Patagonia. RAM: mientras deja correr el fuego, Bullrich recrea un enemigo “terrorista” a quien culpar

Tal como lo había anticipado días atrás la ministra de “Seguridad” Patricia Bullrich, el gobierno de Javier Milei incorporó en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) a la organización denominada Resistencia Ancestral Mapuche (RAM). Lo hizo a través de la Resolución 210/2025 del Ministerio, publicada este viernes en el Boletín Oficial.

Hace años que se habla de la RAM en la Patagonia. Sin embargo, en todo este tiempo el Estado argentino no ha podido identificar a personas que se reivindiquen miembros de ese grupo, ni lugares de reunión ni mucho menos hechos que le sean indudablemente adjudicables. Lo que sí abunda sobre el tema es todo tipo de especulaciones, rumores y estigmatización racista.

Tal como lo hiciera en 2017, luego de que las fuerzas represivas a su mando reprimieran a comunidades mapuche y se llevaran las vidas de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, ahora Bullrich vuelve a la carga con la “RAM” en un contexto en el que su ministerio está profundamente cuestionado por su accionar nefasto en torno a los voraces incendios en Chubut, Río Negro, Neuquén y Corrientes. Al respecto, quien suena como nuevo subsecretario de Ambiente de la Nación, Jorge Brom (en reemplazo de la “estresada” Ana Lamas), le reconoció este mismo viernes al animador Eduardo Feinmann que el Gobierno “no lo ha hecho bien”. Otro candidato a la “guillotina” por reconocer una verdad.

Caza de brujas

En los últimos días, desde el propio Ministerio de “Seguridad”, en complicidad con los gobernadores patagónicos, se desató una caza de brujas contra organizaciones mapuche y grupos de brigadistas que desde el primer momento, mientras los funcionarios miraban para otro lado, estuvieron en la primera línea de combate del fuego. De hecho muchos de ellos también perdieron sus casas.

La maniobra llegó al colmo de detener, sin pruebas, a personas acusadas de haber “iniciado los incendios”, quienes apenas realizadas las audiencias judiciales debieron ser liberadas y sobreseídas. El bochorno fue de tal magnitud que, para no quedar tan mal, el juez de Río Negro Sergio Pichetto (sobrino del dipufacho Miguel Ángel) decidió dejar a Nicolás Heredia (uno de los acusados) encerrado por treinta días para supuestamente evitar que “se fugue” o “entorpezca la investigación”.

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La avanzada criminalizadora incluyó allanamientos violentos a comunidades mapuche, secuestro de pertenencias de sus referentes (desde teléfonos a libros), destrucción de inmuebles, ataque a una radio comunitaria y hasta la detención de Victoria Núñez Fernández, quien integra la Lof Pillañ Mawiza. Pero pese a la campaña, nada vincula a las víctimas de esta persecución con la llamada RAM . Así lo denunció la escritora y activista Moira Millán, miembro de esa comunidad.

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En la resolución de este lunes, firmada sólo por Bullrich, se afirma que “la RAM actúa en coordinación con otras agrupaciones con nombres de fantasía, pero que sin duda responden a su coordinación y al alcance de los mismos objetivos”. Muy poco serio.

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A lo Stalin

Tergiversando pasadas declaraciones de Jones Huala, según las cuáles reivindicaba “sabotajes y atentados” contra “la infraestructura del sistema capitalista, de las trasnacionales, de los terratenientes” en pos de defender los territorios ancestrales, el Gobierno desató una campaña mediática-judicial contra referentes y organizaciones mapuche que encarnan la lucha por su derecho a la tierra comunitaria.

Coordinadamente, este viernes los medios oficialistas difundieron la noticia. “El informe del Gobierno para declarar grupo terrorista a la RAM de Jones Huala: 136 hechos violentos, incendios, robos y dos crímenes”, titula Infobae; “El Gobierno declaró organización terrorista a la RAM, apuntada por los incendios en la Patagonia”, dice Clarín; “La ministra Patricia Bullrich firmó una resolución para declarar a la RAM como organización terrorista”, acompaña La Nación. Pero alcanza con leer rápido esas crónicas para detectar la opereta. Tanto que los mismos medios evitan comprometerse de más y sólo se limitan a reproducir lo manifestado por Bullrich.

Al incorporar a la llamada RAM en el RePET, el Gobierno ahora dobla la apuesta y busca igualar al pueblo mapuche con organizaciones como ISIS o Al Qaeda. Eso significa que, amparándose en el artículo 41 del Código Penal, se podría encarcelar y condenar por “terrorista” a cualquier persona o grupo al que desde el Estado se le ponga la etiqueta de “RAM” .

Un paso más en el plan represivo contra quienes se plantan en defensa del territorio y los bienes naturales comunes frente al ataque de las corporaciones extractivistas, del “turismo” y la depredación amparadas por los agentes estatales.

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Para justificar la operación, Bullrich y sus secuaces crearon una “carpeta” en la que reúnen hechos, nombres y circunstancias de una forma burdamente direccionada. Según ese armado, desde 2013 operarían en la Patagonia células “seudomapuches” dedicadas al sabotaje, la destrucción de edificios y campos y hasta el asesinato de personas.

