Programa Casa Propia con Sindicatos. Subte: la dirección del sindicato decide arbitrariamente quienes son los beneficiarios de un plan de viviendas

La decisión se tomó a puertas cerradas. Aunque para la mayoría de la clase trabajadora la posibilidad de pagar un alquiler es difícil y la de tener una vivienda propia prácticamente imposible, algunos integrantes del Secretariado Ejecutivo se arrogaron la potestad de decidir, a partir de criterios totalmente subjetivos, quienes van a ser las 15 familias beneficiadas.

Por supuesto que siempre es una buena noticia la posibilidad de que una familia trabajadora acceda a un derecho tan elemental como una vivienda propia. Sobre todo teniendo en cuenta que según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), en los últimos tres años el poder adquisitivo de los trabajadores argentinos se redujo en promedio entre 3 y 7 salarios. De hecho, tomando como referencia los salarios de marzo de 2018, se puede ver que tres años después su valor real se redujo un 15,6% para el sector privado registrado, 20,7% para el sector público y 25,9% para el trabajo informal.

Lo que nunca es buena noticia es que se manipule esa necesidad y se establezca una relación “clientelar”, en este caso de una organización sindical con sus afiliados, para colmo de males como intermediaria estatal. Este hecho es un escalón más en un proceso de burocratización y cooptación por parte del gobierno nacional de la dirección Roja y Negra del subte.

Lo que debería ser un derecho al cual cualquiera tendría que poder tener acceso, se termina convirtiendo en un beneficio que gestiona el gobierno de Alberto Fernández a través de intermediarios como la CGT y la CTA y los sindicatos que las componen. Organizaciones que tendrían que pelear por salarios acordes a las necesidades de las familias trabajadoras para que todos y todas puedan acceder a una vivienda. Pero no, parece que es mejor seguir dejando pasar el ajuste y negociar salarios por debajo de la inflación. Y que las casas sean muchísimas menos de las necesarias y solo para unos pocos. Y en el caso del subte, que lo terminen definiendo unos pocos con criterios que aún desconocemos el resto de los afiliados y afiliadas.

Otros sindicatos, que incluso son parte de la burocracia sindical como el SiTRaJu (Sindicato de Trabajadores Judiciales) o ATE Capital (Asociación Trabajadores del Estado), guardaron las formas y publicaron en sus páginas web el otorgamiento de las vivendas y una serie de requisitos que tienen que cumplir los afiliados y afiliadas para participar de la inscripción al programa.

AGTSyP ni eso. Sólo se limitó a informar a través de dos comunicados que las casas ya habían sido asignadas: el mencionado con fecha de 1 de julio y otro del 3 del mismo mes, donde da la siguiente explicación: “En la CTA-T se discutieron los criterios y requisitos indispensables para lxs compañerxs de los gremios que van a acceder al PROCREAR” y que “luego de verificar en nuestra base de datos de afiliados, que fue actualizada por última vez el 22/1/21, cuales son lxs primerxs 15 que cumplían estos requisitos”. Pero en la descripción del programa (publicada en la página del SiTRaJU) podemor leer que: “Procrear II Cogestión Local con Sindicatos implica la articulación de acciones para el procedimiento de inscripción, asignación y entrega de viviendas incorporando criterios vinculados a la promoción de derechos”.

“El sueño (inalcanzable) de la casa propia”

El Programa “ProCreAr II Cogestión Local con Sindicatos” fue anunciado el 17 de marzo de este año, a través de un acto del presidente Alberto Fernández en el que se encontraban presentes representantes de la CGT y la CTA. Allí anunció que se destinarían unas 1200 viviendas “a gente del trabajo que está necesitando” y dijo celebrar “que la CGT y la CTA estén juntas para trabajar por sus afiliados”. El presidente además declaró en esa oportunidad que “en la Argentina cada familia debe tener un techo porque es un derecho humano” y que su urgencia “son los que no tienen casa ni trabajo”

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Pero en nuestro país, la posibilidad de adquirir vivienda es inalcanzable para las personas y familias que están con empleos precarios o desocupadas. Esas no pueden ni siquiera soñar en adquirir un techo dentro de las miserias que se siguen acrecentando dentro del sistema capitalista. Los números no mienten: la tasa de desempleo en el primer trimestre de este año es de 10,2%. Según Ricardo Botana, presidente de la Unión Argentina de Inquilinos, en enero de este año declaraba a MDZol: “En promedio una persona sola destina un 60 o 70% de su salario al alquiler. En el caso de una pareja es más de la mitad del ingreso de dos personas”.

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Además, los incentivos a la construcción para privados han ido en aumento en los últimos años. En la Ciudad de Buenos Aires, la ex diputada del FITU Myriam Bregman, denunció “el kiosco del gobierno porteño que vende leyes para el negocio inmobiliario”. Esto queda a la vista en el último Censo de las personas en situación de calle, donde quedó registrado que creció más de un 30% la cantidad de personas en situación de calle. O en el último informe realizado por el IVC en 2019, donde se detectó que casi el 10% de las viviendas en CABA son ociosas.

El Congreso de la Nación tampoco se quedó atrás: hace unos meses se aprobaron una serie de incentivos impositivos muy generosos y un blanqueo de capitales (es decir, un beneficio para quienes evadieron impuestos) para fondos que se inviertan en proyectos inmobiliarios.

Por eso siguen proliferado las tomas de tierras por parte de familias sin vivienda en los últimos años, sobre todo en el transcurso de la pandemia. En un nuevo informe del Observatorio de les trabajadores en pandemia que tomó datos del último trimestre del 2020, se desprende que un 32,4% del total de la población asalariada es pobre. Este número se eleva a 47,8% en el sector informal.

La lucha de las familias de Guernica fue durante 2020 un emblema de resistencia y lucha por el derecho a una vivienda digna. Pero también fueron protagonistas de la más dura represión de parte del gobierno de Axel Kicillof y Sergio Berni, con el aval de Alberto Fernández.

Hoy asistimos a nuevas tomas como la de la Villa 31 en la Ciudad, o la del Barrio La Nueva Unión, en Rafael Castillo, que muestran que el problema habitacional está lejos de resolverse. Allí Marcela, que está en la toma y forma parte de la Comisión de Mujeres cuenta que se quedó sin trabajo, “por eso estamos acá en los terrenos, hace más de un año”. Además cuenta que en las últimas elecciones votó al Frente de Todos, pero que “con el pasar del tiempo me sentí muy defraudada por no tener trabajo y no poder llevar un plato de comida a la casa”.

La realidad es esta. Y sino basta con escuchar cómo planea abordar el gobierno de Alberto Fernández el problema de la falta de viviendas en la misma entrega de viviendas del mismo 17 de marzo: “Con la mitad de lo que deberíamos pagarle el año que viene al FMI, nosotros podríamos construir 260000 viviendas. Eso es dinero que está destinado a salir de la Argentina y a postergar el futuro de argentinos y argentinas”. Más clarito, echale agua.

Es urgente y necesario pelear por un plan nacional de viviendas populares de calidad y urbanización de las villas y asentamientos. Por impuestos progresivos a las viviendas ociosas de los especuladores inmobiliarios. Los sindicatos tienen que estar al servicio de fortalecer esta pelea, no para administrar a su antojo las migajas que otorga el Estado.