El derrame de petróleo ocurrido el último sábado en el terminal marítimo de la refinería La Pampilla de la multinacional Repsol provocado por la erupción volcánica en el mar de Tonga, viene afectando severamente el ecosistema de la zona costera aledaña al distrito de Ventanilla. La empresa Repsol, responsable de estos sucesos por su falta de previsión, se hace de la vista gorda y el gobierno central no actúa con la celeridad que el caso amerita.
Miércoles 19 de enero de 2022 19:39
La empresa inicialmente había minimizado el derrame y reportó que solo equivalía a 0,16 barriles y que el área afectada era de solo dos y medio metros cuadrados. Un barril de petróleo equivale a 160 litros, por tanto 0,16 barriles es algo irrisorio. Sin embargo, la afectación real de las playas por el petróleo derramado ha puesto en evidencia, a partir de las imágenes propagadas por los medios de comunicación y por las denuncias hechas por los pobladores de las zonas aledañas, que las cantidades vertidas son muy superiores a las reportadas inicialmente por la empresa Repsol.
Este derrame de petróleo fue producido cuando las fuertes olas generadas por la erupción volcánica en el mar de Tonga causaron que la embarcación Mare Dorium - buque tanque de procedencia italiana en el que se estaban cargando hidrocarburos- volcara su contenido al agua. Cabe mencionar que la Marina de Guerra del Perú no informó adecuadamente sobre la relevancia del desastre natural, lo cual llevó a que muchas actividades en el litoral se sigan llevando adelante con normalidad, como las actividades de este buque tanque que terminó zozobrando como consecuencia del fuerte oleaje.
Por esa falta de previsión dos personas perdieron la vida en las playas de Lambayeque.
Recién al cuarto día de ocurridos los hechos, el ministro del Ambiente, Rubén Ramírez, tras reunirse con representantes de la empresa, informó que se calcula que se han derramado 6.000 barriles de crudo en el mar del Callao, con lo cual se ha afectado de manera directa los ecosistemas naturales de la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras, Islotes de Pescadores y la Zona Reservada Ancón y zonas aledañas.
Esto ha sido ratificado por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), el mismo que informó que el petróleo derramado hasta la fecha afecta el ecosistema de la zona y que por ello se han encontrado aves guaneras muertas y otras especies contaminadas.
Según el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), “Repsol tiene dos días para identificar zonas afectadas por el desplazamiento del hidrocarburo y 10 días para la limpieza del suelo. Cinco días para contener y recuperar el crudo que flota en el mar”
La Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Perú (DICAPI) había indicado que “el incidente fue atendido rápidamente por la compañía y las autoridades correspondientes”, lo cual a todas luces está lejos de la verdad ya que la empresa, como lo demuestran los hechos corroborados por los reportes periodísticos, no tiene una política de acción rápida y efectiva para llevar adelante los trabajos de limpieza y recuperación del petróleo que se encuentra en el mar.
Las labores llevadas adelante por la municipalidad de Ventanilla, al norte de la capital, también son insuficientes. El silencio cómplice que guarda el alcalde Pedro Espadaro al no señalar las responsabilidades que tiene Repsol por no informar adecuadamente sobre la cantidad de petróleo derramado, dejan mucho que desear. Más áun si tomamos en cuenta que este personaje viene de las filas del fujimorismo y, por tanto, su afinidad con las empresas relacionadas a la extracción y comercialización de los recursos energéticos es muy grande.
A la fecha, la población de la zona afectada, en conjunto con los pescadores vienen organizando protestas para exigir que la empresa sea sancionada y que asuma la responsabilidad integral en la limpieza de las playas. Así mismo se exige la atención inmediata de las aves que sobrevivieron al derrame del petróleo y que los pescadores artesanales sean indemnizados por estos daños que no solo afectan sus actividades económicas básicas, sino también su salud y la de sus familias.