Hay que traer al presente un dato nada menor. En 2017, con “Pato” como ministra, el gobierno de Mauricio Macri difundió un Informe RAM plagado de esas falsedades. En los ocho años que pasaron desde entonces, no hubo un solo expediente judicial que haya avanzado en demostrar alguna relación entre los hechos denunciados y los supuestos “terroristas”. Incluso en las causas penales ordinarias que se abrieron contra Jones Huala, la “RAM” y el “terrorismo” brillan por su ausencia.

Hoy, la misma metodología de amalgamar hechos y circunstancias, buscando adjudicar culpabilidades a una organización de la que poco y nada se sabe, reaparece en la resolución del Ministerio de “Seguridad” que declara “terrorista” a la “RAM” . ¿Pruebas? No hacen falta. Con la palabra de la mitómana funcionaria alcanza y sobra.

El texto publicado en el Boletín Oficial dice que la RAM “representa una amenaza seria y multifacética para la seguridad nacional”, ya que hoy “los milenarios bosques patagónicos” estarían siendo arrasados por “los incendios intencionales reivindicados por los líderes de la RAM”. Sospechosamente, no se nombra a uno solo de esos supuestos “líderes”. Ninguna mención a la situacion catastrófica de los incendios en Corrientes. ¿También allí actuaron los mapuche?

Más burdo aún es el “listado” de “hechos con características terroristas” que fundamentaría catalogar a la “RAM” como tal. En la propia resolución Bullrich escribe: “Tal listado surge, simplemente, de fuentes abiertas, tales como diarios o canales de televisión, que han dado cuenta de numerosos atentados incendiarios contra viviendas, establecimientos, vehículos o maquinarias; así como ataques a las personas”.

En un perfecto juego de roles, entre funcionarios y empresarios periodísticos van armando la campaña. Muchas veces tomando hechos reales y otras creándolos, desde oscuras oficinas estatales los servicios de inteligencia proveen “datos”, videos y fotos a las redacciones amigas. Allí se arman “informes especiales” disfrazados de investigaciones, donde la “RAM” aparece como ejecutora.

En lo que bien podría ser un homenaje a los más abyectos métodos estalinistas, no importa si la acusación carece de sustento fáctico. Lo que sirve es publicar la “noticia”. Luego, desde oficinas estatales ya no tan oscuras, se anuncian “operativos” para “ir a fondo” contra los “terroristas”, mientras en despachos judiciales se acompaña con causas que, a veces por años, perseguirán a organizaciones y personas que nada tiene que ver con la “RAM” .

En este diario hemos dado cuenta de cómo esas causas terminan en la nada. O, mejor dicho, terminan en absoluciones de las personas falsamente imputadas. Que no es la nada. Porque esas personas nunca tendrán siquiera un derecho a réplica en los medios que las habían acusado. Porque las comunidades siguen siendo criminalizadas con nuevas campañas y nuevas causas. Y porque la voz de sus miembros sigue siendo silenciada y nunca llega a las audiencias que previamente fueron intoxicadas con pescado podrido.

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Desmontar la opereta y seguir luchando

El círculo de la operación contra las comunidades mapuche y las poblaciones que no se comen el verso de quienes gobiernan se cierra con un dato demoledor. Usando al sello “RAM” como chivo expiatorio, los sectores dominantes de la Patagonia y sus sirvientes políticos y mediáticos acusan a ese pueblo originario de atentar contra “la propiedad privada” que, supuestamente, obtuvieron en buena ley terratenientes como el británico Joe Lewis (amigo de Macri) o el italiano Grupo Benetton .

Pero las casas y campos que hoy se queman en la Patagonia no son ni de Lewis, ni de Benetton ni de ningún gran terrateniente. Son de pobladores comunes y corrientes que, en su gran mayoría, conviven y bancan a las comunidades mapuche en sus luchas ancestrales. Pobladores que, ante la negativa del Estado de combatir al fuego, arriesgan sus vidas convertidos en brigadistas.

Bullrich y sus secuaces, que siempre bancaron a Lewis, Benetton y otros ecocidas, además de armar causas penales contra las comunidades y brigadistas, avalan los ataques contra quienes se solidarizan con ellos por parte de patotas a caballo enviadas por los mismos terratenientes.

Allí cumple un rol clave Bruno Pogliano, intendente de El Bolsón, quien (¡oh, casualidad!) antes de llegar a la jefatura comunal fue contador de la empresa Laderas. La firma es propiedad del magnate inglés Lewis, apropiador de Lago Escondido y anfitrión de visitas de jueces, fiscales y gerentes de medios para pasar relajadas jornadas en sus tierras. Más claro, échenle agua.

Hay que desenmascarar a Bullrich y su intento de recrear en la “RAM” al enemigo terrorista sobre el que cargar las culpas de los incendios que ya devastaron decenas de miles de hectáreas. Una burda operación que tiene un doble objetivo: desviar la atención de la responsabilidad del Estado y sus mandantes económicos en dejar avanzar el fuego sin poner todos los recursos para apagarlo; y profundizar la persecución y criminalización de las comunidades que luchan contra el extractivismo contaminante y la apropiación capitalista de los bienes naturales comunes.

Hay que organizarse, coordinar todas las luchas y no bajar los brazos. Porque el verdadero “terror” lo aplican ellos.