En los últimos días, varios gobiernos han tomado medidas drásticas ante la crisis del coronavirus. Después de un primer episodio en China, el segundo acto de esta pandemia que ya tiene alcance global tiene su epicentro en Europa. Italia, el Estado español y Francia atraviesan turbulencias sociosanitarias y económicas, precipitadas por esta crisis.

Mientras los medios de comunicación agitan 24 horas por día campañas que siembran pánico en amplios sectores de la población -generando fenómenos insólitos como el desabastecimiento en los supermercados, sin que hubiera motivos para temer quedarse sin alimentos en países como Italia, Francia o el Estado español-, los gobiernos están tomando medidas verdaderamente extraordinarias, en muchos casos contradictorias entre sí, sin una mínima transparencia en la gestión de la crisis.

Mientras tanto, entre la población, se multiplican las preguntas: ¿Cuántos infectados reales hay? ¿Cuál es la tasa de mortalidad? Es difícil saberlo, porque por ejemplo en Italia y el Estado español solo se realiza a la prueba de coronavirus a pacientes que presenten síntomas graves. Cientos de miles de personas que intentan comunicarse con los números de emergencias en estos días no logran hacerlo; y si lo hacen, la única recomendación es permanecer en casa.

De conjunto, las autoridades de la UE prevén que en el 2020 Europa entrará en recesión, lo que hasta hace unos meses era un fantasma que acechaba a las economías, ahora se materializa y tendrá consecuencias en la vida de millones de personas. Desde Bruselas, la Comisión Europea (CE) ya ha anunciado que movilizará una inversión de hasta 37.000 millones de euros para sanidad, empleo y pequeñas y medianas empresas, como parte de su respuesta económica a la pandemia del coronavirus. Al mismo tiempo, el Fondo Europeo de Inversiones proporcionará créditos por valor de 8.000 millones de euros a un total de 100.000 pequeñas y medianas empresas. Todas medidas con las que la UE buscan atajar la crisis. Pero por su dimensión, no parece que estas vayan a ser suficientes, y nuevamente van a querer que esta crisis la pague el pueblo trabajador.

En Italia, según los datos actualizados por el ministerio de Salud hasta el 14 marzo a las 18.15 horas, los infectados por covid-19 eran 21.157, de los cuales 17.750 son positivos, 8.372 se han recuperado con síntomas, 1.518 están en terapia intensiva, 7.860 se encuentran en aislamiento domiciliario, 1.966 se han curado y 1.441 han muerto.

El gobierno de coalición entre el Partido Democrático (PD) y el Movimiento 5 Estrellas ha declarado el lunes 9 de marzo la cuarentena en todo el país, afectando a 60 millones de personas que se encuentran limitadas para moverse, salvo que demuestren motivos justificados. En la última semana, efectivos de carabinieri controlaban las calles, haciendo controles arbitrarios a conductores de vehículos o peatones en la vía pública. Además, se ha decretado el cierre de todos los negocios, una medida excepcional que no se veía desde la posguerra. Los movimientos dentro y fuera del país ya estaban restringidos desde la semana anterior, teniendo que solicitar autorización para viajar por tren, bus o avión.

En pocos días, el Estado español ha seguido el mismo camino. El presidente del gobierno de la coalición PSOE-Podemos, Pedro Sánchez, ha decretado un Estado de alarma que establece el cierre de negocios, salvo de los de extrema necesidad, y la limitación de los movimientos internos, mientras se llama a la población a confinarse en las casas. Sánchez ha asegurado que “se vienen semanas más duras” y que la cantidad de contagiados superará los 10.000 en pocos días. Al momento de escribir esta nota, los casos ascienden a 5.753 según datos brindados por el Ministerio de Sanidad.

En Francia, Macron también ha anunciado un paquete de medidas de choque, mientras intenta aparecer como el “salvador de la nación” ante la pandemia. Pero en un país que viene de grandes jornadas de protesta obrera y conflictividad social continuada –desde los Chalecos Amarillos a la huelga general de los trabajadores del transporte contra la reforma jubilatoria, con el apoyo de otros sectores y estudiantes– el anuncio del ministro Edouard Philippe de prohibir todo tipo de reuniones, incluyendo el derecho a manifestarse, no puede pasar sin generar desconfianza.

