El presidente peruano, Martín Vizcarra, solicitó en un mensaje a la nación un voto de confianza para gobernar sin el parlamento. Verónika Mendoza, la izquierda reformista, la burocracia sindical y los grandes medios de comunicación apoyan esta medida.
Jueves 30 de mayo de 2019 09:10
Foto: redes sociales
Este miércoles 29 de mayo en horas de la tarde, el presidente Martín Vizcarra acompañado de sus ministros y de los presidentes regionales, anunció a través de un mensaje a la nación que en los próximos días su premier solicitará al congreso de la república la denominada “cuestión de confianza”. Esta medida, de aprobarse, otorga al Presidente de la República todas las facultades necesarias para implementar iniciativas legislativas sin contar con la autorización del parlamento.
Esta decisión del presidente se hace amparada en la lucha contra la corrupción y el fujimorismo, que hasta la fecha le ha permitido cosechar popularidad. Sobre esta base, Martín Vizcarra se valió para concretar una serie de medidas contra el pueblo y los trabajadores y que favorecen únicamente a la gran inversión extranjera como por ejemplo la anulación de la negociación colectiva de los trabajadores del sector público o el decreto Supremo Nº 345-2018-EF llamado también "Política Nacional de Competitividad y Productividad" (PNCP) aprobado el 31 de diciembre de 2018.
En su mensaje a la nación, el presidente fue muy enfático al momento de resaltar el papel nefasto del Congreso de la República de mayoría fujimorista, frases como: “Sabemos que el Congreso de la República nos tiene acostumbrados a maniobras inaceptables para blindar a quienes podían haber cometido actos de corrupción, librándolos de ser juzgados y detenidos”, fueron la columna vertebral de su alocución, lo cual le sirve al mandatario para empalmar con la bronca social que, ante el desprestigio de este poder del Estado, exige el cierre del Congreso.
Esta medida presidencial se da en un momento en el cual la popularidad de Vizcarra venia en picada ya que el oxígeno que le generó a su gestión el referéndum constitucional del 2018 se habría agotado porque en la práctica puso de manifiesto que de nada servía para acabar realmente con la corrupción enquistada en los poderes del Estado, además que en las últimas semanas volvieron a aflorar conflictos sociales como el de los campesinos de las Bambas, el paro agrario, la lucha contra los peajes o contra el incremento de las tarifas de agua potable en regiones del interior como Tacna, las cuales, desde diferentes ángulos ponían de manifiesto los límites del ejecutivo para encarar las demandas populares.
La decisión del presidente peruano de pedir la cuestión de confianza se justificó en el blindaje del fiscal de la nación Pedro Chavarry, realizado por el bloque parlamentario fujimorista y aprista el pasado martes 28 de mayo y en el hecho que el parlamento no le permite concretar al ejecutivo su propuesta de reforma política. Como se recuerda, el fiscal de la nación Pedro Chavarry fue nombrado en este cargo por la influencia de los sectores allegados al fujimorismo. Por esa razón Chavarry desde su investidura y haciendo uso de sus funciones siempre trató de evitar que los políticos vinculados al fujimorismo – como la misma Keiko Fujimori – sean investigados por su relación estrecha a empresas como Odebrecht y a casos de corrupción de funcionarios públicos y políticos elegidos por votación popular.
Estos hechos y otros similares han llevado a que la gran prensa hegemónica construya el discurso basado en el argumento de que en el Perú la lucha contra la corrupción pasa únicamente por combatir al fujimorismo o al aprismo (muy venidos a menos últimamente), con lo cual se ha sacado intencionalmente de la discusión el rol del empresariado en la promoción de prácticas ilegales – léase corruptas - y en ese entender se ha buscado empoderar al presidente Vizcarra y a un conjunto de fiscales y jueces a fin de que el pueblo asuma que los cambios y la lucha contra la corrupción vendrán desde dentro de los mismos poderes del Estado y de la mano de un presidente “fuerte y decidido”. Ello tiene como finalidad institucionalizar la bronca social y legitimar el régimen político de 1993.
El pedido de confianza propuesta por el presidente el miércoles último, abre entonces un nuevo capítulo de la profunda crisis del régimen político que se vive en el Perú, la misma que ha llevado a la bancarrota a formaciones políticas que a partir de la década del 90, se habían convertido en el principal sostén de la democracia representativa como el fujimorismo, el aprismo, el nacionalismo, el toledismo y un sector de la izquierda reformista aglutinada en torno a la figura de Susana Villarán - hoy también detenida por sus vínculos a la empresa brasileña Odebrecht -. A esta crisis de los partidos políticos se suma también el gran desprestigio social de los poderes del Estado, dentro de los cuales destaca sobre manera el cuestionamiento al Congreso de la República, ya que este es visto por la población como la caja de resonancia de intereses económicos ajenos a la voluntad y las necesidades del pueblo.
En ese entender, este pedido de confianza anunciado por Vizcarra y que de no prosperar llevaría a un eventual cierre del Parlamento, puede dotar de un nuevo balón de oxígeno al presidente y abona la idea de convertir su gobierno en un gobierno de rasgos bonapartista capaz de resolver por arriba y contando con el apoyo popular, la profunda crisis del régimen político de 1993. Sin embargo, por el momento su gobierno no deja de ser un gobierno débil o no asentado, sostenido fundamentalmente en el apoyo de los grandes medios de comunicación y en la izquierda reformista que controla las grandes centrales sindicales y un sector minoritario del parlamento, los mismos que bajo la lógica de cerrarle el paso al fujimorismo se han convertido en los mejores aliados del presidente de la República.
