Perú revisará los convenios especiales de servicios entre la policía y las empresas mineras luego de las protestas entre la policía y las comunidades que dejaron un campesino muerto.
Joe Zapata @JoeAndreZB
Jueves 27 de octubre de 2016 11:44
El asesinato del comunero Quintino Cerceda por parte de la Policía Nacional del Perú el último 14 de Octubre en la región de Apurímac mientras se encontraba protestando en contra del proyecto minero Las Bambas de la empresa china MMG en rechazo a las diversas modificaciones que ha realizado la empresa minera al contrato inicial y al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) puso en evidencia, una vez más, el carácter represivo de las fuerzas policiales del Estado peruano, favoreciendo únicamente al gran capital extranjero contra los intereses de las mayorías campesinas pobres que luchan por mejorar sus condiciones de vida.
En los últimos días el ministro del interior Carlos Basombrío explicó que dicha operación fue realizada sin autorización y anunció una investigación para determinar quién dio ’luz verde’ a la intervención que culminó con la muerte de un comunero.
Sin embargo la pregunta que salta a la vista es ¿Por qué los policías desbloquearon una carretera en la zona del proyecto minero Las Bambas en favor de los intereses de la empresa minera?
La respuesta se encuentra en un convenio pactado entre la Policía Nacional y la minera. Convenio que como en otros casos, llevan a una tácita dependencia del personal "contratado" por la empresa a su política de seguridad, incluso en este caso particular llegando al extremo que los efec¬tivos tengan como base principal el campamento de la misma compañía minera.
La falta de transparencia de los acuerdos de estos convenios ha sido denunciado por las comunidades, puesto que solo se sabe que estos mencionados convenios permiten a la policía cuidar la propiedad de las empresas a cambio de un pago, no conociéndose los detalles a profundidad.
Esta situación ilustra claramente la libertad que tiene la policía para asesinar, violentar y reprimir, sin mayores problemas, a las personas que se manifiestan, utilizando fuerza desmedida, lo que además es avalado y amparado por el actual Gobierno.
Por último cabe señalar que el semanario Hildebrant en sus Trece reveló este último viernes documentos que señalan que el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) tendría conflictos de intereses con el proyecto Las Bambas al estar involucrado con la empresa Servosa, por medio de la española Inversiones Devon Iberia, propietaria del 44,3% de sus acciones. Empresa que brinda servicios de transporte de mineral y abastece de gas a los principales proyectos mineros del país, entre ellos Las Bambas. Siendo este hecho particularmente relevante, porque uno de los principales reclamos de las comunidades de Cotabambas es la contaminación generada por el paso diario de los camiones que sacan el mineral del proyecto cuprífero a cargo de la minera china MMG. Más aún si el núcleo del conflicto social, fue el cambio del estudio de impacto ambiental (EIA) para autorizar el transporte de los minerales por la carretera y ya no por un mineroducto, como estaba inicialmente previsto.
Finalmente a raíz de este suceso el gobierno ha manifestado que pondrá a debate dichos convenios entre policías y mineras, mientras un sector que apoya los convenios aseguran que estos acuerdos posibilitan recursos y presencia policial en el interior del país.