A pesar de las diferencias entre los principales actores políticos de la burguesía francesa –que por ejemplo se mostró con la actitud que debía tomarse antes las elecciones municipales del domingo 15 y 29 de marzo, que finalmente se celebrarán [1]–, está claro que hay un intento de instrumentalizar la crisis del coronavirus para restaurar la “unidad nacional” por arriba, fortalecer la figura de Macron como el “Júpiter” hacedor de la “unidad nacional”, y relegitimar el poder del Estado y sus fuerzas represivas.

Pero la incoherencia de algunas de estas medidas de “emergencia” puede verse muy claramente en el caso italiano. Mientras la policía patrulla las calles, imponiendo restricciones de movimiento, millones de trabajadores continúan viéndose obligados a tomar el transporte público e ir a trabajar en las grandes empresas e industrias, ya que las patronales no quieren perder ni un día de producción, algo que permite el contagio exponencial. El Estado garantiza que no se frenen las ganancias capitalistas, aun a costa de la salud de millones de personas.

Estado, servicios públicos en crisis y tendencias autoritarias

En un artículo publicado en la revista CTXT, Joan Benach [2] señalaba la contradictoria actuación de los Estados para la gestión de esta crisis:

La crisis del COVID-19 plantea dos asuntos adicionales de importancia. Por un lado, el imprescindible papel de los gobiernos, los servicios y la investigación pública para controlar de forma coordinada tanto la epidemia en sí como una probable ‘epidemia de autoritarismo’, visible en China con medidas de vigilancia y control extremas para detectar casos de infección inadvertidos y la aplicación de medidas restrictivas poco transparentes, cuando no directamente represivas. La falta de claridad en la información difundida se refleja también en unos medios ciegos de inmediatez, atados al poder de grandes corporaciones, que buscan audiencia mediante el impacto inmediato emocional y el entretenimiento, y que son incapaces de transmitir un diagnóstico crítico y sistémico de lo que ocurre

Efectivamente, la crisis sociosanitaria generada por el coronavirus, que ha llevado al colapso al sistema sanitario en Italia y amenaza con hacerlo en otros países del sur de Europa, pone de manifiesto las consecuencias devastadoras de las políticas neoliberales que se vienen imponiendo hace décadas, con recortes a los presupuestos en sanidad o educación y que tuvieron un salto después de la crisis económica capitalista abierta en 2008. Políticas que en el caso de la sanidad beneficiaron al negocio de la sanidad privada, los grandes laboratorios y las farmacéuticas, que siguen aprovechando cada crisis para hacer negocios.

Aunque los sistemas sanitarios europeos siguen siendo más fuertes que en gran parte del mundo, en Italia “la financiación pública reservada para la atención sanitaria ha disminuido en unos 37.000 millones de euros en los últimos 10 años, la mayor parte de los cuales (unos 25.000 millones) se recortaron en el período 2010-2015” [3] En el Estado español, por su parte, desde el año 2009 se ha producido una reducción de entre 15.000 y 21.000 millones de gasto en la sanidad, según denunció la denominada Cumbre Social en 2018. A este ajuste se sumó también el de la plantilla, estimándose en 9.400 puestos de trabajo menos en hospitales entre 2010 y 2014 y 5.600 camas menos en ese mismo período. Y solo en lo que va del año, el sindicato de funcionarios CSIF denuncia la pérdida de 18.320 puestos de trabajo en el sector sanitario público.

En este escenario y ante la emergencia sanitaria del coronavirus, resulta evidente la necesidad de tomar medidas de prevención y control para evitar que la curva de propagación del virus siga creciendo y controlar la pandemia. Junto con ello, es necesario plantear

… la centralización de todo el sistema de salud, incluyendo toda la sanidad privada (desde los grandes laboratorios a las clínicas y hospitales privados), bajo gestión pública y control de trabajadores y especialistas, para garantizar lo señalado en el punto anterior y todas las instalaciones necesarias para recibir a los eventuales infectados que necesiten internación: confiscando todas las salas que falten (hoteles, etc.) y proveyendo respiradores (mediante producción de emergencia, importación, etc. [4].

Sin embargo, frente a la instrumentalización de la crisis pandémica para fortalecer el control policial de las poblaciones, también es preciso denunciar todo intento de avasallar las libertades democráticas, cuando se utiliza la crisis para imponer elementos de un Estado de excepción como vemos en Italia y ya comenzamos a ver en el Estado español.

