Este martes, el senado provincial votará la adhesión de la provincia al Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones, que ya cuenta con media sanción. En medio de una ofensiva extractivista que impulsan Milei y Cornejo, asambleas por el agua y organizaciones socioambientales denuncian que el RIGI perjudicará profundamente a la provincia, profundizando el saqueo y contaminación de nuestros bienes comunes
Lunes 12 de agosto 19:28
Tras la media sanción en la Cámara de Diputados, este martes se votará en la Legislatura la adhesión de la provincia al Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI), profundamente cuestionado por especialistas y organizaciones y asambleas socioambientales.
El régimen fue aprobado en Río Negro en trámite exprés y otras provincias con gobernadores peronistas, radicales o del PRO se apuran para adherir. Sin embargo, desde abajo comienza a surgir el rechazo ante el saqueo y el despojo que implica este régimen que solo beneficia a grandes capitales.
Las venas abiertas del saqueo imperialista
"El RIGI está dirigido a las inversiones para la exportación de más de 200 millones de dólares y da beneficios premium si superan los 1000 millones de dólares. Cuanto mayor es el capital menos impuestos deben pagar, y ya son varios los fondos de inversión extranjeros que dicen esperar expectantes la aprobación de la misma. Como si el régimen fiscal hoy no fuera el más favorable de la región", explican Natalia Morales y Lihuen Eugenia en esta nota.
"Un informe de la FARN menciona que el RIGI profundiza este régimen de privilegio del sector minero quitando toda mínima regulación y reduciendo diversos tributos. Además le quita facultades a los gobiernos provinciales, ya que a diferencia de la Ley 24.196 que indica que la adhesión al Régimen minero es una opción de las provincias, el RIGI las incluye de manera compulsiva. Durante 30 años se prohíbe cualquier tipo de impuesto de provincia a cobrar, pero además, cualquier litigio y conflicto con el Estado y sus partes, la empresa o el fondo de inversión puede ir a justicia federal o internacional (donde manda el CIADI - tribunal del Banco Mundial - que ya sabemos del lado de quien fallaría)", denuncian.
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La 7722 en peligro
En el caso de Mendoza, es particularmente grave, ya que la adhesión de la provincia implica un peligro concreto para la ley que protege el agua de la megaminería contaminante. Por un lado, establece que se podrá judicializar en tribunales internacionales la aplicación de esta Ley (y otras que limiten el saqueo extractivista). "Sin perjuicio del ejercicio legítimo de las jurisdicciones y competencias locales, cualquier norma o vía de hecho por la que se limite, restrinja, vulnere, obstaculice o desvirtúe lo establecido en el presente título por parte de la Nación como las provincias, por si y por sus municipios, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que hubieran adherido al RIGI, será nula de nulidad absoluta e insanable y la Justicia competente deberá en forma inmediata, impedir su aplicación”, dice el texto que votarán los legisladores.
Como todos saben, la Ley 7722 se conquistó y defendió en las calles de Mendoza, contra el lobby minero patrocinado por peronistas y radicales indistintamente. Tras el fracaso del intento de modificación pactado por Rodolfo Suárez y Fernandez Sagasti, derrotado por la movilización popular en 2019, el gobernador Cornejo modificó el Código Minero en beneficio de las grandes mineras. Ahora el RIGI va un paso más allá, abriendo la posibilidad de que las mineras impugnen el alcance de la Ley en tribunales internacionales.
El RIGI también establece para las empresas el "uso prioritario de insumos escasos". ¿Qué quiere decir esto?, que las mineras tendrán prioridad del uso del agua por sobre el consumo domestico y el riego productivo, poniendo en riesgo el acceso al agua de la población y de la producción agrícola.
En una provincia que lleva más de 10 años en emergencia hídrica, este beneficio a las mineras implica un brutal saqueo al derecho elemental del derecho al acceso al agua que, combinado con la posibilidad de limitar los alcances de la Ley 7722 y reintroducir la megaminería contaminante, sólo preanuncia más saqueo ambiental y pobreza para las y los mendocinos.
Junto con la adhesión al RIGI, y la mencionada moficación del código minero, Cornejo prepara la modificación del Código de Aguas y el impulso del proyecto Malargüe Distrito Minero, impugnado por especialistas y organizaciones socioambientales por las inconsistencias del Informe de Impacto Ambiental presentado por Impulsa Mendoza, donde no se aclara en qué consisten los proyectos, quiénes serán los responsables ni en qué sitio se desarrollarán.
Desde San Juan, provincia minera que quieren vender políticos y grandes empresarios como espejo en el que se debería mirar Mendoza, asambleas socioambientales denunciaron que no fueron escuchadas, a diferencia de las cámaras empresarias mineras, en la Legislatura provincial: "Casi dos décadas de saqueo, contaminación, destrucción y mentiras nos dan la razón", denunciaron.