrales de este territorio y por eso sale la sentencia que ordena desalojarlos. En los papeles cualquiera puede ser dueño pero la ocupación efectiva del territorio es de la comunidad Pluma Blanca".

Violencia colonial

El dueño del campo, en los papeles, es Luis E. Remonda, nieto del fundador del diario la Voz del Interior, quien lo vendió a una cantera quien a su vez cedió los derechos letigiosos. Por eso la abogada Bilbao insiste que el desalojo “viene a consolidar toda una serie de atropellos. Entre el poder y el papel, estas comunidades pierden sus derechos”.

Agregó, "Todas las semanas hay situaciones que ameritan denuncias , hay multiplicidad realizadas en el tribunales de Jesús María, en el juzgado federal y en violencia. Hay muchísimas, las conductas delictuales contra esta comunidad son constantes. En especial contra las mujeres, niñas, niños y contra los animales (sustracción, matanza, corte de alambrados)".

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