El 18 de octubre se cumple un año del inicio del estallido social que cuestionó más de 30 años de herencia neoliberal pinochetista. A pesar del impasse que produjo las medidas restrictivas por la pandemia, el descontento y las movilizaciones volvieron a aflorar en las últimas semanas. Se esperan acciones para el aniversario y Piñera prepara la represión.
Viernes 16 de octubre de 2020 14:58
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Chile se vio sacudido en sus cimientos desde el 18 de octubre del año pasado cuando lo que comenzó como acciones de los estudiantes contra el aumento del pasaje en hora pico terminó en un estallido social que se extendió durante meses y cuestionó las bases del sistema neoliberal que son herencia de la dictadura pinochetista.
En pocos días se cumple el primer aniversario, y a pesar del impasse en las movilizaciones, producto de la pandemia, las mismas han vuelto con algo de fuerza en las últimas semanas, con su punto más alto en la imagen que dio vuelta al mundo en la que un carabinero arroja a un joven manifestante desde un puente de Santiago.
Chile vive ahora un escenario en el que puede volver a resurgir la lucha de clases, en medio de una mayor miseria y crisis social producto de las medidas por el coronavirus y a poco de celebrarse el plebiscito de reforma constitucional, que fue negociado por el Gobierno con todas las fuerzas parlamentarias para intentar desviar el estallido del año pasado.
Es por eso que el Gobierno de Piñera se prepara para responder con el método que mejor conoce: la represión abierta.
El general de Orden y Seguridad nacional anunció que el Gobierno ya se prepara con un total de 40.000 efectivos a nivel nacional para “controlar” las manifestaciones que se susciten en el marco del aniversario del estallido social.
La estrategia represiva busca enfrentar las manifestaciones que ya están convocadas en todo el país para el viernes 16 y el domingo 18 de octubre.
Según informó el alto mando de Carabineros Ricardo Yáñez, a nivel nacional destinarán 40.000 carabineros para el "control de las manifestaciones", de los cuales 7.600 de ellos corresponden al escuadrón de Control de Orden Público, el mismo escuadrón al cual pertenecía Sebastián Zamora, el policía formalizado por intentar asesinar a un menor de edad empujándolo desde un puente al río Mapocho del centro de Santiago.
"Llevamos meses preparándonos para esto. Después del 18 de octubre hubo muchas lecciones aprendidas. Adquirimos una experiencia que no teníamos y eso nos permitió prepararnos durante todo este tiempo" declaró Yáñez. Significa ni más ni menos que la preparación ganada por las fuerzas represivas para enfrentar a los manifestantes, el nuevo armamento y las leyes del que los dotó Piñera en el último año. Recordemos que en enero de este año comenzó a regir la llamada “ley anti barricadas” la cual sanciona incluso actividades menores de bloqueo de calles, poniendo en riesgo a quienes sean detenidos en esas acciones hasta 15 años de cárcel efectiva.
Esta ley que criminaliza la protesta social fue votada ampliamente por 127 votos a favor, incluyendo votos del neorreformista Frente Amplio de Gabriel Boric, y la abstención vergonzosa de parlamentarios del Partido Comunista, que ni siquiera votaron en contra.
Boric, volvió a mostrar su predisposición a colaborar con el Gobierno cuando esta semana dijo que no estaban dadas las condiciones para celebrar una manifestación por el aniversario de la rebelión popular, y se negó a realizar cualquier convocatoria.
Los Carabineros por su parte, empoderados por el apoyo del Gobierno, no perdieron sus mañas, como lo demostraron en la acción brutal del puente sobre el río Mapocho, o volviendo a usar soda caustica dentro de los camiones hidrantes, lo que provocó quemaduras en las personas que participaron de las últimas manifestaciones. Es el mismo método que utilizaron durante las protestas del año pasado, a lo que se sumó el amedrentamiento, persecución y denuncias de abuso y acoso sexual por parte de jóvenes que eran obligadas y obligados a desnudarse en comisarías. Eso sin contar la practica sistemática de arrojar munición de goma al nivel de la cara lo que provocó que cientos de personas terminen con lesiones oculares o directamente perdiendo la vista. Una brutalidad que fue denunciada por diversas organizaciones de derechos humanos durante todo el último año, sin ser escuchadas por el Gobierno de Piñera.
La situación en Chile es explosiva porque ninguna de las demandas que surgieron durante el estallido social fue solucionada. El Gobierno de Piñera que había llegado un nivel de impopularidad récord, logró un respiro con el acuerdo de todas las fuerzas políticas con representación en el Congreso mediante la llamada "cocina parlamentaria" un desvío para la convocatoria al plebiscito para una reforma constitucional amañada. Esto sumado a las medidas represivas y de confinamiento selectivo implementadas durante la pandemia, le permitió "gozar" de un período de gracia habiendo sacado a los manifestantes de las calles. Sin embargo, las condiciones sociales y económicas, que ya eran precarias el año pasado, se volvieron aún más acuciantes durante este 2020.
El aniversario del estallido social va a ser una muestra de la vitalidad que conservan las demandas que emergieron el año pasado, y en qué medida pueden volver a tomar las calles de Chile. Por su parte, el Gobierno con el anuncio de una militarización generalizada, da cuenta de que tomó nota del cambio en el clima social que comienza a vivir el país.
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