En la Justicia Federal. Presentaron amparo para que YPF y el Gobierno de Mendoza reparen los pasivos ambientales y cierren pozos inactivos

Representantes de organizaciones socio-ambientales como Fundación Cullunche y Asambleas por el Agua, presentaron junto al ex senador del FIT, Lautaro Jiménez, un recurso de Amparo Ambiental para que YPF repare los pasivos ambientales y cierren pozos inactivos. El amparo ingresó en el Juzgado Federal de Mendoza número 2, a cargo del magistrado Pablo Oscar Quirós.

La causa caratulada "FUNDACION CULLUNCHE PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE, LA FLORA Y LA FAUNA Y OTROS C/ YPF S.A. Y OTRO S/AMPARO LEY 16.986" interpone un recurso de Amparo Ambiental para que la justicia que disponga que YPF S.A. asuma -previo a la venta o cesión de áreas hidrocarburíferas- la responsabilidad total y el costo de la reparación de los pasivos ambientales incluyendo la limpieza de suelos contaminados, la remediación de aguas subterráneas y superficiales, y cualquier otra medida necesaria para restaurar el ambiente afectado en las áreas que la petrolera dispuso su venta: Barrancas, Río Tunuyan, Ceferino, Mesa Verde, La Ventana y Vizcacheras, El Portón, Chihuido de la Salina, Altiplanicie del Payún, Cañadón Amarillo, Chuhuido de la Salina S y Concluencia Sur, Llancanelo y Llancanelo R. Así también, solicitan que YPF S.A. determine los pozos que deben ser cerrados temporal o definitivamente, asumiendo los costos y responsabilidad de ejecutar los cierres conforme la resolución 5/96 de la Secretaría de Energía y Combustible de la Nación.

⚖️Presentamos un recurso de Amparo ambiental junto a @FundCullunche y @AsambleaporelAg para que la #JusticiaFederal suspenda la venta y traspaso de Áreas maduras de @YPFoficial y @MendozaGobierno hasta que remedien pasivos ambientales y cierren correctamente los pozos inactivos. pic.twitter.com/fmUnFB2Z5k

— Lautaro Jimenez (@LautaroJimenezB) July 2, 2024

Los amparistas también piden que toda venta o cesión de áreas establezca la responsabilidad solidaria de YPF SA para la reparación de pasivos ambientales que se detecten posterior al traspaso de áreas y tengan su origen en las actividades realizadas por esta petrolera. De la misma forma, que deba responder de forma solidaria para el cierre de pozos que determinen las empresas adquirentes o el gobierno de Mendoza a través de la autoridad de control hasta diez años posteriores al traspaso de las áreas. Y que se establezca un plazo perentorio para que la empresa complete la remediación de los pasivos ambientales generados y el cierre de pozos correspondiente.

El amparo solicita también una medida cautelar para que se declare la inmediata suspensión de cualquier operación de venta o transferencia de las áreas petroleras de propiedad de YPF S.A mencionadas hasta que se realice un informe completo de impacto ambiental de sus actividades en dichas áreas, de los pasivos ambientales generados, incluyendo el plan para su reparación, y de la determinación de los pozos que podrían ser cerrados temporal o definitivamente. Y que, al mismo tiempo, se le ordene al Gobierno de la Provincia de Mendoza abstenerse de otorgar autorización para la venta y/o cesión de las áreas petroleras mencionadas hasta tanto se realicen los informes correspondientes y un relevamiento de las áreas involucradas para determinar los pasivos y daños ambientales, así como la situación de los pozos inactivos; incluyendo en dicho procedimiento la convocatoria a audiencia pública, o mecanismo de participación ciudadana que el juez considere mejor, en los términos del artículo 7 del Acuerdo de Escazú.

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Uno de los denunciantes, Lautaro Jimenez es docente y se desempeñó como Senador provincial hasta el 2022 representando al PTS-FIT. Consultado sobre este recurso judicial, explicó que "la presentación se debe fundamentalmente a que en Mendoza no funciona un verdadero Ministerio de Ambiente. Las funciones del mismo están bajo la órbita de Jimena Latorre que es al mismo tiempo Directora de YPF, la petrolera que pretende desprenderse de sus responsabilidades en la reparación de los pasivos ambientales. Se trata de una funcionaria que está de los dos lados del mostrador y no cumple con sus funciones, por que hay una expresa incompatibilidad entre las mismas y su rol en la petrolera donde votó a favor del plan de abandonar estas áreas sin reparar previamente los pasivos ambientales. Por ello pedimos la intervención de la justicia federal esperando que obligue a YPF y al Gobierno de Mendoza a cumplir sus obligaciones".

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