De forma virtual, hoy se formularon cargos a las familias que tomaron terrenos en Cipolletti. La Fiscalía imputó por usurpación mientras que la Jueza postergó el desalojo ¿hasta que estén dadas las condiciones?
Martes 15 de septiembre de 2020 21:00
La audiencia se realizó por teleconferencia de la que fueron parte los fiscales Gustavo Herrera y Matías Stiep, la querella del propietario Miguel Ángel Kohan, el abogado de los acusados, Piombo, un representante de la defensoría del menor y vecinos que se presentaron junto con un abogado particular, como afectados directos de la toma. Desde la Multisectorial contra la represión de Cipolletti se acompañó a los 7 acusados, de los 70 que habían sido citados de forma presencial en el edificio de la fiscalía ubicado en Urquiza y España.
Si bien la jueza Agustina Bagniole rechazó el desalojo resulta inquietante para quienes necesitan un hogar que haya condicionado la resolución a los tiempos judiciales "la Justicia tiene la obligación de transitar y agotar la vía de la conciliación; el desalojo forzoso en cualquier caso se debe evitar, más aún si previo a la expulsión el Estado todavía no garantiza un lugar donde los ocupantes puedan vivir" ¿que va a pasar cuando este período de conciliación termine?
Los imputados son parte de las familias que se encuentra hace 3 semanas en el asentamiento Rucalaf y 28 de agosto de la ciudad de Cipolletti. A las personas que fueron citadas se las acusaba de usurpar la propiedad privada con métodos violentos y de dañar una maquinaria que había en el lugar perteneciente a una empresa que presta servicios petroleros. Tanto la querella como la fiscalía comparten la visión de que no se puede mantener el asentamiento del cual son parte alrededor de 100 familias.
Los vecinos presentes en la audiencia, a través de su abogado, manifestaron que la presencia de las familias en la chacra genera problemas en sus cosechas, ya que contaminan el agua y se levantan grandes cantidades de polvo. A esto se suma que los acusaron de haber talado y robado árboles de su terreno para marcar las parcelas.
La totalidad de los y las que fueron citados a declarar negaron estas acusaciones rotundamente comentando que ingresaron a través de un espacio que no tenía alambrado limpiaron el predio que tenía grandes cantidades de maleza y dividieron las parcelas con los árboles del mismo. Aseguraron que la maquinaria no fue dañada ya que hay una casilla con una persona que las cuida y con quien los miembros del asentamiento tienen un buen diálogo, sumando que ellos se encuentran a más de 100 mts de las mismas. Cada uno de los que declaró contó cómo eran las condiciones de vida previos a la toma: viviendo familias numerosas en espacios pequeños, pérdidas de las fuentes de trabajo e imposibilidad de pagar un alquiler.
Uno de los miembros del asentamiento en su declaración puso de manifiesto que el problema de no poder acceder a la vivienda es algo que se viene sosteniendo hace años. Durante la cuarentena se agudizó ya que habían familias numerosas viviendo en espacios muy pequeños y, sobre todo, los trabajadores precarizados que han perdido sus fuentes de trabajo y no pueden acceder a un alquiler.
Desde la fiscalía se propuso que había que desalojar el asentamiento ya que este atenta contra el derecho a la propiedad privada. Se planteó que han existido tomas que luego se han convertido en barrios, con lo que con ese argumento marcaban la importancia de concretar el desalojo.
Desde la multisectorial contra la represión declararon que van a acompañar a las familias y el reclamo por el derecho a una vivienda digna y que es el Municipio como representante del Estado, quien debe solucionar y garantizar ese derecho elemental convocando a una actividad para el día jueves.
