Con la zona vallada y militarizada, fueron desalojadas la mayoría de las familias que vivían en el edificio del ex Patronato de la Infancia. Un grupo de familias permanece en el edificio. Crece la emergencia habitacional.
Jueves 5 de enero de 2017
Durante horas de la madrugada, los residentes del ex edificio del Padelai vivieron momentos de tensión cuando el Gobierno de la Ciudad ordenó el desalojo de más de 60 familias, desplegando un fuerte operativo policial que con la Policía Metropolitana, Infantería y la Policía Federal, fijaron horarios para hacer cumplir la orden de abandonar el edificio.
Aunque se concretó un desalojo “pacífico”, muchas familias quedaron en la calle y en situación de intensa incertidumbre.
La orden judicial, acompañada carros hidrantes, fue firmada por la Jueza Lorena Tula del Moral, a cargo del Juzgado N°13 en lo Penal, Contravencional y de Faltas, por una denuncia realizada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por usurpación.
Las familias, ante la negativa judicial de otorgarles un plazo de cinco días para buscar nuevo alojamiento, decidieron permanecer en el edificio y defender su derecho a la vivienda. Muchas cuentan con títulos de propiedad y hace más de treinta años que viven y mantienen el edificio.
El abogado de las familias, Sebastián Alanis, en declaraciones a los medios explicó que: "el edificio ha sido objeto de conflicto desde 2003, desde cuando se discute de quién es" y manifestó que: "Según el Registro de la Propiedad, está a nombre de la cooperativa de consumo limitada de San Telmo que integran las familias que lo ocupan. Sin perjuicio de eso, el Gobierno ha instado, a partir de un juicio de usurpación, el desalojo del mismo".
Con el argumento de las malas condiciones edilicias, en 2003 y bajo el mandato del ex jefe de Gobierno Aníbal Ibarra, el Padelai fue desalojado violentamente, dejando un saldo de 50 heridos y 16 detenidos. En ese momento vivían 24 familias. En 2009, con Macri en la jefatura de Gobierno, fue cedido en comodato por 30 años a una agencia española para transformarlo en un centro cultural. Hoy se repiten los argumentos y se puede leer entre líneas un nuevo negocio inmobiliario por parte del Gobierno de Larreta.
Para concretar su plan, se realizó un censo y una reunión entre representantes del Gobierno y los referentes de las familias, con la promesa de otorgarles subsidios habitacionales y créditos hipotecarios bajos, así como depósitos para guardar las cosas de la vivienda desalojada. El monto varía de acuerdo a cada familia y a la situación particular.
Sin embargo, las soluciones del Gobierno no son tales. El subsidio es de 8.000 pesos y para quienes tienen trabajo en blanco, es decir, un sector de los habitantes no podrán acceder a créditos para la adquisición de viviendas y los subsidios no alcanzan ni siquiera para cubrir la entrada a un alquiler.
Queda en evidencia que la propuesta del Gobierno de Larreta es una verdadera burla para muchas familias que, con las duras condiciones de vida actuales, comienzan un 2017 en la calle y rodeados de policías.
El Gobierno de la Ciudad y el gran negocio inmobiliario.
Mientras en las campañas electorales los políticos hablan del problema de la vivienda, ninguno aporta soluciones concretas. En Argentina, más de 3 millones de familias sufren déficit habitacional, lo que indica que unas 14 millones de personas viven en condiciones precarias o no tienen techo. En la Ciudad de Buenos Aires, mientras uno de cada cuatro inmuebles se encuentra vacío, medio millón de personas se encuentra en emergencia habitacional.
Tanto el PRO como los representantes del FPV en la legislatura porteña, supieron votar proyectos que beneficiaron a las grandes empresas constructoras, destinaron abultados fondos para la construcción de emprendimientos inmobiliarios y remataron muchos terrenos públicos de la Ciudad. A pesar del rechazo de la comunidad y los vecinos, se avanzó sin solucionar el grave problema de vivienda para miles de familias trabajadoras.
Por estos motivos, el PTS y el Frente de Izquierda realizaron fuertes denuncias a todos los proyectos del gobierno, revelando que sólo pretende favorecer a los grandes negociados inmobiliarios, cuando en la Ciudad de Buenos Aires aumentó un 52 % la cantidad de gente que vive en villas y asentamientos en la última década.
Para una salida de fondo que garantice viviendas para todos, es necesario desarrollar un plan de construcción de viviendas controlado por los trabajadores, cuyos recursos deben salir de impuestos progresivos a las grandes fortunas. Un plan nacional de emergencia ante la crisis habitacional actual.
Virginia Espeche
Licenciada y Profesora en Psicología
