Los últimos días se encendieron polémicas sobre la opulenta boda de Santiago Nieto y Carla Humphrey consejera del INE, en Guatemala, a donde fueron invitados políticos del régimen de los partidos de oposición y empresarios.
Jueves 11 de noviembre de 2021
A esto siguió la renuncia de Nieto como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), alegando que no quería que fuese afectada la 4T por “críticas de actos a terceros”.
¿Quién es Santiago Nieto?
Santiago Nieto fue titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) durante el sexenio de Peña Nieto y destituido por éste después de abrir el caso de Odebrecht, al declarar ante el periódico Reforma que Emilio Lozoya lo había presionado para declararlo inocente frente a las acusaciones de soborno para aprobar la reforma energética. La justificación para su destitución fue que había transgredido el código de funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR).
Por la posición incómoda que representó para “la mafia del poder” López Obrador decidió ocupar su figura y nombrarlo aliado en su lucha contra la corrupción, en un inicio para defender el voto y evitar la compra de éstos durante la campaña electoral del 2018.
El caso Odebrecht ha sido una de las más importantes banderas del gobierno de la 4T para demostrar consecuencia con su supuesta cruzada contra la corrupción.
Según el estudio ARMA, citado en un artículo del Washington Post, entre septiembre y octubre Santiago Nieto tuvo un 58% de cobertura mediática positiva y un 4% negativa, colocando al exfuncionario en el séptimo lugar de funcionarios de la 4T mejor posicionados.
La boda
La boda celebrada en la ciudad de Antigua contó con 300 invitados e invitadas entre quienes estaban la gobernadora priista de Campeche, legisladores de todos los partidos, incluyendo a los de oposición y empresarios. Además, Paola Félix Díaz ‒quien tras la boda renunció a su cargo como titular de la Secretaría de Turismo de la CDMX‒ llegó en un avión privado con Ealy Ortiz, dueño del periódico El Universal, quien llevaba un sobre con 35 mil dólares no registrados.
Fue este dinero el que hizo que la boda se convirtiera en noticia nacional. Sectores de la derecha han criticado al gobierno de la 4T alegando que cada quién puede celebrar su boda dónde y cómo quiera con los y las invitadas de su gusto y que, aunque la boda haya sido ostentosa, no se ocupó financiamiento público.
No es ninguna sorpresa que para la derecha no resulte “escandalosa” una demostración de tremendo lujo, con caviar, suites de lujo, mientras que claramente pone en tela de juicio la austeridad republicana de López Obrador ‒por lo que Nieto terminó renunciando‒ sino también porque para pagar una boda de este calibre, es evidente que los ingresos de la consejera del INE y del ex titular de la UIF, son exponencialmente mayores que la gran mayoría de trabajadores sobre quienes en realidad ha recaído dicha austeridad con rectores presupuestales, salariales y despidos.
Un caso similar fue el de César Yáñez, quien era Coordinador General de Política y Gobierno a inicios de la 4T, y fue destituido de su cargo y borrado del campo de la política tras anunciar una lujosa boda en la portada de la revista ¡Hola!.
Respuestas en las alturas
Al interior del Morena, las opiniones han sido diversas. Ricardo Monreal dijo que no se sumaría al “coro de linchamiento” a Nieto, además de que no sería mala idea “rescatarlo” y ofrecerle algún puesto en el Senado. Claudia Sheinbaum declaró que los funcionarios deben vivir en la “justa medianía” y no tener excesos. Mario Delgado, presidente del Morena, dijo que el escándalo de la boda no afecta al partido y que fue una decisión sensata renunciar y Félix Salgado celebró el acontecimiento recordando que fue Nieto uno de los principales en impedir su candidatura en Guerrero.
Mientras tanto, después de López Obrador definir como “asunto escandaloso” a la boda en Guatemala y el dinero que cargaba el dueño de El Universal, dijo que no descartaría darle una embajada al exjefe de la UIF “aunque tendría que pasar un tiempo”.
Tras la renuncia del ex funcionario, López Obrador nombró a Pablo Gómez para sustituirlo. Gómez Álvarez fue militante del Partido Socialista Unificado de México (PSUM), desde donde impulsó la creación del PRD, del cual fue presidente entre 1999 y 2000. Previamente fue preso político tras el movimiento del ‘68.
El nombramiento de Pablo Gómez pareciera caer como anillo al dedo en el intento de fortalecer el perfil ”progresista” de la 4T rumbo a las elecciones del 2024, con miras a recuperar posición con la clase media que lo votó en el 2018 y en estas elecciones intermedias se vio reducida como base votante (principalmente con las mujeres y la juventud).
Sin embargo, este giro del perfil a “izquierda” no deja de ser contradictorio, como lo muestra la integración del viejo panista Manuel Espino al partido del gobierno. No corresponde a un giro a izquierda en la política, pues la expansión de la Guardia Nacional y con ella la militarización del país continúa, así como las políticas antimigrantes, producto de la subordinación a Estados Unidos. Se mantiene también el incremento al presupuesto de los megaproyectos y el fracking, mientras a educación y a salud se les asigna presupuestos raquíticos y hay continuidad de la precariedad a la cual la reforma laboral y al outsourcing no tocaron.
Las enormes expectativas depositadas en la 4T en las urnas del 2018, que anhelaban y siguen anhelando una profunda transformación en las condiciones heredadas por los partidos del Pacto por México, no serán resueltas con destituciones de funcionarios ni con figuras de la izquierda institucional. El Morena demuestra cada vez más sus limitaciones: no está dispuesto a para romper con la clase empresarial y con el imperialismo yanki.
Para una transformación profunda se requiere de la fuerza movilizada y organizada de los sectores oprimidos y explotados con clara independencia de todos aquellos políticos del régimen y del empresariado nacional y extranjero. Necesitamos una alternativa política con un programa de salida a la crisis actual que responda a los intereses de la clase trabajadora y los sectores populares, no para los empresarios y las trasnacionales.
