Asamblea Nacional. Reeligen a Díaz-Canel como presidente de Cuba en medio de una crisis económica y ajuste sin precedentes

La Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) tuvo su reunión constitutiva este miércoles con los diputados y diputadas electas en las pasadas elecciones del 26 de marzo. En la misma sesión, y siguiendo el mecanismo constitucional cubano, se votó el Consejo de Estado y al nuevo jefe de Estado, resultando reelegido el actual presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Su designación se daba por descontada ya que la lista de los 470 diputados y diputadas se elabora previamente y los electores solo pueden votar a favor o en contra de los candidatos, en un proceso en el cual, si bien el Partido Comunista de Cuba (PCC, única organización política legal) no participa como lista ni presenta candidatos de manera directa, es el que controla todo el sistema a través de las llamadas “organizaciones de masas” como los Comités de Defensa de la Revolución o la Federación de Mujeres.

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La reelección de Díaz-Canel se da en el marco de la peor crisis económica y social que ha vivido la isla desde comienzos de los años ’90 cuando, tras la caída del llamado “bloque soviético”, el PBI cayó un 30% en apenas 3 años. Ahora, el país viene de una contracción del 13% entre 2020 y 2021, debido al recrudecimiento del bloqueo imperialista por Donald Trump y a la pandemia de Covid-19.

Una drástica caída que no ha podido revertir en forma significativa debido a que la burocracia gobernante mantiene un “plan” económico completamente burocrático, donde, buscando captar divisas, se invierten recursos casi exclusivamente en el turismo (que sigue muy por debajo de los niveles pre pandemia). Así, se deja relegada la producción nacional de artículos de consumo, bienes y servicios, que continúan en niveles paupérrimos generando desabastecimiento, inflación, y cortes de luz. Se invierten millones en biotecnología para exportación, mientras los hospitales están desabastecidos. Se invierte en la construcción de grandes hoteles para el turismo, mientras existe un fenomenal déficit habitacional en toda la isla.

A la falta de dólares que sufre la economía, se suma la dependencia externa de alimentos, combustible y otros productos básicos. Cuba sigue importando la mayor parte de los alimentos que consume, debiendo pagarlos por adelantado y a precios muchas veces mayores a los del mercado internacional debido al bloqueo económico que Estados Unidos mantiene sobre la isla desde 1962.

La burocracia gobernante, encabezada por Miguel Díaz-Canel pero con el aval de Raúl Castro y toda la cúpula del PCC viene respondiendo a esta grave crisis con durísimos ajustes sobre las masas trabajadoras y medidas de apertura económica que, al no estar enmarcadas en un plan para resolver las necesidades más acuciantes de las masas, solo favorecen a los sectores privilegiados y agravan la situación general.

A comienzos de 2021 se lanzó la Tarea Ordenamiento que disparó la inflación y recortó subsidios, provocando en pocos meses una drástica caída del poder adquisitivo del salario. Junto a los problemas de escasez de productos básicos y los largos cortes de luz generó las condiciones para el mayor estallido social de la etapa posterior a la revolución de 1959 que se produjo el 11 de julio (11J) de ese mismo año.

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Desde entonces, la situación no ha hecho más que empeorar. El año pasado, la inflación llegó al 200% (tercer lugar mundial) y emigraron 300.000 personas (la mayor que se tenga registro). En lo que va de 2023 la situación no parece mejorar, sino más bien empeorar.

La burocracia viene apostando, infructuosamente, a tres factores fundamentales. Primero, a que se recomponga el turismo, algo que, como dijimos, no está sucediendo en parte por la guerra en Ucrania que ha frenado el turismo proveniente de Rusia, que da cuenta de un cuarto del flujo total. Segundo, a incentivar las inversiones extranjeras, para lo que desde el año pasado abrió el mercado mayorista y minorista por primera vez desde 1959; y tampoco está dando resultado. Tercero, a desarrollar un sector de medianas empresas privadas (y algunas estatales) que dinamicen aunque sea mínimamente la economía interna. Para esto último, el año pasado la Asamblea Nacional sancionó la Ley de Mipymes, que permite empresas privadas de hasta 100 trabajadores y a través de la cual se recategorizó al sector acomodado que figuraban como cuentapropistas.

Con estas medidas pro mercado y su política de ajuste a través de la inflación y de recortes de presupuesto en la seguridad social, la burocracia gobernante no hace más que agravar la diferenciación social entre un grueso de la población cada vez más pobre, que prácticamente no tiene acceso a los productos más elementales; y los sectores acomodados: en primer lugar los funcionarios administradores de empresas vinculadas al turismo y al capital extranjero, y el nuevo sector de medianos empresarios, cada vez más favorecidos. En una situación intermedia, se encuentra la población con acceso a dólares -ya sea porque recibe remesas de familiares en el exterior o porque tiene un trabajo vinculado al turismo- que logra abastecerse a costa de pagar altos precios en divisas en las tiendas en Moneda Libremente Convertible abiertas desde 2020. De esta manera, también fortalece una base social que presiona por reformas pro capitalistas más profundas.

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A este escenario de parálisis económica y pobreza creciente, hay que agregar el aumento de la opresión política tras la respuesta represiva del régimen al estallido del 11J. En los juicios a manifestantes, viciados de nulidad por creación de causas falsas, alteración de pruebas, testigos falsos, “confesiones” arrancadas a base de maltratos y amenazas, etc., se impusieron condenas exorbitantes y ejemplificadoras. Y en diciembre de 2022 se aprobó el nuevo Código Penal que agravó las penas por manifestarse públicamente, mientras que, por ejemplo, la Iglesia Católica (que es abiertamente pro capitalista) goza de libertad de organización y difusión.

Pero la represión por sí misma no puede frenar los fenómenos sociales. Y la catastrófica situación actual los pone más que nunca sobre el tapete. El nuevo quinquenio de gobierno que comienza Díaz-Canel estará cruzado por el fantasma de un nuevo estallido popular.

El gran desafío que tienen la clase trabajadora y la juventud cubanas es imponer la libertad de manifestación y de organización sindical y política para todos aquellos que defiendan las conquistas sociales de la revolución y enfrenten al imperialismo, como parte de una lucha por echar a la burocracia, terminar con todos sus privilegios y revisar democráticamente todas las concesiones hechas al capital. Para esto es necesario luchar por poner en pie un partido obrero revolucionario que luche conscientemente por revertir el curso restauracionista actual y colocar a Cuba en la senda de la revolución internacional.

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