Detuvieron a cuatro militares y un policía federal implicados en el intento de magnicidio. La operación se da justo cuando el gobierno de Lula prepara un nuevo paquete de ajustes ¿Quién puede realmente detener a la extrema derecha?
Martes 19 de noviembre 23:33
Este martes por la mañana, la Policía Federal de Brasil lanzó la operación «Contragolpe», deteniendo a cuatro miembros de las Fuerzas Especiales del Ejército y a un agente de la Policía Federal. Se les acusa de planear el asesinato del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, del vicepresidente Geraldo Alckmin y del juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. El plan, titulado Puñal Verde y Amarillo, era parte de un plan que también incluyó las acciones de 8 de enero de 2023 en el palacio del Planalto. Este episodio inédito de la crisis política, que desenmascara el golpismo enquistado entre los militares, salió a la luz en medio de los preparativos de ataques y ajustes del gobierno de Lula. Es urgente que la clase trabajadora entre en escena como sujeto político para enfrentar la herencia del retiro de derechos y más autoritarismo de la extrema derecha, así como los ataques de todas las fracciones del régimen que están en curso.
Según la investigación, las reuniones para la conspiración tuvieron lugar en la casa del general Braga Netto, ex ministro de defensa del gobierno de Bolsonaro. Los implicados habrían utilizado conocimientos militares para crear un esquema detallado que incluía la ejecución de autoridades y el uso de armamento pesado. La operación del martes fue autorizada por el ministro Alexandre de Moraes.
Entre los detenidos están el general de reserva Mario Fernandes, ex asesor de Bolsonaro, y los tenientes coroneles Hélio Ferreira Lima, Rafael Martins de Oliveira y Rodrigo Bezerra de Azevedo, así como el policía federal Wladimir Matos Soares. Fernandes, ex secretario ejecutivo de la Presidencia, dejó su cargo por decisión del Tribunal Supremo. Martins comenzó a ser investigado tras intercambiar mensajes con Mauro Cid, ayudante de campo de Bolsonaro, en los que le pedía 100.000 reales (unos $17000 dólares) para financiar caravanas de simpatizantes hasta el cuartel general del Ejército en Brasilia. Ferreira, promovió teorías conspirativas sobre urnas electrónicas, mientras que Bezerra fue vinculado por primera vez a la investigación sobre la intentona golpista.
La operación de hoy es el resultado de documentos obtenidos hace varios meses. Esta operación se produce justo después del atentado en Brasilia la semana pasada, ambos hechos vuelven a sacar a la luz el intento de golpe de Bolsonaro y la profunda implicación de los militares en el mismo, aunque no exista hoy ningún peligro inmediato de golpe.
El hecho es que ante semejante escándalo, no se puede confiar en que Alexandre de Moraes u otros jueces sean capaces de combatir el golpe militar, que ahora se ha vuelto más abierto que nunca. El autoritarismo judicial es otra ala del régimen político degradado de Brasil, un ala que tiene su propio proyecto para el país y que actualmente está aliada al gobierno y se opone a Bolsonaro y a los militares sólo como parte de la legitimación de su propio poder. Vale la pena recordar que esta misma Corte Suprema hace apenas unos días promovió un inmenso ataque a los derechos de los trabajadores estatales, dejando claro que al mismo tiempo que se vuelve contra el ala dura de Bolsonaro, también apunta sus cañones contra los trabajadores.
La ruidosa operación de hoy tiene lugar al mismo tiempo que el gobierno de Lula y Alckmin prepara enormes recortes presupuestarios a la salud, la educación y otros derechos sociales. Lejos de buscar recuperar algo de lo perdido durante los gobiernos derechistas, Lula profundiza el ajuste. En este tema coinciden los golpistas de Bolsonaro, los militares y el gobierno actual.
Para enfrentar las cuestiones estructurales que colocan a los militares en esta posición de fuerza, no se puede confiar en los partidos políticos que son parte del mismo régimen, que de una u otra manera contribuyeron a ponerlos donde están. La organización independiente de los trabajadores es la que puede imponer castigo a los crímenes de la dictadura y acabar con toda la impunidad policial y militar que se vive en el país. Es necesario romper la parálisis impuesta por las grandes centrales sindicales que se someten a la política del gobierno, porque es la única forma de derrotar efectivamente a las distintas alas de este régimen degradado, fruto del golpe institucional de 2016, y que sigue presente en las reformas y en cada una de las crisis que causa el golpismo.
La movilización y amplia convocatoria de la agenda contra la jornada laboral 6x1, que ha tomado las redes, los centros de trabajo y recientemente se ha expresado con importancia en las calles, ha demostrado ser una fuerza para elevar las aspiraciones de nuestra clase. Las huelgas de los trabajadores de la administración pública federal que se han enfrentado a las consecuencias concretas del Marco Fiscal, ya sea en la lucha por el salario y la financiación en el caso de las universidades, o contra las privatizaciones, como en el caso de la lucha de los trabajadores del Hospital Federal Bonsucesso, son también ejemplos de organización de clase. Es el camino de la independencia política, con los métodos de lucha de nuestra clase, organizados en cada lugar de trabajo, el que puede enfrentar eficazmente la profundización de los ataques económicos y la impunidad de los militares.
