El pacto con el FMI del gobierno nacional con apoyo de la oposición de derecha trae más ajuste vía inflación y un avance en la criminalización de la protesta. En eso no hay grietas. Frente a esto qué rol deberían jugar los sindicatos, en particular los docentes. Una propuesta de la Agrupación 9 de abril.
Viernes 15 de abril de 2022 21:15
Como la historia del país lo demuestra nada bueno viene para el pueblo trabajador de la mano de los acuerdos y pactos con el FMI. La experiencia histórica demuestra que ajuste y represión van de la mano. Mientras la inflación crece sin parar batiendo récords históricos, haciendo que crezca la pobreza y el hambre, la respuesta del Gobierno nacional como de la oposición de derecha es lanzar una campaña de estigmatización y demonización sobre los que menos tienen para justificar salidas represivas.. Como también se vio contra los trabajadores del arte y la cultura.
En Jujuy, en el primer trimestre del año la inflación de alimentos ronda el 20%, superando el 19% ofrecido a docentes y estatales para el primer semestre. El mes de marzo trajo una inflación récord del 9,6%, tres puntos encima de la media nacional. En ese marco Morales y su régimen policíaco lanzaron una nueva campaña de criminalización de la protesta contra quienes se organizan y luchan contra el hambre y la pobreza. Las detenciones de Sebastián Copello y Juan Chorolque, dirigentes del Polo Obrero y el MTR 12 de abril respectivamente son la respuesta de un régimen que frente al reclamo de mayor presupuesto para asistencia social y comedores, reparte palos. El relato de paz, progreso y modernización choca de frente con el crecimiento del 45% de la pobreza desde el 2016, durante una gestión de gobierno que no hay que olvidar que prometió “pobreza cero”.
En resumen, crece la inflación, la pobreza y precarización y la respuesta es más persecución y criminalización de quienes se oponen a eso, se organizan y reclaman. A quiénes el Gobierno trata de “delincuentes” con una justicia completamente adicta.
Frente a esto reafirmamos que ni el hambre ni la protesta son delitos. En el caso de la docencia y los estatales no sólo se hacen contravenciones frente a cada movilización sino que se imponen descuentos por parar violando el derecho constitucional a huelga. Hace semanas, en un fallo muy importante la Corte Suprema resolvió que el Gobierno de la Capital Federal de Rodríguez Larreta debe devolver a los docentes lo descontado por realizar paro.
Se necesita un plan de lucha unificado
Frente a esta escalada represiva, desde la Agrupación docente 9 de abril brindamos nuestro total apoyo a las organizaciones sociales que luchan contra el hambre y nos movilizamos por la libertad de los compañeros Copello y Chorolque, quienes fueron liberados gracias a la lucha y la movilización de miles de personas. Impulsamos campañas de fotos desde las escuelas para que se vea apoyo desde la docencia, presentamos notas de exigencias a los gremios ADIUNJU, CEDEMS y ADEP de que se pronuncien por la libertad de los compañeros e impulsen una campaña permanente en escuelas, terciarios y universidades contra la criminalización de la protesta y la defensa de las libertades democráticas. También junto a los compañeros/as de la Corriente Marina Vilte y delegados/as de escuela de Cedems impulsamos una declaración de apoyo a las organizaciones sociales y los compañeros detenidos.
La estigmatización y represión busca dividir a la clase trabajadora. El relato de Gobierno busca hacer creer a la sociedad que el problema de la crisis es quien reclama contra el hambre, ocultando que el problema de fondo es una nueva entrega al FMI para que los poderosos se la “sigan llevando en pala”, mientras el pueblo se empobrece y vive cada vez peor. Por eso, nuestra solidaridad se basa en la necesidad estratégica de la unidad de las filas trabajadoras, de ocupados y desocupados, para enfrentar el ajuste y la represión.
Frente a la inflación y la criminalización, los sindicatos
deben lanzar un inmediato plan de lucha, discutido en asambleas, junto a las organizaciones sociales, por un aumento de emergencia de salarios, jubilaciones y planes sociales como proponen los diputados/as del FITU, contra toda persecución y por la derogación del Código Contravencional. Si tocan a uno tocan a todos. En la unidad, organización y movilización de estos sectores está la fuerza para imponer nuestros derechos, que de desarrollarse ninguna contravencional ni amenaza represiva podría frenar.
Un ejemplo a seguir es la seccional de UATRE Ledesma que frente a los despidos que vienen sufriendo por parte de la empresa Ledesma convocó a reuniones de solidaridad para responder de manera unitaria. Allí por ejemplo, entre otras organizaciones, participaron integrantes de ADEP Ledesma lo que puede ser un primer paso para desarrollar la mayor unidad y coordinación en la lucha. Ahora, los trabajadores rurales están impulsando una campaña solidaria de juntada de kits escolares, para que ningún hijo/a de los trabajadores se quede sin estudiar. Hay que apoyarlos. Tanto en el ejemplo de los trabajadores rurales como en el de las organizaciones sociales hay que tener en cuenta que son las familias de nuestros propios estudiantes. Por eso la docencia puede cumplir un papel muy importante para ayudar a construir la unidad que necesita la clase trabajadora. Los sindicatos docentes deberían ponerse a la pelea de esto.
Invitamos y llamamos a los compañeros/as de la Corriente Marina Vilte, docentes autoconvocados y delegados de base combativos a dar esta pelea en común dentro de los sindicatos docentes por la unidad y coordinación para responder al ajuste y la represión, exigiendo a las dirigencias planes de lucha unificados. En el camino de construir una alternativa independiente de los gobierno, democrática y de lucha para recuperar los sindicatos, como por ejemplo se podría desarrollar en CEDEMS empezando por la exigencia de convocatoria inmediata a elecciones del sindicato frente a los vencimientos de los plazos pertinentes.
