Este 11 de junio se realizó una consulta no vinculante con la participación de sólo 22% del electorado –cuyo total llega a 2.2 millones de personas–. El 97% de los sufragios fue a favor de convertirse en el estado 51 de EE.UU., tras una campaña muy cuestionada.
Lunes 12 de junio de 2017
Esta consulta tuvo el nivel más bajo de participación en cualquier elección en Puerto Rico desde 1967, según Carlos Vargas Ramos, del Centro de Estudios Puertorriqueños del Hunter College de Nueva York.
Sectores de la izquierda puertorriqueña realizaron una protesta frente a las oficinas de la Comisión Estatal de Elecciones (CCE). Coreando “Fuego, fuego, los yanquis quieren fuego”, los manifestantes quemaron unos 100 banderines estadounidenses. Se trató de un acto de repudio al “centenario de la imposición de la ciudadanía estadounidense” a los puertorriqueños y los 118 años de “dominación colonial” de Estados Unidos.
El Partido Nuevo Progresista (PNP), al que pertenece el actual gobernador de la isla, Ricardo Roselló, fue el impulsor de la consulta, ampliamente cuestionada. Su propuesta es la integración a Estados Unidos como un estado más de “pleno derecho”, con la excusa de solucionar la crisis económica que enfrenta la isla, considerada la “Grecia” del Caribe.
Las opciones eran votar por convertir a Puerto Rico en el estado 51 de Estados Unidos, por independizarse o por continuar con el modelo establecido desde 1952 de Estado Libre Asociado, un estatuto a medio camino entre la autonomía y la subordinación a EE.UU., que en realidad encubre una relación colonial.
La boleta tenía como título “Plebiscito para la descolonización inmediata de Puerto Rico” y las opciones presentadas eran “Estadidad” [ser un estado], “Libre Asociación/Independencia” y “Actual Estatus Territorial”.
Según la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), votaron 518,000 personas –sobre un total de 2.2 millones que están en condiciones de sufragar–; un 97% lo hizo a favor de la estadidad, 1.5% por la libre asociación e independencia, y un 1.3% apoyó el actual estatus de Estado Libre Asociados.
Claramente fue el abstencionismo el ganador. En el contexto de la profunda crisis que atraviesa la isla, las mayorías expresaron que no tenían confianza en esta consulta. Así es que la propuesta de anexión como estado 51 en realidad no tiene apoyo popular masivo.
Además, cualquier cambio en la relación entre EE.UU. y Puerto Rico debe ser aprobada por el congreso estadounidense, por lo cual el resultado de la consulta no tendrá efecto en lo inmediato.
El gobernador Roselló declaró que el resultado sirve para “exigir y reclamar a Estados Unidos el fin de la indigna relación colonial”. Sostuvo “Hoy los puertorriqueños estamos enviando un mensaje fuerte y claro al mundo, reclamando la igualdad de derechos como ciudadanos americanos”.
La oposición no impulsó ni participó del referéndum. Héctor Ferrer –líder del Partido Popular Democrático (PPD), partidario de mantener figura de Estado Libre Asociado– señaló que la baja participación en la consulta constituye un fracaso del gobernador porque ocho de cada diez electores no fueron a votar: “Se fueron a la calle, a la playa, al río. No hicieron caso. Perdieron la estadidad y Rosselló”.
Por su parte, María de Lourdes Santiago –vicepresidenta del Partido Independendista, que promueve la separación– tildó el resultado del referéndum de “estrepitoso fracaso de la opción colonial”.
Se trata de la quinto consulta sobre el tema que se lleva a cabo en Puerto Rico desde 1967. Los anteriores fueron en 1967, 1993, 1998 y 2012. En el último, fue la primera vez que triunfó la opción de convertir la isla en el estado 51, pero 30% de los votantes sufragaron en blanco o anularon su voto.
La profundidad de la crisis de la deuda
Puerto Rico cuenta con 3.5 millones de habitantes. Enfrenta una profunda recesión desde 2006, cuando EE.UU. canceló el esquema de exenciones fiscales a grandes empresas que atraía inversiones a Puerto Rico. Sin esa gran ventaja, las compañías cerraron y dejaron en la miseria a cientos de miles de familias trabajadoras.
La deuda llega a 72,000 millones de dólares y los acreedores exigen el pago. En paralelo hay una crisis en el sistema de pensiones: el gobierno de la isla debería cubrir 49,000 millones. El desempleo es superior al 12%, 46% de la población vive en la pobreza. El PIB per cápita es de 28,000 dólares, frente a los 53,000 de EE.UU. Fue la crisis la que detonó el problema del estatus de Estado Libre Asociado (ELA).
En la actualidad, más puertorriqueños residen en territorio continental –5 millones– que en la isla. Constituyen el segundo grupo hispano en Estados Unidos, luego de los mexicanos. En el estado de Florida su voto define las elecciones.
Desde 1898, con la ocupación de la isla por parte de Estados Unidos durante la Guerra Hispano-estadounidense, el gigante del norte impuso su mando en Puerto Rico. En 1952, Luis Muñoz Marín, uno de los fundadores del PPD, impuso la adopción del estatus de Estado Libre Asociados. Esto implica que la isla es propiedad de Estados Unidos, pero no tiene los derechos de los 50 estados que constituyen ese país.
Dado que es parte del arco de las Antillas –junto con el istmo centroamericano, el golfo de México y el mar Caribe– Puerto Rico reviste gran importancia geopolítica, ya que desde la administración Roosevelt en adelante los gobiernos estadounidenses consideran a la región como parte de la frontera sur estratégica del gigante del norte.
Una pieza fundamental de las cadenas imperialistas que atan a la isla es la Ley de Cabotaje. Esta ley implica que cualquier producto que quiera vender en el exterior Puerto Rico debe ser transportado por navíos estadounidenses, a precio dólar. Y todo lo que compran también, cuestión que trae como consecuencia el encarecimiento de numerosos productos, incluyendo algo básico como los alimentos.
El estatus de Estado Libre Asociados y la millonaria deuda externa son las dos caras de la profunda crisis que enfrenta Puerto Rico. La resolución de la misma no puede venir de la mano de los partidos tradicionales.
La clase trabajadora –tanto la que vive en Estados Unidos como la que reside en la isla– junto a los sectores populares deben unir fuerzas para no cargar sobre sus hombros con esta crisis. Y con la movilización en las calles deben abrir camino para imponer la independencia de la isla y el desconocimiento de esta deuda fraudulenta de los capitales internacionales y el imperialismo.
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