En su famosa obra Vigilar y Castigar, Michel Foucault planteaba que “el exilio del leproso y la detención de la peste no llevan consigo el mismo sueño político. El uno es el de una comunidad pura, el otro el de una sociedad disciplinada”. Y agregaba: “La ciudad apestada, toda ella atravesada de jerarquía, de vigilancia, de inspección, de escritura, la ciudad inmovilizada en el funcionamiento de un poder extensivo que se ejerce de manera distinta sobre todos los cuerpos individuales, es la utopía de la ciudad perfectamente gobernada”.

En su análisis de los mecanismos panópticos de control, la figura de la peste cumple un papel destacado. Para Foucault es el nacimiento de la biopolítica, que actúa en las sociedades contemporáneas a partir de múltiples instituciones y saberes como la epidemiología. Aunque su teoría del poder, que se hace eco del enorme desarrollo que han tenido los mecanismo de control social, tiende a borrar toda distinción de las formas de dominación y regímenes políticos (su determinación histórica y detentadores específicos) bajo la categoría de un totalitarismo todopoderoso, y con ello, dejando de lado todo antagonismo de clase [5], es un hecho que la crisis del coronavirus es aprovechada por los poderes estatales para instrumentalizar el pánico y fortalecer los mecanismos de control de las calles y las poblaciones. Como plantea Emmanuel Rodríguez:

Considerado desde la epidemiología (ciencia esencialmente biopolítica, esto es, del gobierno de las poblaciones), el Covid 19 muestra perfiles inquietantes. Pero ofrece también otras posibilidades de interpretación y, sobre todo, de acción. Es el caso del tratamiento antiepidémico de los Estados, que se quieren ajustados a la ciencia, pero que naturalmente siempre operan de acuerdo a sus propios intereses. La perspectiva epidémica de las políticas de Estado interesa, y mucho, porque las sufrimos y las padecemos, pero también porque son, junto a las guerras, una de las grandes oportunidades de su puesta de largo. En tiempos de enfermedad, son muchos los que reclaman la necesidad de una autoridad excepcional [6].

Ya conocemos el mecanismo. En otros momentos de crisis los Estados capitalistas han actuado sobre el miedo o el dolor de las poblaciones, como hemos visto en Europa frente a los ataques terroristas, o frente a la crisis económica –instigando el miedo al “otro”, al islam, a la población árabe o en general frente a los inmigrantes–. En este caso el miedo es más extensivo, porque el virus puede estar en todas partes; se presenta como una amenaza invisible que lleva a justificar las medidas excepcionales del Estado, aun sin contar con la información suficiente (o justamente por ello).

Es por este motivo, entre otros, que resulta igualmente fundamental exigir comisiones de especialistas y profesionales de seguimiento de la crisis que puedan brindar información veraz a la población en todo momento, así como mantener la independencia política respecto a la “unidad nacional” promovida por los gobiernos, para poder cuestionar todas las contradicciones y falencias de su gestión de la crisis.

El virus y la sanidad como cuestión de clase

Detrás del discurso de la emergencia nacional, los gobiernos también buscan crear la “unidad nacional” y poner en suspenso los conflictos de clase. Un rol clave para esto lo juegan las direcciones sindicales burocráticas, que, en vez de expresar las reivindicaciones de los trabajadores, los más afectados por esta crisis, se erigen como garantes de la paz social y la conciliación con las patronales (y sus intereses).

Por ejemplo, en el Estado español, los sindicatos mayoritarios (CCOO y UGT) han acordado con las entidades patronales una serie de medidas para agilizar los ERTE (Expedientes de Regulación Temporal de Empleo) que permitirán suspensiones o reducción de jornada laboral masivas, pero sin garantizar el cobro del 100 % del salario, ni considerar que muchas fábricas y empresas aprovecharán esta situación para reducir personal después del pico de la crisis. La consigna de prohibición de los despidos se torna así fundamental.

Mientras avanzan las medidas de suspensión de clases en institutos y universidades en países enteros como sucede en Italia, Francia o el Estado español, o se limitan los movimientos a la población, las autoridades no responden por la seguridad sanitaria de miles de empleadas de supermercados, limpiadoras, conductores de buses y trenes, recolectores de basura, personal de logística y delivery, así como las plantillas de cientos de miles de empresas y fábricas que siguen teniendo que ir a trabajar, sin condiciones mínimas de seguridad e higiene frente a esta crisis.

Por otra parte, las personas migrantes son más vulnerables ante esta crisis. Ya sea las que tienen residencia legal, pero que ocupan los trabajos más precarios y son las primeras en ser despedidas, como aquellas que se encuentran “sin papeles” y en muchos países ni siquiera tienen derecho a una atención sanitaria suficiente. Eso sin mencionar a miles de personas que se encuentran en Centros de Internamiento para Extranjeros en toda Europa, en condiciones de hacinamiento y sin condiciones sanitarias elementales.

