El dictamen fue aprobado el jueves 15 por mayoría con 71 votos a favor del Pleno del Congreso y establece sanciones con penas de hasta 15 años de cárcel.
Joe Zapata @JoeAndreZB
Domingo 25 de junio de 2017 19:48
El congreso peruano aprobó el jueves 15 de junio un dictamen que incorpora el artículo 316-A en el Código Penal, estableciendo sanciones con penas de hasta quince años de cárcel. La modificación del artículo 316 incluye dos agravantes: tipificar el delito de apología cuando un docente o autoridad la realiza en ejercicio de sus funciones o a través de libros, escritos y charlas; y tipificar el delito de apología hecha a través de las tecnologías de la información y comunicación (Radio, TV, internet). Asimismo, se aprobó la modificación del artículo 316 del Código Penal, que regula el delito de apología, en el cual se incluyeron las modalidades delictivas de exaltación, justificación o enaltecimiento de un delito o a la persona condenada por sentencia firme como autor o partícipe, cuya pena es no menor de un año ni mayor de cuatro.
La sanción de este dictamen tiene como objetivo extender el poder de persecución y criminalización a través de una herramienta legal que aumenta enormemente las atribuciones de las fuerzas del estado y de jueces y fiscales, lo cual es sumamente peligroso para con los que luchan.
Esta ley antiterrorista se enmarca dentro de la doctrina jurídica más retrograda y fascista, expresando abiertamente el carácter de clase del estado y creando delitos para sancionar a todo opositor que piense distinto, que busque una salida para acabar con este sistema capitalista y de explotación.
En resumen esta herramienta legal trata como un "apologista al terrorismo" a todo aquel que actúe, difunda y luche por reivindicaciones del tipo que sea, con lo cual los jueces se verán facultados para interpretar de terrorismo, cualquier acto que para ellos arbitrariamente consideren terrorismo y serán sancionadas con penas que van hasta los 15 años.
No podemos dejar pasar este ataque
Este dictamen es un ataque a los derechos democráticos de libertad de pensamiento, expresión y manifestación. El gobierno esta apoyándose en una supuesta lucha contra el terrorismo para aplicar leyes reaccionarias contra derechos democráticos de manifestación y de libertades individuales con una clara intención de preparar el camino para la aplicación de los futuros ataques contra el pueblo y una mayor represión a los movimientos sociales enmarcado en un claro despertar de las luchas del pueblo peruano que tendrán su expresión máxima en la huelga nacional de mineros el próximo 19 de Julio y la huelga nacional de trabajadores docentes el 12 del mismo mes.
No podemos engañarnos como si fuese una ley que busca “proteger” al país. Es importante que la mayor cantidad de organizaciones que se oponen a esta ley hagan público su repudio y no sean vacilantes como fue el caso del centroizquierdista Frente Amplio que terminó dividiendo su votación: 9 en contra y 8 abstenciones. Por ello se hace necesario poner en pie un amplio frente único democrático contra este dictamen antiterrorista, en defensa del derecho de manifestación, de pensamiento y de libertad de expresión como parte de la lucha en defensa de los derechos democráticos y contra los ajustes que el gobierno está implementando como con la nueva ley laboral popularmente llamada "Ley Pulpin 2.0", que recorta los derechos de los jóvenes trabajadores.
