Pueblo Mapuche. Se mantiene la orden de desalojo contra la comunidad Buenuleo en Bariloche

A pesar de la resolución del 23 de septiembre, en la que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas en la cual resuelve “dar por cumplido el relevamiento técnico jurídico y catastral dispuesto por la Ley nacional 26.160 y reconoce la ocupación actual, tradicional y pública de la comunidad lof Che Buenuleo” y de haber convocado a una mesa de diálogo, los jueces María Rita Custet Llambí, Adrián Fernando Zimmermann y Carlos Mohamed Mussi, ratificaron una medida “cautelar” de desalojo, que beneficia, una vez más, a los terratenientes.

Sergio Pichetto dictó la orden de desalojo el 16 de septiembre del 2019, cuando admitió los cargos formulados por la fiscalía -con la adhesión de la querella- contra los miembros de la comunidad por el delito de usurpación. Emilio Fiedrich, sin título de propiedad, con apenas un boleto de compra venta, cuya veracidad todavía no fue legalmente comprobada, pretende quedarse con 90 hectáreas que pertenecen a la familia desde 1880 por la módica suma de 120 mil pesos.

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El juez Marcos Burgos revisó la resolución de Pichetto tras la impugnación de la defensa y el 2 de octubre del año pasado la confirmó. La defensa recurrió ante el Tribunal de Impugnación para revocar la orden de desalojo. El TI declinó la competencia a principios de diciembre de 2019 y entendió que era una causa que debía dirimirse en la justicia federal.

Por eso, envió el expediente al juzgado federal de Bariloche. Pero el juez federal subrogante Gustavo Zapata resolvió a principios de mayo pasado no aceptar la competencia y devolvió el expediente al Tribunal de Impugnación, que no compartió el criterio de Zapata y lo elevó a la Corte Suprema.

Durante todo este tiempo los miembros de la comunidad fueron objeto de hostigamiento por parte de matones al servicio de Friedrich, asi como por parte del personal policial que supuestamente se encontraba a cargo de su custodia.

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El 13 de agosto pasado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que la justicia rionegrina era competente para intervenir en la causa. Por eso, el Tribunal citó a las partes a una audiencia para tratar de resolver el conflicto a principios de este mes, pero no hubo posibilidad de un acuerdo.

Después de la audiencia, la fiscalía pidió a los jueces resolver el tema de fondo, que tiene que ver con la orden de desalojo. Solicitaron, junto con los abogados por la querella Alejandro Pschunder y Marcelo Ponzone, que el TI confirme la resolución de Pichetto.

Soto explicó “que habían propuesto un plazo de 90 días para procurar una mesa de diálogo entre las partes en conflicto, pero que el TI resuelve el tema del desalojo”.
Los defensores particulares Kosovsky y Manuel Mansilla, que asiste a 8 acusados, plantearon lo contrario. “La fiscalía por un lado propone una mesa de diálogo por 90 días, pero al mismo tiempo insiste con que el TI resuelve la medida cautelar”

Desde la Lof, emitieron un comunicado en el que rechazan la resolución del Tribunal de Impugnación, donde se ratifica el desalojo de la comunidad de su propio territorio, denuncian al municipio de Bariloche, que en su carta orgánica reconoce la presencia de los Pueblos Originarios y sin embargo abandona a su suerte a las Comunidades.

Denuncian igualmente la complicidad de la provincia de Río Negro, que avala el pedido del fiscal jefe, Dr. Martín Lozada, que da cátedra sobre derechos humanos en la Universidad Nacional de Río Negro pero en paralelo avasalla los derechos del Pueblo-Nación Mapuche, avalando el accionar de matones como los que agredieron a pequeños y mujeres el pasado 29 de abril, hecho por el cual aún no se ha tenido respuesta alguna.