Estudiantes de las UBBJG del estado de Hidalgo protestaron producto de vulneraciones en su contra, que implicaron bajas injustificadas que en la vía de los hechos representan expulsiones sumarias.
Lunes 29 de enero
El 26 de enero, estudiantes de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García (UBBJG) realizaron una protesta y bloquearon la carretera Tepatepec-Atocpan, Hidalgo, debido a las vulneraciones a sus derechos que se llevaron a cabo, pues los dieron de baja sin ninguna justificación. Las consignas que se veían eran: “No a las bajas académicas a los alumnos de la UBBJ, educación para todos” y “Alto a la reinscripción condicionada”. El bloqueo se realizó en ambos sentidos de la vía a la altura del lugar conocido como El Jagüey.
Por otro lado, el 22 de enero, padres de familia de egresados (quienes prestan servicios como internos de pre-grado en distintos hospitales comunitarios en Chiapas) de una de estas universidades, con sede en San Cristóbal de las Casas, emitieron un documento en el que señalan que Raquel Sosa, titular de las UBBJG, había asumido un compromiso en junio del año pasado, para que con los recursos propios de la universidad pudieran otorgarse becas a los estudiantes, no obstante, sigue pendiente de cumplimiento y en palabras de los mismos padres de familia, continúan las falsas promesas. Por lo que solicitaron una nueva reunión para tratar el servicio social, la titulación y el compromiso en la asignación de plazas.
Antecedentes de las vulneraciones
Pero esta situación ha sido replicada en varios momentos de las UBBJG. Desde un inicio se anunció la creación de 100 nuevas casas de estudio aunque, según se promueve, se llegaron a crear 200 en lo que va del sexenio y esto se presenta como uno de los “supuestos triunfos” de la 4T en materia educativa. Sin embargo, más allá del discurso, integrantes de esta institución han señalado múltiples problemas como la profunda precarización laboral tanto de sus docentes como de sus trabajadores, pues en ellas no existe la basificación, ni el derecho a la sindicalización, ni a la asociación o a la protesta, y cuando estos se inconforman, directamente son despedidos.
Fue el caso de la UBBJ sede Cuauhtémoc en la Ciudad de México (la entonces llamada Escuela de Derecho Ponciano Arriaga), que en 2020 protagonizó una lucha que inició con los estudiantes y que se extendió a las y los trabajadores y docentes por las malas condiciones en las que laboraban. En ese proceso, varios docentes fueron despedidos y siguen reclamando sus derechos por la vía legal.
El año pasado se dieron distintas manifestaciones de estudiantes de la escuela de Medicina Integral y Salud Comunitaria de Tlalpan (MISC). En agosto realizaron una protesta frente a Palacio Nacional, pues luego de haber reclamado soluciones, las autoridades de gobierno organizaron reuniones (que fueron producto de la presión de los estudiantes) supuestamente para resolver las demandas de la comunidad, quienes exigían el inicio de clase, impedir sanciones o bajas por imposición, mejorar la sede y que ésta fuera definitiva y digna.
Sin embargo, la autoridad no resolvió hasta el final los múltiples problemas, ya que Raquel Sosa, desde la casa presidencial, dio largas. Pero los casos no terminaron ahí, pues las y los estudiantes de la UBBJ Xochimilco, de la licenciatura en Formación Docente en Educación Básica; Patrimonio Histórico y Cultural, hicieron los mismos reclamos y hoy se encuentran señaladxs y perseguidxs por alzar la voz, por parte de las autoridades de la 4T.
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¿Y entonces qué?
Las vulneraciones se han repetido una y otra vez durante 6 años y nada ha cambiado, a lo largo y ancho del país se dan las promesas pero en lugar de cumplirlas lo que las autoridades han hecho es perpetrar una serie de vulneraciones a los derechos de las comunidades universitarias de las UBBJG.
Ahora la 4T, con la candidata a presidenta Claudia Sheinbaum, intenta replicar un modelo parecido al de la Universidad Rosario Castellanos, que también se caracteriza por sus condiciones precarias de trabajo y de estudio.
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Frente a eso es necesario imponerle a las autoridades el cumplimiento de las demandas de las comunidades mediante la movilización independiente, que no deposite ninguna confianza en el Estado y sus instituciones, incluido el gobierno, que está demostrando no querer cumplir con las promesas que ha hecho.