Esta situación alimenta un rápido y profundo proceso de indignación obrera y popular, que en Italia ya ha dado lugar a una ola de huelgas espontáneas y en el Estado español se expresa a través de las redes sociales y denuncias de miles de trabajadores de distintos sectores.

El caso italiano es paradigmático. La decisión del gobierno de cerrar las tiendas y negocios de todo el país, pero dejar abiertas las fábricas y actividades de producción, ha sido el caldo de cultivo para que se desarrollen brotes de rabia obrera y huelgas espontáneas que hoy recorren Italia. Desde Brescia y Mantua (en pleno norte industrial) hasta Nápoles (en el sur), hace días que se reportan huelgas espontáneas con muy alta participación en las que el lema “Nuestra salud antes que sus beneficios” se extiende con aún mayor rapidez que el virus [7].

“Contra los patrones y el coronavirus, nuestra salud está antes que sus beneficios”, "No somos carne de matadero", "Una pizza no vale el riesgo, ¡deja de repartir!". Estas son solo algunas de las consignas con las que desde el IKEA hasta el puerto de Génova, de las empresas de logística y metalmecánica del norte hasta la histórica fábrica de la FCA en Pomigliano d’Arco (Nápoles), desde las calles de Roma hasta la Terminal de PSA en Génova, cientos de miles de trabajadores comienza a rebelarse contra una imposición que responde explícitamente al despotismo patronal y los intereses de los capitalistas, antes que a una medida racional para enfrentar la crisis actual.

La consigna #yomequedoencasa (#iorestoacasa en Italia), que se extiende promovida por los propios gobiernos, los capitalistas y la prensa, es quizá la mejor expresión de las profundas contradicciones que se están desarrollando aceleradamente en la coyuntura actual: si por un lado se deposita la responsabilidad de impedir la extensión de una pandemia completamente descontrolada en la acción de los individuos, por el otro esta misma consigna no aplica para millones de trabajadoras y trabajadores que se ven obligados a acudir al trabajo hacinados en transportes públicos, para que luego no les den ninguna protección especial, con riesgo para sus vidas y la del resto de las personas. Y esto para mantener actividades productivas o comerciales, aunque no tengan ninguna utilidad social ni sanitaria en el marco de la grave crisis que estamos viviendo. Los hashtags que también comienzan a recorrer las redes sociales #YoMeQuedariaEnCasa y #YoNoPuedoQuedarmeEnCasa, son una respuesta a esta realidad brutal. El capitalismo y su sed de ganancias no se ponen en cuarentena.

Frente a la situación de pánico social, incentivada por los estados y gobiernos para que se confíe toda la resolución de la crisis en la acción por “arriba” imponiendo medidas contradictorias a la población y vulnerando los derechos de millones de trabajadores y trabajadoras, desarrollar la acción y autoorganización por abajo, desde los lugares de trabajo hasta las redes de información, incentivando la solidaridad y el apoyo mutuo en las comunidades, es más importante que nunca.

La crisis del coronavirus ya está acarreando duras consecuencias sociales y económicas para la mayoría de la población trabajadoras; consecuencias de las que solo estamos viendo sus primeras manifestaciones y que recrudecerán aún después de controlada la pandemia con cientos de miles de despidos y mayor precariedad laboral.

Por ello, los trabajadores, las mujeres y la juventud debemos tomar desde ahora en nuestras manos la lucha por medidas para enfrentar la crisis en curso y las devastadoras consecuencias que tendrá para el pueblo trabajador de aquí en más.

Las organizaciones de la clase trabajadora deben intervenir en esta crisis con un programa independiente de las distintas fracciones capitalistas, enfrentando el poder de las clases dominantes que explotan irracionalmente el planeta y la clase trabajadora de todo el mundo. Los recursos necesarios para afrontar esta crisis se pueden obtener afectando los intereses de los grandes capitalistas, empezando por imponerles impuestos progresivos y extraordinarios a las grandes fortunas. Como decimos en la Declaración de la FT-CI antes citada, a grandes crisis es necesario plantear grandes soluciones: la lucha por el gobierno de las y los trabajadores y la revolución socialista para cambiar de raíz esta sociedad que demuestra estar organizada en función de las ganancias y no de la vida de las clases laboriosas.