La Junta Electoral de Barcelona prohibió el último miércoles a TV3 y Catalunya Radio utilizar las expresiones "presos políticos" y "exilio". Sigue en pie la cruzada contra el pueblo catalán.
Viernes 29 de marzo de 2019 09:16
Este miércoles la Junta Electoral de Barcelona prohibía a los medios de la CCMA -Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals- el uso de las expresiones "presos políticos" y "exilio".
Según la resolución de la Junta Electoral la utilización de estas expresiones, así como también "juicio de la represión", vulneran la "neutralidad informativa y se identifican con los mensajes electorales de determinadas opciones políticas". Además, señalan que de no abstenerse los medios que forman parte de la CCMA podrán incurrir en "perjuicio de la neutralidad informativa".
Sin duda, un nuevo ataque a la libertad de expresión hacia el conjunto del pueblo catalán y todo aquello que haga referencia a la libertad de los líderes soberanistas catalanes que se están enfrentando estos meses al juicio por el 1-O del Supremo que preside el juez Marchena.
Además, la Junta Electoral Central (JEC), hacía pública el jueves la decisión de ordenar la apertura de un expediente sancionador a los medios de la CCMA por supuestamente "vulnerar el pluralismo político y social" y de nuevo la "neutralidad informativa", en este caso por el tratamiento que se hizo de la manifestación independentista de Madrid el pasado 16 de marzo. Todo ello, a petición de la denuncia efectuada previamente por la formación política de derecha Ciudadanos.
Una guerra que atenta directamente contra los derechos y libertades más esenciales como son la información y la expresión. Una ofensiva anti democrática que ya tuvo su penúltimo episodio la semana pasada con la orden y retirada por parte de los Mossos d’Esquadra (Policía catalana) de todos los símbolos independentistas que se mantengan en las fachadas de las sedes de la Generalitat y sus consellerías.
Sin embargo, todas estas resoluciones nos retrotraen a los antecedentes de las elecciones del 155, las del 21D de 2017, en la que la Junta llegó a prohibir el color amarillo. La JEC prohibía a los miembros de las mesas electorales portar el lazo amarillo en apoyo a los presos políticos. Por su parte, la junta electoral provincial de Barcelona aceptaba un recurso presentado por Ciudadanos y ordenaba la retirada de cualquier cartel o slogan que hiciera referencia al apoyo a los presos en edificios municipales o gubernamentales. Empezaba la guerra contra el amarillo que iría aumentando con los meses, y que aun a día de hoy sigue vigente.
No hay duda que el curso autoritario y recentralizador del Régimen, desde la Corona hasta el PSOE, pasando por las derechas de PP, Cs y Vox, junto a las instituciones como el poder judicial, fiscalía y fuerzas de seguridad, sigue allanando el camino para un nuevo intervencionismo (artículo 155) mucho más profundo y anti democrático, que atente contra el conjunto de la sociedad catalana.